Publicidad en podcasts en: Félix Maradiaga

Las declaraciones de Daniel Ortega del 19 de julio, en las que afirmó que en Nicaragua no volverá a haber elecciones, no reflejan fortaleza, sino el temor de un régimen que sabe que no cuenta con el respaldo popular. En este episodio analizamos qué hay detrás de sus palabras, el control de las instituciones, la ausencia de elecciones auténticamente libres y el miedo de la dictadura a que la oposición democrática continúe organizándose, dentro y fuera de Nicaragua. También hablamos sobre la importancia de construir una verdadera alternativa democrática y de mantener viva la vocación de recuperar para los nicaragüenses el derecho a elegir libremente a sus gobernantes. Porque la dictadura puede intentar eliminar las elecciones, pero no puede eliminar para siempre el deseo de libertad de un pueblo.

Estados Unidos reunió a representantes de más de 60 países para fortalecer la cooperación internacional contra el terrorismo político de extrema izquierda, una iniciativa que busca mejorar el intercambio de inteligencia, identificar redes de financiamiento y reforzar la coordinación entre gobiernos democráticos. En este episodio analizamos el alcance de esta estrategia, la importancia de condenar toda forma de terrorismo sin dobles estándares ideológicos y las implicaciones que podría tener para Nicaragua. También examinamos el caso de Alessio Casimirri, exintegrante de las Brigadas Rojas condenado en Italia por terrorismo, y las recientes acusaciones del gobierno italiano contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por brindarle protección. ¿Qué impacto puede tener esta nueva prioridad de Washington? ¿Podría aumentar el escrutinio internacional sobre las redes que han dado refugio o apoyo a personas condenadas por terrorismo? Analizamos los hechos, el contexto histórico y las preguntas que siguen abiertas.

En este episodio reflexiono sobre el significado del 11 de julio para Nicaragua y para Cuba: una fecha que recuerda tanto las promesas de libertad de la Revolución Liberal de 1893 como las protestas ciudadanas cubanas de 2021. A partir de esas dos experiencias, analizo una nueva y grave expresión de autoritarismo en Nicaragua: la eliminación arbitraria de abogados y notarios de los registros oficiales. Explico por qué esta medida no solo castiga a profesionales independientes, sino que amenaza contratos, escrituras, propiedades, empresas, herencias y procesos judiciales, profundiza la inseguridad jurídica y eleva el riesgo país. En una nación sin Estado de derecho, borrar a los abogados es también borrar las últimas defensas del ciudadano frente al poder absoluto.

El Parlamento Europeo aprobó este 18 de junio una resolución sobre los presos políticos en Nicaragua, con énfasis en los casos de Carlos Brenes, Salvadora del Socorro Martínez Aburto y Brooklyn Rivera. Exige su liberación inmediata, una investigación sobre la muerte bajo custodia de Brooklyn Rivera y mayores sanciones contra el régimen de Ortega y Murillo. En este mensaje comparto por qué esta resolución es motivo de satisfacción, cómo se logró gracias al trabajo conjunto de una oposición diversa —desde distintas plataformas e ideologías— y cuál es el próximo paso: avanzar hacia un tribunal especial que lleve a la justicia los crímenes de la dictadura. Les invito a escuchar el audio completo. Son pocos minutos que explican un avance importante para la causa de la libertad en Nicaragua.

Estados Unidos ha designado al alcaide de máxima seguridad de La Modelo Roberto Clemente Guevara, por su participación en graves violaciones de derechos humanos contra un preso político. Puede parecer una medida limitada, pero no lo es. Estas designaciones construyen expedientes, pueden ser retomadas por organismos internacionales y recuerdan algo fundamental: los crímenes graves no prescriben. La dictadura puede intentar imponer silencio, pero el mundo está documentando cada abuso. La justicia puede tardar, pero no desaparece.

El 16 de febrero de 2026, el dictador Daniel Ortega llamó “basura” a Taiwán en un intento vergonzoso de justificar su alineación con la China comunista. Esas palabras no representan el sentir del pueblo nicaragüense. Expreso respeto por el pueblo taiwanés y gratitud, en nombre de los nicaragüenses de buena voluntad, por su solidaridad durante años: escuelas, carreteras, apoyo en desastres naturales y oportunidades de formación para estudiantes nicaragüenses en Taiwán, ofrecidas sin pedir nada a cambio. Nicaragua es más grande que una dictadura: es un pueblo digno que sabe agradecer y que volverá a vivir en libertad.

En las elecciones del 17 de agosto, el MAS —tras casi 20 años de hegemonía— cayó a un marginal 3 % y abrió paso a un balotaje entre Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga. La sorpresa fue el “Capitán Lara”, ex policía y figura de TikTok, que canalizó el voto antisistema y transformó la campaña. En mi nuevo podcast analizo qué explica este colapso, qué está en juego en la segunda vuelta y qué lecciones deja Bolivia para las democracias frágiles de América Latina. El 17 de agosto de 2025 quedará como el día en que el pueblo boliviano habló fuerte y claro.

¿Qué representa para los fieles que viven bajo represión? ¿Qué se espera de su pontificado frente a la persecución religiosa en Nicaragua? A continuación, el mensaje de Félix Maradiaga, presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua.

Desde la Fundación para la Libertad de Nicaragua, expreso mi más profundo reconocimiento al diario La Prensa por haber sido galardonado con el Premio Mundial a la Libertad de Prensa Unesco/Guillermo Cano 2025. Este no es un premio más: es un acto de justicia histórica y una afirmación de principios frente a un régimen que ha intentado destruir toda forma de pensamiento libre. La Prensa, el periódico más antiguo de Nicaragua, con casi un siglo de historia, ha sido en repetidas ocasiones objeto del odio visceral del régimen Ortega-Murillo. Le han confiscado sus instalaciones, encarcelado a sus directivos, perseguido a sus periodistas y censurado su voz. Pero no han logrado silenciar su espíritu. Hoy, La Prensa resiste desde el exilio, desde la diáspora, desde la dignidad. La furia desatada por Rosario Murillo ante este reconocimiento confirma lo que ya sabíamos: la verdad les duele. Que el régimen haya optado por retirar unilateralmente a Nicaragua de la Unesco, después de más de siete décadas de pertenencia, revela su aislamiento progresivo del sistema internacional, y su intolerancia absoluta a cualquier forma de crítica. La reacción histérica de calificar el premio como “expresión diabólica de traición y antipatriotismo” no es otra cosa que el retrato de una dictadura desesperada, temerosa del poder de la palabra. La comunidad internacional no se ha dejado engañar. La Unesco, con claridad y coherencia, reafirmó su mandato: defender la libertad de prensa en el mundo. Y al reconocer a La Prensa, también ha elevado la voz de cientos de periodistas nicaragüenses que hoy informan desde el exilio, en condiciones precarias, dispersos entre Costa Rica, España, México, Alemania, Canadá y Estados Unidos. A ellos también va esta felicitación y este homenaje. El premio a La Prensa es también un premio a todos aquellos que, desde la oscuridad del destierro, mantienen viva la llama del periodismo independiente. Es un premio a la resiliencia, al coraje, a la verdad. Es un recordatorio de que ninguna dictadura, por brutal que sea, puede confiscar la conciencia de un pueblo ni apagar su derecho a estar informado. Hoy, más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de expresión y con el derecho inalienable del pueblo nicaragüense a vivir en democracia. Y mientras existan voces que se levanten, como la de La Prensa y tantos otros periodistas en resistencia, habrá esperanza.

El retiro de Nicaragua de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) es una pataleta, un barullo de la dictadura sandinista, que al no lograr imponer a su operador político Denis Moncada como Secretario General del SICA, decide abandonar la institución en un acto de venganza y chantaje político. Desde hace años he denunciado que la presencia de Ortega en el SICA es ilegítima, pues su régimen abandonó la OEA en 2021, lo que hace contradictoria su permanencia en el sistema de integración regional. Su salida de la CCJ no es un acto soberano, sino un desordenado intento de desestabilización para presionar a los gobiernos centroamericanos que no ceden a su voluntad. Esta decisión, lejos de ser una muestra de independencia, confirma que Ortega y Murillo han convertido a Nicaragua en una colonia de China y Rusia, regímenes autoritarios a los que han entregado la soberanía del país a cambio de apoyo político y recursos para sostener su represión. Centroamérica no puede seguir tolerando los berrinches, chantajes y sabotajes de un dictador acomplejado. Ortega es un vendepatria al servicio de intereses extranjeros, que ha usado la integración regional solo cuando le conviene y la dinamita cuando no logra controlarla. Es hora de que el SICA y la comunidad internacional tomen una posición firme contra la dictadura sandinista. Nicaragua debe ser suspendida del sistema hasta que recupere la democracia. Centroamérica no puede ser rehén de un régimen fallido que solo aporta caos, corrupción y sumisión a potencias extranjeras.

Aunque el nuevo secretario general de la OEA, Albert Ramdin, ha señalado que Nicaragua no será una prioridad inmediata de su gestión, la causa de la libertad en el país no queda fuera del escenario internacional. Si bien la salida formal del régimen de Ortega limita la capacidad de la OEA para actuar, sus órganos autónomos, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguen siendo espacios activos. Sus procesos no pueden ser ignorados por la dictadura, y sus resoluciones continúan teniendo peso en la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, entramos en una nueva etapa en la que los espacios prioritarios para la acción serán la vía bilateral —donde los estados democráticos deben redoblar esfuerzos— y el ámbito de las Naciones Unidas. No hay que olvidar que en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sigue abierto un proceso sobre Nicaragua, documentando los crímenes del régimen y buscando mecanismos para garantizar la rendición de cuentas. La salida de Nicaragua de la OEA no significa impunidad. Las denuncias y la presión internacional continúan, y Ortega no podrá evadir el escrutinio en estos escenarios donde la defensa de los derechos humanos sigue firme.

Sin duda alguna, la designación de Francisco Díaz para un nuevo período de seis años al frente de la policía sandinista no es más que un premio por su servilismo absoluto a la dictadura bicéfala y perversa de Daniel Ortega y Rosario Murillo. No se trata de un reconocimiento a su labor, ni mucho menos a la institucionalidad de la Policía, sino de una recompensa por su papel como ejecutor de la maquinaria represiva que mantiene al régimen en el poder a costa de la sangre, el sufrimiento y la opresión del pueblo nicaragüense. Díaz no es un jefe policial, es un verdugo al servicio del régimen, un operador de la represión que ha convertido a la policía en una fuerza de ocupación interna, responsable de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos de opositores, activistas, periodistas y ciudadanos comunes. Su lealtad no es a la ley ni a la seguridad pública, sino a los caprichos de la pareja dictatorial, quienes le aseguran impunidad a cambio de su obediencia ciega. La juramentación de 30 mil “policías voluntarios” no es otra cosa que la institucionalización de las fuerzas paramilitares, las mismas fuerzas criminales y asesinas que ejecutaron la masacre de 2018 y que continúan hostigando, golpeando y secuestrando a cualquier persona que se atreva a desafiar el terror del régimen. No es coincidencia que este anuncio ocurra en el contexto de la conmemoración de Monimbó, un símbolo de resistencia popular que el régimen pretende secuestrar y pervertir en un intento desesperado de reescribir la historia ¡No lo van a lograr! La memoria de Monimbó está viva. El nombramiento de Díaz hasta 2031 deja claro que la dictadura sandinista no tiene intención alguna de ceder el poder por medios democráticos. Ortega y Murillo están construyendo un estado policial permanente, donde los jefes de la represión reciben condecoraciones en lugar de juicios, y donde la Constitución y las leyes son simples decoraciones que se ignoran a conveniencia del tirano. Pero la historia ha demostrado que ningún régimen que se sostiene en el miedo y la violencia es eterno. El pueblo de Nicaragua, que ya ha resistido décadas de dictaduras y que continúa valiente y resiliente sabrá librarse de este nuevo capítulo de opresión.

La dictadura en Nicaragua ha convertido la represión en su pilar de existencia, dejando un rastro de víctimas que aún esperan justicia. Desde el asesinato del periodista Ángel Gahona hasta la muerte de Alvarito Conrado, un adolescente de 15 años que solo intentaba llevar agua a los manifestantes, la impunidad ha sido la norma. Pero la justicia internacional comienza a abrirse paso. El Parlamento Europeo ha condenado la intensificación de la represión y exige medidas concretas, como la activación de la cláusula democrática del acuerdo con la UE y la denuncia de Ortega y Murillo ante la Corte Penal Internacional. La dictadura no puede seguir beneficiándose de tratados como el CAFTA mientras mantiene a un país entero bajo secuestro. La comunidad internacional debe tomar acciones urgentes para poner fin a la impunidad y hacer que los responsables enfrenten las consecuencias de sus crímenes. Porque Nicaragua volverá a respirar.

La dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado su ofensiva contra la Iglesia católica con un comunicado insultante y sin precedentes, contra el Vaticano. Este ataque, además de ser una muestra de desesperación política, refuerza el aislamiento internacional del régimen y confirma su intento de imponer una Iglesia subordinada al Estado, en la línea de los regímenes totalitarios que han buscado destruir la autonomía del catolicismo. Este es un acto de amedrentamiento contra los fieles y un intento de aislar a la Iglesia en su papel profético de denuncia contra la represión. La decisión de desconocer el nombramiento de monseñor Rolando Álvarez como obispo de Matagalpa es un acto de violación a la libertad religiosa y al derecho internacional, pues la Iglesia católica, como institución universal, tiene la facultad exclusiva de nombrar a sus autoridades sin interferencia del Estado. Este intento del régimen de controlar la Iglesia nicaragüense es un claro reflejo del galicanismo autoritario, que busca romper la comunión con Roma y establecer una estructura religiosa dócil a sus intereses. No lo va a lograr! La dictadura sandinista ha convertido a la Iglesia en uno de sus principales enemigos porque la considera una voz moral de resistencia ante sus abusos y su represión. Sin embargo, la historia demuestra que los intentos de los regímenes autoritarios por someter la Iglesia han fracasado, y el régimen de los Ortega-Murillo no será la excepción. La fe del pueblo y el compromiso de la Iglesia con la justicia y la verdad seguirán siendo más fuertes que cualquier intento de manipulación del poder.

El Ejército de Nicaragua ya no defiende a la nación; es el brazo armado de la dictadura Ortega-Murillo. La extensión del mandato de Avilés es un premio al servilismo y la corrupción. Oficiales enriquecidos con negocios turbios y propiedades confiscadas han traicionado su misión, mientras Ortega los usa como herramienta de represión y vende su lealtad a Rusia, China, Irán y Cuba. Este Ejército no es del pueblo; es del régimen. Urge sancionar sus activos y desmontar esta estructura corrupta para que, en una Nicaragua libre, decidamos si necesitamos un Ejército o solo instituciones al servicio de la democracia. Hoy, el Ejército ha dejado de ser nacional; es la espada de una tiranía bicéfala.