Publicidad en podcasts en: Pedagogía Económica y Electoral

La geopolítica del petróleo se centra en cómo este recurso influye en el espacio energético mundial, las relaciones internacionales y el poder global. Es crucial entender la distribución desigual del petróleo, la influencia de las grandes potencias consumidoras sobre los productores, las rutas de transporte, y la evolución del consumo. Esta complejidad genera alianzas estratégicas pero también rivalidades y conflictos por un suministro estable.El verdadero motivo de los conflictos de las grandes potencias con los países petroleros es el control de los yacimientos, aunque se disimula con narrativas de defensa de la democracia o derechos humanos. Estas justificaciones se usan para la injerencia o intervención militar y forzar un cambio de régimen. Guerras e inestabilidad, como en Ucrania o el Medio Oriente, crean incertidumbre y afectan los precios del petróleo y la energía.A pesar de que las reservas probadas garantizan petróleo por más de un siglo, su vulnerabilidad obliga a países como Estados Unidos a diversificar sus fuentes. El petróleo sigue siendo vital, aportando el 33% de la matriz energética mundial y el 95% del consumo global para el transporte. El interés de la administración Trump en Venezuela, que posee las mayores reservas, busca recuperar el control del suministro ante las alianzas de Caracas con rivales geopolíticos de EE. UU.. Esto explica maniobras para forzar un cambio de régimen y asegurar un suministro estable a largo plazo.La política petrolera es el conjunto de decisiones de un Estado para la administración y explotación de hidrocarburos, cubriendo toda la cadena de valor y fijando objetivos económicos, sociales y geopolíticos. Factores como la OPEP, la concentración geográfica y las rutas de suministro influyen en este interés estratégico global.

Nicolás Maduro considera que la narrativa que lo acusa de narcoterrorista y la recompensa de $50 millones de dólares de EE.UU. son una excusa para forzar un cambio de régimen, privatizar PDVSA y apoderarse de las reservas petroleras de Venezuela. Si ocurriera un cambio de régimen, el chavismo mantendría el control de la Asamblea Nacional (256 de 285 diputados), 23 de 24 gobernaciones y 285 de 335 alcaldías. Ante amenazas externas, Maduro anunció que la revolución pasaría a la resistencia armada, confirmado por Diosdado Cabello. Quienes creen que una "operación quirúrgica" externa es suficiente para derrocarlo cometen un error al subestimar el control territorial, militar, económico, político y social del chavismo. Forzar un cambio de régimen violento no garantiza la solución del conflicto ni la gobernabilidad, como se vio en Irak, Libia, Siria y Afganistán. La administración Trump usó la lucha contra el narcotráfico para justificar un ataque militar externo, a pesar de que organismos internacionales documentan que por Venezuela pasa apenas el 5% del tráfico de drogas hacia EE. UU.. La solución no se logrará con persecución ni ataques externos, sino mediante una solución inclusiva, pacífica y democrática. Para evitar una ola de violencia, se necesita un acuerdo político con garantías de protección y no persecución para quienes disputan el poder. La recompensa por su captura y la amenaza de ser apresado hacen que quienes gobiernan se aferren al poder y no haya margen para negociar.

Forzar un cambio de régimen en Venezuela por la vía violenta o insurreccional no garantizará la paz. Los ejemplos de Irak, Libia, Siria y Afganistán, donde las intervenciones militares solo generaron violencia y destrucción, lo demuestran.La estrategia de amenazas y la posibilidad de una intervención militar externa, se basa en narrativas que buscan justificar un ataque para un cambio de régimen, lo cual no es la vía para una solución verdadera.La única salida es una solución inclusiva, pacífica y democrática, pero esta requiere garantías de protección y no persecución para los actores políticos que se disputan el poder.La ausencia de un pacto de no persecución hace que el gobierno se aferre al poder y sin incentivos para medirse en elecciones competitivas.La alternabilidad pacífica solo se logrará si hay un compromiso de no persecución, independientemente de quién gane.El oficialismo ha consolidado su control institucional y militar, subestimado por quienes proponen la intervención.Venezuela necesita urgentemente un Pacto de Convivencia Pacífica que ponga fin a la represión, conceda amnistía y asegure derechos políticos a la oposición, pero que también garantice protección y no persecución para quienes deban entregar el poder.

El gobierno de Trump ha declarado al Cártel de los Soles y al Tren de Aragua como organizaciones terroristas, acusando a Nicolás Maduro de tener vínculos con estas bandas. En línea con esto, el senador Marco Rubio se refiere a Maduro como el jefe de un "cártel narcoterrorista" en lugar de presidente legítimo de Venezuela. La recompensa por la captura de Maduro se ha incrementado a 50 millones de dólares. Estas acciones forman parte de una estrategia para proyectar la idea de que Venezuela es un narcoestado que introduce drogas y criminales en Estados Unidos.Esta estrategia se basa en la idea de "paz a través de la fuerza" de Trump. La amenaza y la demostración de fuerza, como el despliegue de barcos de guerra cerca del espacio marítimo venezolano y los ataques a embarcaciones, tienen como fin desmoralizar a la coalición gobernante en Venezuela. El objetivo es provocar una traición interna, un golpe de estado, la rendición de Maduro en una mesa de negociaciones, o su huida del país. Si estas acciones no logran la salida de Maduro, podrían considerarse ataques militares más directos a objetivos específicos.Sin embargo, el texto señala que el problema del narcotráfico requiere una visión integral. Aunque Estados Unidos ataca la producción de drogas en el extranjero, no combate con la misma determinación las redes de distribución y consumo dentro de su propio territorio. El texto concluye mencionando que Estados Unidos tiene el mercado de drogas ilícitas más grande del mundo.

Forzar un cambio de poder político en Venezuela a través de la violencia o una intervención extranjera no es la solución, como lo demuestran los casos de Irak, Libia, Afganistán y Siria, que quedaron sumidos en la violencia y la destrucción. Para evitar un destino similar para Venezuela, es necesaria una solución inclusiva que garantice la protección y la no persecución de los actores políticos.Aquellos que promueven la intervención externa subestiman la capacidad de resistencia del chavismo, que ha anunciado una "revolución armada" en caso de ataque, movilizando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Milicia Bolivariana. Este ambiente genera miedo y angustia en la población, que se ve obligada a prepararse militarmente.La resolución del conflicto no se logrará con amenazas o escalada de tensiones, sino a través de una mediación internacional oportuna. Esta mediación debe conducir a una reconciliación y reconstrucción nacional mediante el diálogo y la negociación para evitar más violencia.

La Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el estado de la republica de Venezuela, presentada por el congresista estadounidense Michael Waltz tendrá implicaciones energéticas, migratorias y geopolíticas para Venezuela. Escuche el análisis aquí

Nicólas Maduro intentó el ingreso de Venezuela como miembro asociado en los BRICS, pero debido al veto de Brasil, no pudo lograr su objetivo, razón por la cuál el país no va a recibir inversiones a través de los mecanismos de financiamiento de los BRICS.

Restaurar la democrácia venezolana es una tarea a mediano plazo que pasa por un proceso de acumulación de fuerzas para reconstruir los contrapesos institucionales que se perdieron cuando se tomó el camino de la abtensión y se le facilitóel régimen el control de los demás poderes públicos.

Al desandar la ruta electoral, el terreno perdido no se recupera en la próxima elección y hay que volver a iniciar un largo proceso de acumulación de fuerzas, participando en todos y cada uno de los procesos electorales que se convoquen

Conversaciones con el Embajador de Colombia, Milton Regifo, sobre el proceso de negociaciones entre el gobierno y las FARC que permitió la firma de los acuerdos de Paz.

Conversaciones con el Embajador de Polonia en Venezuela, Daniel Gromann, sobre la transición del régimen comunista al sistema democrático en Polonia.

Conversaciones con el Embajador de Portugal en Venezuela, Joao Pedro Fins Do Lago, sobre la transición de la dictadura a la democracia en Portugal.

El cuestionado resultado de las Presidenciales del 28-J anunciado por el CNE y ratificado por el TSJ revive las consignas abstencionistas que plantean que en Venezuela se vota pero no se elige, que dictadura no cae con votos, que participar en las próximas elecciones es convalidar la farsa electoral del régimen. En las Megaelecciones de 2025, un nuevo llamado a la abstención una vez más convertiría en mayoría a la minoría oficialista.

Los procesos de paz encuentran mayores probabilidades de concretarse y tener éxito cuando reciben el aporte de activistas por la paz, cancillerías, organismos regionales e internacionales, observadores y mediadores, grupos de países amigos, países que se ofrecen como sedes de las negociaciones y garantes de los acuerdos. Esta confluencia de los sectores civiles, institucionales y de la comunidad internacional, contribuyen al logro de los acuerdos de paz. En el caso de Guatemala, México jugó un papel determinante debido al interés que tenía de encontrar solución a la problemática causada por los miles de refugiados que llegaban a ese país huyendo de los estragos del conflicto armado.

Sería mucho más creíble un reconteo manual de los votos -con testigos nacionales y observación internacional- en todas y cada una de las urnas para poder comparar el resultado de cada reconteo con las actas que cada candidato tiene de esa mesa electoral. Este reconteo permitirá verificar cuál es el acta verdadera y anunciar unos resultados que realmente reflejen la voluntad popular ejercida a través del voto. Pero si este reconteo de los votos en las urnas tampoco fuese posible, la última opción para despejar las dudas de un fraude y conjurar la amenaza de una creciente conflictividad poselectoral que haga ingobernable al país, es declarar inauditables los resultados, anular los comicios del 28-J y convocar una nueva elección presidencial.