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Este es un resumen explicativo, con la ayuda de IA, de nuestro reportaje sobre las áreas naturales protegidas, áreas de conservación y humedales ramsar que están bajo amenaza por el retorno de la minería metálica a El Salvador. Lee el reportaje completo en nuestro sitio web: GatoEncerrado.news.

COMENTARIO EDITORIAL: Este 16 de enero de 2026 se cumplen 34 años de los Acuerdos de Paz. Una de las instituciones que fueron creadas, como parte de esos acuerdos, fue la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Esta institución ha hecho pequeños intentos de hacer su trabajo, pero casi siempre termina sirviendo a los intereses de los gobiernos de turno. Bajo la gestión de Raquel Caballero, sin embargo, la situación de la PDDH es mucho más lamentable. No solo está alineada a los intereses de la dictadura de Nayib Bukele, sino que ignora a las víctimas, la institución se hace la ciega ante los abusos durante el régimen de excepción y entrega premios a funcionarios señalados por graves casos de corrupción y así los legitima. Aquí puedes leer la nota completa, para no quedarte solo con el podcast: https://wp.me/p9FGSs-kD5

El abogado ambientalista y el pastor estuvieron en prisión por siete meses. Fueron liberados en un proceso abreviado en el que tuvieron que confesar delitos que no cometieron. Sus defensores señalan que el caso dejó en “terrible precedente” en el sistema judicial salvadoreño, en el que cualquier persona inocente puede estar injustamente en prisión y sin garantías legales, por “órdenes de arriba”. Ambos fueron detenidos mientras acompañaban una manifestación pacífica de una comunidad que pedía auxilio a Nayib Bukele para evitar el desalojo de 300 familias. Leer nota: https://gatoencerrado.news/2025/12/18/seguire-acompanando-a-comunidades-que-sufren-el-despojo-de-agua-y-tierra-alejandro-henriquez/

Desde la captura del abogado Alejandro Henríquez y del pastor José Ángel Pérez, que ocurrió al mismo tiempo que el bukelismo aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, organizaciones ambientalistas y activistas de larga trayectoria en El Salvador han tenido que desplazarse forzosamente para esquivar nuevas capturas. No huyen, sobreviven a un régimen autoritario que ha criminalizado su labor para beneficiar a las industrias que depredan y explotan los bienes naturales del país. A esto se suma la asfixia económica con impuestos desproporcionados y trámites para someterse al control del Registro de Agentes Extranjeros. Todo esto ha empujado a varias organizaciones a cerrar sus operaciones y a activistas a moverse en silencio, lejos de vigilancia oficial.

COMENTARIO EDITORIAL: El caso más reciente de homicidio, ocurrido en el Centro Histórico de El Salvador, es el ejemplo claro de cómo la Policía Nacional Civil maquilla las estadísticas de homicidios, con la intención de mantener la narrativa de que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental. En este caso, un militar asesinó a una mujer, pero en las estadísticas oficiales no será contado como homicidio.

COMENTARIO EDITORIAL: El abogado ambiental Alejandro Henríquez y el pastor José Ángel Pérez seguirán en prisión preventiva. El caso es un reflejo de que en El Salvador hay persecución política y de que el Órgano Judicial sirve a los intereses del gobernante y no de la población. Lee nuestra nota sobre el caso: https://gatoencerrado.news/2025/10/29...

Los líderes de la lucha ambientalista antiminería acusados y enjuiciados, dos veces, por un crimen ocurrido en el conflicto armado, fueron absueltos por segunda ocasión. Uno de ellos habló brevemente con GatoEncerrado para reiterar que el caso en su contra fue un “show montado” por la Fiscalía que incluyó persecución, acoso, vigilancia y malos tratos en las cárceles. El cuestionado proceso judicial sucedió, además, en un momento cuando el Gobierno de Nayib Bukele quitó la prohibición de los proyectos de minería metálica en el país y ha mostrado interés en la reactivación de la extracción de oro, a pesar de los estudios científicos que demuestran los graves impactos ambientales y afectaciones a la salud de las personas.

La Ley de Agentes Extranjeros tiene como destinatarios obvios a las organizaciones de sociedad civil que defienden derechos humanos, fomentan la transparencia y no se alinean a los intereses del Gobierno de Nayib Bukele. Busca asfixiar económicamente a estas asociaciones para que no puedan operar, además de ahuyentar a los organismos filantrópicos y cooperación internacional que las financia. En medio de la cruzada del gobierno por callar las voces críticas, hay daños colaterales. Salvadoreños ignorados por el Estado y que eran usuarios de organizaciones de ayuda humanitaria ya están siendo afectados por el cierre de proyectos y programas en el país. Lee la nota aquí: https://gatoencerrado.news/2025/09/17/ley-de-agentes-extranjeros-tambien-esta-afectando-a-salvadorenos-olvidados-por-el-estado/

Mario salió de El Salvador expulsado por la violencia de las pandillas y la escasez de oportunidades. Ha tenido que regresar debido a que el país que lo había recibido considera que las condiciones de inseguridad que provocaron su salida han dejado de existir. Retornó voluntariamente para ahorrarle a su familia el trauma de una deportación convencional. Comprueba a su vuelta que se han intensificado las dificultades económicas y el silencio gubernamental lo decepciona, en un El Salvador donde las oportunidades para la población retornada son menores ahora ante el cierre de instituciones de cooperación internacional como la USAID.

Impulsados por el alto costo de vida y la falta de soluciones por parte del Estado, miles de salvadoreños dejan sus hogares con la intención de emigrar hacia los Estados Unidos cada año. Algunos no logran llegar ni establecerse en ese país norteamericano y se ven forzados a retornar a la misma incertidumbre de la que huyeron. En total, según la OIM, 99,434 personas han sido retornadas entre enero de 2019 y diciembre de 2024. Este periodo abarca los años que Nayib Bukele lleva en el poder, tiempo en el que no ha logrado resolver esta herencia de migraciones y retornos forzados que le dejaron gobiernos anteriores. La mayoría de retornados no logran acceder a ningún programa estatal de apoyo y otros ni siquiera entran en las cifras oficiales.

La nueva ley, que fue aprobada en menos de dos horas sin ningún tipo de estudio ni discusión, contempla un impuesto del 30 % a todas las donaciones internacionales que reciben las organizaciones de sociedad civil y cualquier persona natural. Los representantes de más de 70 organizaciones señalan que ley es un instrumento más de persecución política y censura en contra de ambientalistas, defensores de derechos humanos, periodistas y cualquier persona que pueda ser interpretada por el gobierno como un estorbo.

La captura de la reconocida abogada Ruth Eleonora López ilustra cómo el Gobierno de Nayib Bukele ha emprendido, sin rubor, una ofensiva en contra de intelectuales, activistas, periodistas, líderes comunitarios y hasta líderes religiosos que cuestionan las decisiones del gobernante.

El partido de Nayib Bukele concretó otro retroceso democrático al romper los candados constitucionales que exigían dos legislaturas para hacer reformas a la Constitución y ratificarlas. Ahora, el oficialismo podrá seguir su patrón de moldear la Constitución a conveniencia en tan solo minutos, de forma exprés y sin una debida discusión y consulta ciudadana. En palabras simples, ahora puede reescribir la carta magna para que se adapte a sus intereses. Si así lo quisiera, podrá confeccionar una Constitución que reconozca un partido único oficial, hacer legal la reelección presidencial indefinida y ampliar el periodo de los funcionarios. Ya no hay límites. Esto se suma a que ya controla todas las instituciones del Estado.

Bukele se ofreció como el carcelero de Trump, por una tarifa barata. Analistas consideran que la oferta no tiene asidero legal en Estados Unidos ni en El Salvador, pero que el anuncio rimbombante tenía otro propósito: congraciarse con el líder de la primera potencia mundial para retener su popularidad internacional, mostrar que El Salvador es un buen negocio para el gobierno norteamericano y evitar ser expuesto en los tribunales de Nueva York como el dirigente de un gobierno que ha negociado con pandillas. La visita de Rubio a El Salvador también tenía como misión marcar territorio ante la influencia de China en el país.

El partido de derecha se encuentra lejos de lo que alguna vez fue, y su propia existencia está en peligro debido a las constantes pugnas internas que dividen en bandos a los pocos miembros que se han quedado en un barco que parece hundirse cada vez más.