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En el Caribe mexicano este año nuevamente se registró un arribo masivo récord de sargazo. Tan solo en el estado mexicano de Quintana Roo por ejemplo se retiró mas de 120 mil toneladas de estas algas en las playas. La llagada de sargazo, que causa graves impactos ambientales y económicos, se está convirtiendo también en una amenaza para la salud humana. Este año, nuevamente kilómetros de playas mexicanas fueron invadidos por una marea marrón de algas. Más de 90.000 toneladas diarias de sargazo recalaron en la costa caribeña de Quintana Roo, un récord, causando una crisis ambiental que se viene observando en cada temporada desde 2015, con más o menos intensidad. Bajo el sol tropical, cuando el sargazo se pudre y emite gases tóxicos para la salud humana, asfixia la vida marina y ahuyenta el turismo. Este fenómeno natural que crece con los años pone en alerta a las autoridades mexicanas y a los otros países del Caribe. La magnitud del desastre es tal que los países de la región, junto con la Unión Europa, se reunieron en una conferencia en Cancún a principios de octubre. Esta semana en Vida en el planeta, conversamos con la bióloga mexicana Rosa Elisa Rodríguez Martínez quien, desde el Instituto de Ciencias del Mar en la Costa de Quintana Roo, estudia el fenómeno del sargazo. RFI: ¿Cómo explicar este fenómeno relativamente reciente del sargazo en el Caribe, y su magnitud? Rosa Elisa Rodríguez: Hay muchas hipótesis. Se ha dicho que, por cuestión del cambio climático, ha habido cambios en los patrones de vientos y corrientes marinas que movieron el sargazo del Mar de los Sargazos a la zona del Atlántico tropical frente a África. Ahí llegó en un momento en el que había surgencias de nutrientes. O sea, todos esos nutrientes que se van yendo al fondo, de repente vuelven a subir a la superficie y combinado con aguas más cálidas, más horas de luz, favoreció el primer bloom de sargazo, que fue más o menos 2010 - 2011. De ahí pues ya tienes como que la semilla en esa zona y cada año pues se vuelve a hacer un bloom. RFI: Hablemos de los impactos de este arribo masivo de algas en el Caribe mexicano. ¿Cómo les está afectando los impactos? Rosa Elisa Rodríguez: Pues son muchos. Hay impactos ecológicos, económicos y sociales. Entre los ecológicos, pues lo primero que ves es esta la acumulación en las playas que provoca erosión, que provoca una mala imagen, malos olores por la emisión de gases, esos gases que son tóxicos también para el humano y para otras especies. Luego pues, el sargazo se descompone y libera líquidos de color oscuro que se van hacia el mar y tornan toda el agua costera color chocolate y cambia toda la calidad del agua. Entonces baja el oxígeno, cambia el pH, suben los sulfuros, los nitratos, empieza a haber mucha actividad bacteriana y esto obviamente, pues afecta a la zona de pastos marinos. Al haber menos luz y menos oxígeno, también mata a los lo que son los pastos marinos, que también ayudan a que no haya erosión en las playas, porque los pastos marinos con sus raíces, pues retienen la arena. Y en términos de los impactos económicos, bueno, pues ya lo estamos viendo en México con los colapsos del turismo en Tulum, un descenso muy importante. RFI: Se reportan también impactos para la salud humana. Surgen inquietudes, en particular para los trabajadores que recogen el sargazo en las playas de los hoteles. ¿A qué tipo de sustancias tóxicas están expuestos y con qué impactos? Rosa Elisa Rodríguez: Hicimos estudio específico para el sulfuro de hidrógeno que emite el sargazo. Es el que huele a huevo podrido. Queríamos ver a qué concentraciones estaban expuestos los sargazeros y sí encontramos valores que superan las normas oficiales mexicanas para trabajar ocho horas en ambientes con ese gas.  Los trabajadores nos reportaban irritación de ojos, nariz, garganta, náusea, vómito, dermatitis, dolor de cabeza, mareos y los que se meten al agua con sargazo en descomposición, pues sufren quemaduras. Algunos nos reportaron que se les habían caído las uñas de los pies y también como el sargazo trae muchos virus, bacterias, pues algunos presentaban infecciones en la piel, no como ronchas con prurito. Por decirte algo, en la reja de la UNAM que está a 30 metros del sargazo podrido, yo cuando empecé estos estudios, pues las concentraciones del sulfuro de hidrógeno eran de menos de 0.1 partes por millón. Este año estuvimos registrando 3 o 4 partes por millón. Los valores límites de exposición recomendados para trabajadores son de una parte por millón. RFI : A principios de octubre, México organizó una conferencia sobre la gestión sostenible del sargazo y su valorización industrial. ¿Hay formas de reciclar el sargazo o todavía no? Rosa Elisa Rodríguez: Ahí tenemos muchos problemas con el sargazo porque absorbe demasiados contaminantes: metales pesados, semimetales, microplásticos. Además, trae virus, bacterias y otros compuestos químicos. Eso ha limitado su uso porque pues tienes que darles procesos para eliminarlos. Y para valorizar el sargazo también tendrías que usarlo a las pocas horas de que lo sacas del mar, porque cuando se descompone pues básicamente solo se tira a los sitios de disposición.

En el marco de la carrera global por instalar cada vez más capacidad de cómputo para alimentar la inteligencia artificial, las grandes empresas tecnológicas planean instalan centros de datos en la Patagonia argentina. Esta región del sur del país cuenta con condiciones favorables para los data centers que, sin embargo, son cuestionados por sus impactos ambientales. Fue a través de un simple video con tono neutro, que Sam Altman, director de Open IA, la casa madre de ChatGPT, anunció en octubre de 2025 una inversión de 25 mil millones de dólares para construir centro de datos de gran escala en la Patagonia argentina. Open IA, no es la única empresa desarrolladora de inteligencia artificial que mira hacia esta vasta región del sur del país. De momento, Argentina solo cuenta con 13 centros de datos con una potencia de 32 megavatios. Pero grandes empresas como Open AI, Flex Doms, Green Capital o Tesla planean invertir miles de millones de dólares para instalar centros de datos de cientos de megavatios de capacidad eléctrica en las provincias de Chubut, Neuquén y también en Mendoza. Mientras en Estados Unidos, en Europa o México, crece el descontento por los impactos ambientales negativos que dejan los centros de datos que consumen cantidades enormes de energía y de agua, el presidente ultraliberal Javier Milei, busca inversiones extranjeras mediante regímenes impositivos preferenciales. Su gobierno estimula en particular la instalación de centros de datos "hyperscale" de gran escala que se multiplican en el mundo para responder al boom de la inteligencia artificial, con impactos a veces desastrosos para los recursos hídricos, canalizados para enfriar los servidores. ¿Por qué las empresas tecnológicas ven en estas mesetas de la Patagonia un paisaje ideal para instalar sus inmensos servidores informáticos? Esta semana en Vida en el planeta, conversamos Pía Mariani, directora adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales Farn, una ONG medio ambiental argentina.

El interés creciente del sector pesquero por el krill, un crustáceo que abunda en el océano antártico, preocupa a científicos y ambientalistas. Esta especie marina es procesada por la industria para fabricar suplementos alimenticios y para alimentar salmones en las granjas acuícolas, pero es también el principal alimento de especies como ballenas y pingüinos. Esta semana en Vida en el planeta en Radio Francia Internacional, enfacamos reflectores en el krill y la lucha diplomática que se juega alrededor de esta especie. Este crustáceo parecido a un camarón despierta cada vez más el apetito de la industria, sobre todo de barcos noruegos y chinos. Y la pesca se intensifica: este año la flota industrial alcanzó el límite anual de captura de 620.000 toneladas de krill a mediados de agosto, es decir que se pesca cada vez más rápido una especie esencial que regula la captura de CO2 y que es esencial para la alimentación de mamíferos y aves del polo sur. Este crustáceo que mide hasta seis centímetros de longitud representa la biomasa más grande del planeta y ocupa un sitio muy especial en toda la cadena alimenticia del ecosistema marino antártico. “Todas las grandes ballenas se alimentan de krill: las ballenas jorobadas, las ballenas fin, las focas cangrejeras, las focas leopardo y las especies de pingüinos, así como aves voladoras como los albatros y los petreles”, detalla el biólogo marino Rodolfo Werner. Con el auge de la pesca de krill en los años 70 y 80, se instauró una cuota anual de cantidad de krill que se puede pescar en el mundo y en particular en la Antártica, un continente dedicado a la paz y la ciencia, que no pertenece a ninguna nación en particular. Esta cuota de pesca de 620.000 toneladas es considerada excesiva por algunas voces que abogan por una mayor protección del krill en particular en la zona 48 de la Antártica que agrupa la Península Antártica, las islas Orcadas, las islas Georgias y las Islas Sandwich del Sur donde viven importantes colonias de pingüinos, por ejemplo. Proteger el krill de la sobrepesca Para evitar la concentración de barcos pesqueros en esta región estratégica para la biodiversidad del polo sur, en 2009, una medida de protección limitó a 155.000 toneladas la pesca de krill en la Península Antártica. Un acuerdo que no fue renovado en 2024 después de que China y Rusia rompieron el consenso alrededor de esta medida de protección. “Entonces ese año se cayó la medida que se había creado en el 2009 y volvimos al comienzo de las 620.000 toneladas donde uno quiera. Y justo en ese momento la pesquería venía aumentando. Entonces, en los últimos dos años no solamente se llegó al máximo, sino que aumentó mucho la pesquería en la península Antártica”, indica con preocupación Rodolfo Werner, quien es también es asesor de la Coalición para la Antártida y el Océano Austral (ASOC) en la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR), es el organismo internacional de protección de la Antártica. Científicos y ambientalistas abogan ahora por reinstaurar un límite de pesca específica para la región antártica. Las ONG ambientales piden ir más allá y cuestionan la pesca misma del krill. El experto en políticas de protección marina en la Fundación Blue Marine de Estados Unidos, Maximiliano Bello, recuerda que la captura de krill responde a un solo motivo. “Pescan por negocio”, dice tajantemente. “Aquí no hay nada que tenga que ver con seguridad alimentaria: el 70% de los ingresos del de la empresa noruega que pesca krill en la Antártica procede de la venta de krill para la comida de salmón”, insiste Maximiliano Bello. Escuche el programa completo de Vida en el planeta:  El resto del krill sirve para elaborar complementos alimenticios ricos en omega-3 y alimentos para mascotas. “Y estamos entonces poniendo en peligro un ecosistema que es clave para todo el planeta”, se indigna Bello ¿Aceptarán las naciones de la Convención crear nuevas areas marinas protegidas en la Antártica como lo propusieron en años anteriores Chile y Argentina? ¿Logrará China imponer un aumento de la cuota de pesca de krill? Se restablecerá el reparto geógrafico de la cuota de pesca? Se avecinan arduas negociaciones enla próxima sesión anual de la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, que tendrá lugar en octubre. Una cumbre donde la gestión del stock de krill será  uno de los principales temas de debate.

Francia dio luz verde a la construcción de ‘Campus IA’, el mayor centro de datos de Europa y que el gobierno de Macron presenta como una pieza clave del desarrollo de la inteligencia articial en Francia. Pero al igual que en Latinoamérica o Estados Unidos, los colectivos de la sociedad civil francesa cuestionan estos proyectos faraónicos por sus impactos ambientales. A una hora de París, Fouju, un pueblo de 650 habitantes, con su iglesia del siglo XIV y sus calles tranquilas, se prepara para un cambio radical. En medio de los cultivos de cereales que rodean el pueblo, están por iniciar las obras de un centro de datos gigantesco que preocupa a Jean-François Dupont, vecino de la zona y activista de France Nature Environment, una ONG de protección de la naturaleza en Francia. El activista nos lleva al perímetro donde, de aquí a 2038, serán construidos diez centros de datos que abarcarán 70 hectáreas, lo que equivale a 100 canchas de fútbol. La potencia eléctrica necesaria para alimentar este futuro centro de datos será de 1,4 GW, lo que equivale a la capacidad de producción de un reactor nuclear. El gobierno de Emmanuel Macron, que impulsa el proyecto, afirma que Campus IA permitirá a Francia desarrollar sus propias capacidades de cálculo informático para responder al boom de la inteligencia artificial, y así reducir su dependencia de empresas estadounidenses. El argumento, sin embargos es refutado por los detractores del proyecto, quienes recuerdan que los 50 mil millones de euros de inversiones del proyecto proceden principalmente del fondo soberano de Emiratos Árabes Unidos. Y a pesar de que los servidores informáticos de Campus IA serán atribuidos a la empresa francesa Mistral, esta última ha firmado un pacto para ceder parte de sus capacidades de cálculo informático a Microsoft. Las principales inquietudes que genera este proyecto de centro de datos giran, sin embargo, en torno a sus impactos ambientales. Una inquietud compartida por expertos internacionales. En 2025,  Golestan Sally Radwan, directora de asuntos digitales del Programa de Medioambiente de Naciones Unidas (PNUE) se decía “extremadamente preocupada por la huella ambiental de la inteligencia artificial”. “Sus impactos directos van desde la extracción de materias primas, elementos de tierras raras y minerales para el equipo necesario para la IA, hasta la construcción y operación de los centros de datos, pasando por el consumo de energía, las emisiones de gases de efecto de invernadero, el agua utilizada para la refrigeración, así como los desechos, entre ellos los desechos electrónicos”, apunta la experta. Intelligence artificielle et environnement : risques et potentiels – ONU France En el caso de Camus IA, la artificialización de las tierras, las emisiones de calor, de CO2 y de partículas de PFAS, sustancias peligrosas para la salud y que perduran en el medioambiente, son los principales motivos de protesta. “Se enfriarán los servidores con aire y no con agua”, apunta Jean-François Dupont. “Entonces circularán fluidos refrigerantes en todo el edificio y se evacuará el calor con grandes ventiladores. Pero en estos fluidos circularán productos con PFAS y las propias autoridades reconocieron que hay riesgos de fuga de PFAS en la atmósfera. Además, en cada edificio habrá alrededor de 60 generadores eléctricos en caso de apagones. En total habrá 700 generadores que funcionarán con diésel o biodiésel. Para los primeros tres edificios se almacenarán 30.000 toneladas de diésel. Esto debería ser considerado una instalación de alto riesgo”, detalla el activista. Los responsables políticos locales, quienes no respondieron a nuestras solicitudes de entrevistas, también respaldan el proyecto, seducidos por las promesas de mil empleos y de 1 millón de euros de impuestos que recaudaría el pequeño pueblo de Fouju. Unas cifras que Jean-François Dupont califica de “cuestionables”. “Esto es un cuento. Sabemos que los centros de datos generan muy pocos empleos. No creo que lleguemos a mil empleos. Aquí en estos centros de datos habrá un poco de personal, de mantenimiento y de vigilancia, pero son empleos de baja cualificación”, añade. Ante estos cuestionamientos, la dirección del proyecto de campus IA asegura que el riesgo de fuga de sustancias contaminantes es “muy bajo” y promete recuperar el calor generado por los servidores para alimentar una red de calefacción urbana. Cuestionan el uso de la IA El anuncio del inicio de las obras del megacentro de datos ha movilizado a varios colectivos de la sociedad civil, sobre todo ecologistas y de izquierda, del departamento de Seine-et-Marne, como este sábado en Melun. Ante un mapa topográfico de la zona, Servane Silva comparte sus dudas sobre la pertinencia de Campus IA. “Yo me involucro con este proyecto porque la inteligencia artificial no representa el futuro. No se trata de una actividad sostenible. Estamos apostando por la IA que consume muchísima energía y que deteriorará el medioambiente. ¿Qué impactos tendrán estos 11 centros de datos en la biodiversidad y en nuestro entorno? En los últimos 50 años, esta región ha sido invadida por los cultivos con pesticidas. Luego, llegaron muchos almacenes logísticos por aquí y ahora los centros de datos… ¡No queremos ser el vertedero de la región capitalina!”, declara. Lea también: La bomba energética que nos depara la Inteligencia Artificial Desde Estados Unidos, pasando por Latinoamérica y Europa, la proliferación de los centros de datos ha llevado a comunidades locales a movilizarse por los impactos ambientales de estos proyectos, y a cuestionar la utilidad misma de la inteligencia artificial. Y es que, en muchos casos, no queda muy claro a qué se destinarán estas capacidades de cálculo que las grandes empresas impulsan con fines especulativos, apostando al boom de la IA en el futuro. La arquitecta española y profesora en Harvard Marina Otero, quien ha estudiado la huella ambiental de los centros de datos, propone reservar el uso de la IA para usos realmente útiles. “En muchos de los casos, la IA tiene que ver simplemente con el entrenamiento de modelos de lenguaje de última generación, pero también con la industria armamentística, la industria de la seguridad.  ¿Realmente un centro de datos necesita estar disponible 24 horas al día?, se pregunta la experta. “Podrían parar en algunos momentos cuando no hay suficiente energía o establecer otros ritmos que no sean unos ritmos tan marcados por ganar la carrera de la inteligencia artificial”, propone, por ejemplo, Marina Otero, entrevistada por RFI. En Estados Unidos, países donde la construcción de centros de datos ha crecido sin control, una ola de protestas ciudadanas ha llevado a cancelar o frenar algunos proyectos. “La gobernadora de Nueva York ha establecido una moratoria para la construcción de centros de datos. En Chile, se paralizó un proyecto de Google porque en Cerrillos, cerca de Santiago, se demostró que utilizaba demasiada agua. En Holanda también hace unos años se canceló un proyecto de Meta porque utilizaba tanta energía como ciudades cercanas, etcétera. Ahora que ya conocemos mejor cuál es el impacto, tenemos unos años para entender qué ha pasado en ciertos lugares, pues la gente empieza a movilizarse en contra de estas infraestructuras porque, además, no generan empleo”, concluye Marina Otero. Escuche la entrevista completa en esta edición de Vida en el planeta, el programa medioambiental de RFI en español:

En Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz celebra desde el mes de diciembre negociaciones con las cooperativas mineras para reformar el marco legal minero. Una reforma que ocurre en pleno boom de la minería aurífera que causa graves impactos ambientales en las comunidades rurales. Sin embargo, las preocupaciones ambientales y las alertas de las comunidades indigenas que padecen de la contaminacion con mercurio no están en el centro de las negociaciones. El gobierno de Bolivia inició en diciembre pasado una cumbre nacional con los gremios de la minería, para diseñar un nuevo código minero. Según las declaraciones del ministro de Minería, se busca ante todo atraer más inversiones y responder a los cooperativistas mineros, quienes extraen la mayoría del oro del país y exigen regularizar sus concesiones. Entre los seís ejes que definió el gobierno para elaborar el nuevo código minero, se plantea también atender el problema de la minería ilegal y promover una minería más sustentable. Esta reforma, sin embargo, ocurre en pleno boom de la minería de oro, con graves impactos ambientales. En Bolivia, la extracción de este metal pasó de 6 a 42 toneladas entre 2010 y 2019, con consecuencias dramáticas para la salud y el medioambiente en zonas rurales. Y los pueblos indígenas, quienes padecen los efectos de la contaminación de los ríos por mercurio, un metal pesado que sirve para separar el oro, no fueron invitados a la mesa de negociaciones. En este episodio de Vida en el planeta, conversamos con Graciela Céspedes, presidenta de la Central de Mujeres Indígenas de La Paz (CEMILAP), quien alertó sobre los impactos de la minería en el XII Foro Social Panamazónico que tuvo lugar este año en Ecuador. La líder indígena detalló RFI cómo la comunidad leca, a la que pertenece, se ve afectada por el avance de la minería a orillas de los ríos Kaka y Tupuani. En esta comunidad, presente en cinco municipios, la minería aurífera pasó de ser una práctica artesanal ancestral a pequeña escala, a una actividad mecanizada con maquinaria pesada.   Por su parte, Oscar Campanini, especialista en extractivismo y director del CEDIB, Centro de documentación et información de Bolivia, afirma que existe alternativas al uso del mercurio y llama a un control más estricto de la minería que actualmente se autoriza en algunas reservas naturales. Las negociaciones de este nuevo código minero podrían durar hasta el mes de octubre. Y veremos entonces si se escuchan los reclamos de los sectores que piden un mayor control para evitar los daños ambientales que ocasiona esta actividad en plena expansión en Bolivia y también en otras zonas de la Amazonía. Entrevistas: -Graciela Céspedes, presidenta de la Central de Mujeres Indígenas de La Paz (CEMILAP) -Oscar Campanini, director del CEDIB, Centro de documentación et información de Bolivia

A casi 3000 metros de altitud en las faldas de los Andes, los vecinos de La Calera, a 40 km de Bogotá, mantienen desde hace dos años un pulso con una filial de Coca-Cola, por el reparto del agua de los manantiales que brotan en la región. Les contamos cómo los habitantes de esta ciudad obtuvieron una victoria en su lucha por el derecho al agua. En Latinoamérica, varios países se preparan a la llegada del fenomeno El Niño que será muy intenso en los próximos meses, según pronostican los meteorólogos. El canal de Panamá por ejemplo ya planea limitar el tráfico maríticmo debido a la falta de lluvias. Y en Colombia, país que depende de la hidroelectricidad, las autoridades no descartan la posibilidad de apagones. En estas condiciones, cada gota de agua cuenta y en algunas regiones del país surgen conflictos por el reparto de los derechos de agua como es el caso en La Calera, un municipio del departamento de Cundinamarca, no lejos de la capital del país. Mediante una concesión, la empresa Indega, filial de la transnacional Coca-Cola Femsa, capta agua en La Calera, en los Andes colombianos, desde 1983, con tarifas ventajosas. Una concesión que le permite producir cerca de cuatrocientas mil botellas de agua de manantial por día, según reveló el medio de investigación colombiano Vorágine. Sin embargo, en abril de 2024, una crisis estalló: los vecinos del municipio se quedaron sin agua debido a las restricciones de suministro en un contexto de sequía que afectó también la capital colombiana. Y mientras a los habitantes no les salía ni una gota del grifo, la multinacional continuaba extrayendo agua sin restricciones. Una injusticia que llevó a varios habitantes a cuestionar el reparto del agua relata Robinson Carvajal, líder juvenil ambiental del colectivo 'Echele ojito al agua' y vecino de La Calera. Tras esta reivindicación para defender su derecho al agua, obtuvieron que las autoridades revisaran la concesión de agua de la empresa de refrescos. Y en abril de 2026, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la autoridad que otorga los derechos de agua, asestó un golpe a Coca-Cola: en una resolución, restringió considerablemente el caudal de agua para la empresa. A partir de ahora, la filial Indega solo podrá explotar tres de los siete pozos de agua que usaba antes, y la cantidad de agua captada autorizada pasará de 3.2 litros a 1.9 litros por segundo. Escuche el programa completo: En esta batalla por un reparto más equitativo del agua, los habitantes de La Calera fueron asesorados por el colectivo de abogados Alvear Restrepo, CAJAR, al cual pertenece la abogada Yessika Hoyos, quien subraya que en otras zonas del país existen conflictos similares en los que comunidades locales pelean para un reparto más equitativo del líquido vital. Esta lucha ambiental, sin embargo, desató un conflicto en La Calera: el tono subió entre los habitantes que defienden la revocación de la concesión de agua a la multinacional y otros vecinos, empleados de la empresa embotelladora en La Calera quienes temían por sus empleos. Mientras que en las redes sociales surgieron mensajes de desprestigio, recuerda Robinson Carvajal. Y el conflicto no ha terminado. A pesar de esta resolución que reequilibra el reparto del agua entre consumo humano y uso industrial, estas nuevas reglas de concesión de agua fueron nuevamente recurridas, tanto por la empresa, como por los que se oponen al uso industrial de los manantiales. Entrevistas: -Robinson Carvajal, líder juvenil ambiental del colectivo 'Échele ojito al agua' y vecino de La Calera. -Yessika Hoyos, abogada, defensora de derechos humanos, integrante del Colectivo Cajar, que acompañó la movilización en La Calera

Un equipo científico francés realizó la segunda fase de la misión marina Nodssum que busca explorar el cementerio de residuos radiactivos en el fondo del océano Atlántico. RFI conversó con el jefe científico de la misión que exploró la zona con un submarino y pudo observar el estado de degradación de los barriles de desechos radiactivos vertidos en el mar durante el siglo XX. El geólogo marino Javier Escartín, del Centro de Investigaciones Científicas Francés (CNRS) vuelve de una misión sin precedentes: observó con sus propios ojos el estado de degradación de los barriles de desechos radiactivos en alta mar a miles de metros de profundidad, vestigios de una época en la que las potencias nucleares arrojaban legalmente desechos nucleares de baja intensidad en el mar. A 1000 km de las costas francesas, el científico bajó a miles de metros de profundidad en una zona del océano Atlántico llena de barriles de metal que contienen desechos radiactivos. Durante el siglo XX, varios países occidentales vertieron en el mar estos bidones que contenían material que procedía de los laboratorios de la industria nuclear. Hoy, esta práctica parece impensable, pero era común hasta los años 1990 cuando se consideraba que el abismo era una zona lejana y sin vida. Décadas después, la misión de exploración marina francesa Nodssum, dirigida por Javier Escartín, busca identificar y estudiar parte de estos 200.000 barriles cuya ubicación era incierta. Una primera fase de la misión consistió en realizar un mapeo de la localización exacta de 3600 bidones. Y durante los últimos meses, se realizó la segunda fase de la misión, que consistió en acercarse a estos bidones con un submarino de la flota oceanográfica francesa a 4000 metros de profundidad para estudiar cómo se propaga la radiactividad en un entorno marino. “Hemos muestreado sedimento, agua y fauna y el ecosistema marino que se desarrolla sobre los barriles porque actúan como arrecifes”, cuenta el científico que ha participado en dos de la veintena de inmersiones submarinas de la misión, a alrededor de 4700 metros. “La primera observación que sorprende es la vida que se desarrolla sobre estos barriles que actúan como arrecifes y, por tanto, son sustratos en los que pueden crecer esponjas, corales, anémonas”, cuenta a RFI el geólogo. “El segundo aspecto es observar estos barriles que habíamos detectado en las imágenes de sonar. Ya teníamos algunas fotos realizadas el año pasado con el submarino con el robot autónomo Ulix. Pero verlas directamente, el estado de degradación, junto con la vida que se desarrolla, es una visión extrañamente fascinante, por el aspecto ecológico”, agregó. Las fotos de alta calidad de los barriles de desechos nucleares que han traído los miembros de la misión Nodssum dan cuenta de un estado de degradación “muy variable”. “Hay bidones que físicamente parecen enteros, pero todos están oxidados. La mayor parte son bidones en metal en la parte externa y este metal está completamente oxidado y hay bidones que están completamente destruidos, abiertos. Y el contenido de los barriles está vertido en el fondo marino directamente”, detalla Javier Escartín quien precisa que los muestreos se realizaron con un lujo de precauciones para evitar la radiación del personal científico. Los científicos aseguran, sin embargo, que el riesgo de contaminación radiactiva que presentan estos barriles abiertos es limitado. Todo indica que contenían material de laboratorio como guantes. “Hay que tener en cuenta también que los niveles de radiactividad de los materiales que se vertieron, al menos por las declaraciones, son lo que se llama residuos de media y baja radiactividad. No se trata de uranio radiactivo utilizado en los reactores. Sí hay una contaminación del medio ambiente, pero los niveles absolutos son relativamente bajos”, aclara Javier Escartín. El estudio de la difusión de la radiactividad en un medio acuático traerá datos valiosos que podrán ser usados con otros propósitos: para medir la peligrosidad de los submarinos nucleares hundidos, o para las empresas que buscan nódulos polimetálicos en el fondo del océano para hacer minería. Se sabe que estos nódulos son radiactivos, lo que plantea también riesgos que se deben medir antes de iniciar esta actividad, que representa además un riesgo para los ecosistemas.

¿Y si la crisis ecológica actual tuviera que ver con nuestra relación con la naturaleza? Es lo que afirma el antropólogo francés Philippe Descola, conocido por haber trabajado varios años en la Amazonía ecuatoriana. En conversación exclusiva con RFI, Descola estima que la crisis ambiental resulta en gran parte de la visión occidental de la naturaleza. ¿Cómo habitar la tierra de forma más armoniosa? ¿Debe el mundo occidental reconectarse con la naturaleza para acabar con la crisis ecológica y climática y ambiental? A estas preguntas apremiantes en tiempos de cambio climático y de crisis de la biodiversidad, el antropólogo de la naturaleza, filósofo y profesor emérito del Collège de France, el Colegio de Francia, Philippe Descola (París, 1949), propone varias respuestas inspiradoras para la ecología política. En entrevista exclusiva con Radio Francia Internacional, el filósofo abordó también las resistencias ecologistas actuales, sus años de vida con el pueblo achuar en Ecuador así como la dominación masculina en numerosas sociedades. RFI: Su libro ‘Más allá de naturaleza y cultura’, en el que usted teoriza y compara las diferentes formas que tienen los seres humanos de relacionarse con el medioambiente y los seres vivos, es una referencia. Últimamente ha publicado dos libros de entrevistas en los que afirma que para resolver la crisis ecológica Occidente tendría que alejarse de esta visión que usted llama ‘naturalista’ que plantea que los seres humanos somos superiores o distintos de lo vivo. ¿Es esta visión binaria entre, por una parte, los humanos y, por otra parte, los no humanos, responsable de la triple crisis ecológica que vivimos actualmente, el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad? Philippe Descola: En gran parte, sí. Mi proposición es que desde el siglo XVII, cuando se estableció la odontología que llamo naturalista, es decir, esa idea de que los humanos son excepcionales entre los elementos del mundo porque tienen facultades cognitivas y morales especiales, esta idea vino enfatizándose a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Entonces, ¿qué pasó? Los no humanos se convirtieron en cosas que podían ser el objeto de una mercantilización. Entonces, fue eso una condición que, creo, fue fundamental para la emergencia del capitalismo industrial en el siglo XIX. Y entonces no se puede separar la ontología naturalista de este movimiento que llevó a considerar ríos, animales y plantas como cosas para explotar y no como interlocutores. Escuche el audio completo de la entrevista: RFI: Su último libro se titula ‘Nous sommes les hôtes de la Terre’*. En francés, la palabra ‘hôtes’, tiene dos sentidos, puede significar ‘huéspedes’ o ‘anfitriones’. ¿Los seres humanos, los huéspedes de la tierra o los anfitriones de la Tierra? Philippe Descola: La palabra se refiere a la palabra “huésped”. Esta proposición sale de mi discusión de todos esos procesos recientes en los cuales medios de vida han sido convertidos en sujetos políticos a través de la atribución de una personalidad jurídica. Estamos como humanos acogidos en este medio de vida y somos huéspedes. Entonces es una buena manera de concebir que no somos los dueños y poseedores de la naturaleza según la famosa fórmula de Descartes, sino que somos huéspedes, es decir, que es nuestra pertenencia medio de vida que fundamenta nuestra existencia social y no el hecho de apropiarse este mundo. RFI: Efectivamente es una pequeña revolución jurídica que se está viviendo en muchos países, desde Nueva Zelanda, pasando por Colombia, Ecuador e incluso en Francia o España donde ríos o lagunas están recibiendo una personalidad jurídica. Se les otorga derechos jurídicos para defenderlos mejor. ¿Cómo analiza usted esta evolución en el mundo occidental? Philippe Descola: En Nueva Zelanda, en Colombia, con el río Atrato, por ejemplo, el medio de vida llega a ser dueño de sí mismo, llega a ser un sujeto político. Un sujeto político obviamente representado por humanos, porque el río Atrato no habla por sí mismo, sino a través de los portavoces que se escogen para representarlo. La otra posibilidad es el ejemplo que nos dan las comunidades indígenas en todo el mundo y en particular en esa parte del mundo que conozco un poco mejor, que es América Latina, donde estas comunidades, enfrentadas a la voracidad del capitalismo y en particular del capitalismo extractivista, idean nuevas formas de relacionarse en relación a un territorio que están basadas en parte en la concepción tradicional del territorio, no como un pedazo de tierra de uso exclusivo, sino como un lugar en donde se mezclan diferentes formas de apropiación de humanos y no humanos. Quiero enfatizar en este caso, que hay una diferencia entre reconocer una personalidad jurídica a un medio de vida y reconocer derechos a la naturaleza, como lo hicieron Ecuador y también Bolivia. Reconocer derechos a la naturaleza es reconocer derechos a una abstracción, porque la naturaleza, aun si se la llama Pachamama, es una abstracción, mientras que reconocer derechos a un medio de vida es reconocer derechos a un medio biofísico con sus habitantes, que es más fácil de delimitar y de definir con precisión. Y entonces lo que he podido constatar es que, tanto en Bolivia como en Ecuador, que conozco bastante bien por haber vivido varios años allá, este reconocimiento no ha tenido consecuencias mayores en términos de protección del medioambiente. No ha habido cambios fundamentales para las poblaciones indígenas en relación con el capitalismo extractivista.  RFI: Usted ha trabajado en Latinoamérica, y también se ha acercado a las resistencias políticas que ocurren en Europa, como en Francia, donde ha apoyado las “zonas a defender”, las “ZAD”, unos movimientos locales muy fuertes que han surgido contra megaproyectos de desarrollo como aeropuertos, autopistas o megaembalses. ¿Por qué representan estas resistencias, según usted, una posible respuesta a la crisis ecológica? Philippe Descola:  Me parecieron muy interesantes porque si uno compara esos procesos con lo que sucede con las poblaciones indígenas, los militantes de esas zonas a defender, de estos territorios alternativos, no fueron educados en comunidades indígenas. Entonces todas esas ideas de relación estrecha, íntima, armoniosa, con el medio ambiente, no las recibieron así a través de la educación, sino que inventaron formas específicas de relacionarse con un territorio, primero para defenderlo contra megaproyectos destructivos y después para habitar este territorio en una forma no destructiva y a través de una profunda identificación con los no humanos del territorio. Todos esos jóvenes y menos jóvenes han descubierto por sí mismos formas distintas de habitar un territorio en donde rechazan la propiedad privada, rechazan la explotación, la destrucción del medio ambiente y han desarrollado formas de trabajo en común, de producción no mercantil, de democracia participativa intensa. Y me parece que es una forma de ejemplaridad y una buena noticia para el futuro. RFI: También fue discípulo de Claude Lévi-Strauss. Y ha dicho en varias ocasiones que ha quedado impactado por sus años de trabajo etnográfico en Suramérica. Vivió tres años con el pueblo achuar en la Amazonía ecuatoriana. ¿Por qué esta experiencia fue un punto de inflexión en su trabajo de antropólogo, en su filosofía? Philippe Descola: Visité a los achuar para estudiar la forma en que ellos “socializan con la naturaleza”, así lo formulaba. Me di cuenta cuando empecé a entender y hablar un poco el idioma achuar, que este concepto de “naturaleza” no tenía ninguna vigencia para los achuar. Ellos concebían a las plantas, a los animales, a los espíritus como socios, como personas no humanas, como socios con los cuales se podía interactuar cotidianamente a través de plegarias mágicas que dirigían al alma de esos interlocutores, a través de las relaciones en los sueños y las visitas de los no humanos. Dándome cuenta de eso, cuando regresé para doctorado y me fijé de cierto modo un programa intelectual para toda mi carrera, que era entender las distintas formas en las cuales los humanos conciben continuidades y discontinuidades entre humanos y no humanos. Me di cuenta de que este modelo de la relación entre naturaleza y cultura era una cosa propiamente occidental. Con mucha ingenuidad, pensaba que era una cosa universal, porque yo me formé como filósofo y fui alumno de Claude Lévi-Strauss para quien la distinción entre naturaleza y cultura desempeña un papel importante. Cuando me di cuenta de que no era una cosa universal, empecé a estudiar - no directamente sino a través de la antropología comparativa -, todas las otras formas posibles que existen de interactuar entre humanos y no humanos que no sean a través de este modelo supuestamente universal que es la relación entre naturaleza y cultura. RFI: Usted cuenta que, después de su larga estancia en territorio achuar, a su regreso a Francia, se dio cuenta de la “violencia” del mundo occidental. ¿Cómo esta experiencia en Ecuador modificó su visión de nuestra sociedad occidental de consumo? Philippe Descola: Antes de viajar a Ecuador, había tenido una trayectoria de militante y entonces había leído a Marx, había leído a Lenin, había leído a Trotsky y yo sabía las cosas básicas de lo que es la explotación capitalista. Pero como persona nunca me encontré en una posición de ser explotado, de dominado. Venía de una familia de la burguesía parisina y nunca sufrí en mi persona, digamos, de la explotación capitalista directa. Después viví tres años con los Ashuar, con gente que no tenía trabajo asalariado ni moneda. En un mundo en el cual no había diferencias de estatuto económico político y despu

En Europa, representantes de una docena de organizaciones sociales e indígenas de Centroamérica, agrupados en la Caravana mesoamericana por el clima y la vida, denunciaron los impactos ambientales y sociales de los grandes proyectos de desarrollo económico e industrial en sus respectivos países. En El Salvador, por ejemplo, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Indígenas del Campo alerta sobre los impactos de los megaproyectos turísticos e inmobiliarios del gobierno de Nayib Bukele. Desde la construcción de un aeropuerto en un manglar, hasta la privatización de playas para proyectos turísticos, pasando por la expropiación de comunidades para el desarrollo inmobiliario, las megaobras impulsadas por el gobierno de El Salvador no siempre traen beneficios a nivel local. Reelegido con más del 80% de los votos en 2024, a pesar de que la Constitución del país se lo impedía, Nayib Bukele se vanagloria de su política de seguridad que llevó a la disminución del número de homicidios. El dirigente también impulsó una serie de grandes proyectos de desarrollo económico. Esta semana, en Vida en el planeta, conversamos con el activista Ángel Flores, uno de los coordinadores del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales (MILPA), un colectivo que aglutina sindicatos agrícolas, organizaciones ambientales e indígenas en El Salvador. Flores formó parte de la Caravana mesoamericana por el clima y la vida que recorrió Europa para denunciar los impactos sociales y ambientales de estos megaproyectos. “Para el desarrollo de todo este tipo de iniciativas extractivas y neoextractivas, se ha dividido el país en tres fragmentos”, explica Flores. “En la zona norte, que es donde está la cordillera, donde existe la mayor vegetación, es justamente los intereses mineros, mientras que en la parte central, en la cordillera volcánica es donde se pretende impulsar iniciativas de urbanización, inclusive en claves residenciales. Recientemente se ha anunciado la construcción de una mega ciudad que estaría abarcando más de 412 manzanas en el centro de un área de amortiguamiento ambiental en el distrito de San Alejo, en el oriente de El Salvador. Se le han nombrado ‘Ciudad Salud’. Y en la franja costera marina, se pretende desarrollar todas las iniciativas hoteleras, es decir, todo un proceso de turistificación”, detalla el activista. En esta entrevista con RFI a su paso por París, Ángel Flores denunció la ley que permite la reactivación de la minería metálica en el país centroamericano. “En marzo del año 2025, realizamos una denuncia porque existían ya indicios de actividad minera en el norte del departamento de la Unión por parte de efectivos o personal del Estado salvadoreño”, indica el activista. Flores alerta habló también sobre los impactos del desarrollo de los corredores turísticos Surf City 1 y 2, un proyecto del gobierno para estimular el turismo internacional en las playas salvadoreñas. “Los Surf City son zonas económicas especiales fácticas que están desarrollando. En estos territorios se está impulsando un proceso acelerado y agresivo de turistificación y por ende de gentrificación. Estos territorios han sido habitados ancestralmente por comunidades indígenas, principalmente de ascendencia lenca ulúas y que actualmente están siendo amenazadas de despojo de sus tierras. Solamente en el oriente de El Salvador estamos hablando que son más de 18 comunidades las que están siendo amenazadas ante ese proceso de despojo. A nivel nacional son más de 62 en toda la franja costera marina”, denunció Flores. Escuche la entrevista completa aquí:

RFI recibe a la activista mapuche Moira Millán durante su gira en Francia para presentar la edición francesa de 'El tren del olvido'. La novela mezcla saga familiar, historias de amor y lucha del pueblo mapuche contra el colonialismo en argentina. En esta entrevista, Millán aborda la crisis ecológica, el feminismo occidental, la trágica historia de los mapuches expuestos en zoológicos humanos en París así como la resistencia contra la ley de glaciares en Argentina. ¿Cómo habitar la tierra de forma pacífica sin destruirla? A esta pregunta urgente en estos tiempos de crisis ecológica, la líder mapuche Moira Millán responde llamando a la revolución "telúrica", es decir, a reconectar con el medioambiente para dejar atrás el capitalismo, el colonialismo y el racismo. Millán, quién vive en una comunidad mapuche en el sureste de Argentina, en tierras recuperadas, se define como una weychafe, una guerrera en mapudungun, el idioma mapuche que se habla en ambos lados de la Cordillera de los Andes. Una guerrera que defiende la tierra, el territorio y también la cultura, la memoria de su pueblo y el idioma. Además de liderar movimientos sociales para la defensa del territorio, Moira Millán es autora de un ensayo – ‘Terricidio’– y de una novela titulado ‘El tren del olvido’, cuya versión acaba de ser publicada en francés. RFI la recibió durante su gira en Francia para presentar la edición francesa de esta novela apasionante que mezcla saga familiar, historia de amor y la resistencia del pueblo mapuche contra el colonialismo del estado argentino. RFI: Usted viajó desde el Puel Wallmapu -la Patagonia en mapudungun- para presentar en París su libro “El tren del olvido”, que acaba de salir en francés. Esta novela es un ejercicio de memoria sobre el pueblo mapuche, con el despojo y el desplazamiento del pueblo mapuche como telón de fondo, a través de cuatro generaciones. ¿Por qué haber elegido este título El tren del olvido? Moira Millán: El tren significó el progreso, la llegada de la “civilización” y con él el despojo territorial, la invasión a nuestro territorio. Y este tren es una metáfora de los espejitos de colores que todo el tiempo nos venden los distintos gobiernos de turno, con políticas que pretenden sacarnos de la pobreza, traer el desarrollo, el bienestar a los pueblos. Y luego, termina sucediendo que es todo parte de una gran desilusión. El tren del olvido es eso: es confrontar la memoria, el pasado y entender que muchos de los interrogantes que hoy tenemos tienen su respuesta en lo que nos sucedió antes. Y el ferrocarril, que fue muy significativo para nosotros, terminó después, en la década del 90, con el gobierno de Menem, desapareciendo. Ese símbolo que era el ferrocarril también después sucumbió frente al neoliberalismo. El tren del olvido es un revisionismo histórico y es una lucha contra la desmemoria de los pueblos. Escuche el audio de la entrevista: RFI: ¿Se inspiró en alguna forma de la historia de su propia familia para tejer esta novela? Moira Millán: Sí, de hecho, mi abuelo puso las vigas del tren, las vías. Tuvo un accidente ahí. Mi padre fue maquinista. Mis tíos trabajaron en el ferrocarril. Y mi sueño era ser ferroviaria hasta que Menem privatizó. RFI: En este libro usted alude a un episodio trágico de la historia mapuche: la captura de varios mapuches que fueron deportados aquí a París, a Francia, para ser exhibidos en un zoológico humano. Moira Millán: Esa es una página triste de la historia, lamentablemente real. No solamente fueron traídos mapuches y tehuelches, sino también otros pueblos indígenas. Y en esta exotización de la vida y de las personas que habitábamos otros confines de la tierra, se intentó hacer un espectáculo de estos pueblos y por supuesto, contra su voluntad fueron traídos y exhibidos para la gran feria de ciencia que se hizo aquí en París. Era parte, digamos, del entretenimiento en condiciones inhumanas. Muchos de ellos murieron en el camino. RFI: Esta novela es también la de un encuentro. Hay un personaje de un inmigrante irlandés y una mujer mapuche. ¿Cómo surge este personaje irlandés? Moira Millán: Hay una la analogía de los pueblos que resisten en el mundo. El pueblo irlandés es un pueblo tan lejano a nuestra territorialidad, sin embargo, enfrentó un enemigo común que era la Corona británica. Durante mucho tiempo, más de un siglo, la Corona británica poseyó prácticamente la Patagonia. El trazado del ferroviario se hizo en función de los intereses económicos de los ingleses y tenían mano de obra esclava, que éramos todos nosotros, los pueblos indígenas, con el aval y la complicidad del gobierno argentino. Entonces, hago una analogía de la lucha de los irlandeses por su libre determinación con la lucha mapuche contra esa colonialidad que iba tomando los territorios y tomando su vida. En un punto histórico tan adverso, de tanta complejidad, se encuentran dos personas que aparentemente vienen de mundos muy diferentes, pero logran enamorarse y encontrarse en el sentido más profundo y absoluto de su humanidad. RFI: Efectivamente, es una novela también de amor, de luchas, de luchas históricas, de luchas sociales, de guerras. En esta novela también rescata usted la cultura mapuche, su lengua. Encontramos muchas palabras del idioma del mapudungun en el relato. Es un encuentro también con las creencias, sus ritos y los vínculos con la tierra. ¿De qué manera las culturas tradicionales de Latinoamérica podrían o pueden ser clave para salvarnos de la crisis ecológica? Moira Millán: Yo creo que frente a la crisis civilizatoria hay muchas respuestas en la defensa de una cosmovisión que establece el cosmocentrismo. Es decir, cómo nos relacionamos en amorosidad, en reciprocidad, y con total y absoluto respeto hacia todas las formas de vida y los modos de habitar el mundo. Creo que los pueblos indígenas hemos logrado, a pesar de todo y a pesar de una colonización y un genocidio, salvaguardar esos principios, ese legado de nuestros ancestros, nuestras ancestras. Es posible, me parece, hoy en plena crisis civilizatoria. Entonces, con la memoria telúrica de los pueblos, poner en diálogo no solamente estos mandatos que hemos recibido como pueblos indígenas, sino también los sueños que vamos tejiendo con las sociedades criollas que al igual que nosotros, quieren volver a vincularse con la tierra de manera respetuosa, armoniosa. Creo que estamos en un punto muy crítico de la humanidad y que la misma tierra, que para mí siempre digo que es el sujeto político social emergente, hoy ya no es la clase obrera. Cada vez se va tecnificando más la industria, cada vez hay menos obreros. Ni siquiera te diría los movimientos feministas. Hoy, el emergente político social es la tierra. Es la tierra la que nos está uniendo, es la tierra que va urdiendo una estrategia de lucha por la vida. RFI: Usted se define como una weychafe, una guerrera. ¿Qué es lo que defiende? Moira Millán: Defiendo la vida en todas sus formas. Defiendo la memoria, defiendo el vínculo sagrado con la tierra y lucho contra ese antropocentrismo, ese capitalismo desmedido, cruel. Entonces, la idea de poder utilizar herramientas como la literatura, que, lamentablemente, por lo menos en Argentina, es absolutamente racista, supremacista, es el bastión de la blanquitud. De repente, una voz indígena, poniendo su pluma ahí, poniéndole palabras a la memoria, poniéndole palabras a la lucha, volviendo a re-existir a través de la escritura, es un desafío que no tiene precedentes. Yo venía contando a mis compañeras que soy la primera novelista indígena en ser publicada en Argentina y espero que haya muchas más. RFI: ¿Qué tanto se difundió su libro en Argentina? Moira Millán: De hecho, este libro en Argentina fue saboteado, perseguido, censurado. Ese libro no se consigue en Argentina. Figura como agotado, pero nadie lo tiene. Entonces es un honor y una alegría que pueda publicarse en Francia. A mí, como mujer mapuche, como escritora, me cuesta muchísimo no solamente publicar, escribir y luego que se sostenga la difusión de mi libro. ‘Terricidio’, que es otro libro que he escrito, también pasó por un proceso de persecución. Incluso un juez de la justicia argentina quería declararlo material terrorista. Obviamente, no tenía ningún tipo de asidero semejante acusación y quedó sin efecto. Pero logró, por ejemplo, que el Gobierno de la Provincia de Chubut lo censure dentro de la provincia. RFI: Usted llama a restablecer la armonía, nuestra armonía entre la comunidad humana y la naturaleza, y hablar y acabar con el “terricidio”, el título de su ensayo. ¿Cómo podría traducirse políticamente esta idea de mantener un vínculo con lo vivo un poco más equilibrado? Moira Millán: Primero, el entendimiento, la comprensión de que todas las vidas se ensamblan, todas las vidas importan y todas las formas de vida son necesarias. Entonces, a veces luchamos y ponemos el énfasis en la protección de los ecosistemas tangibles, pero sin embargo se llevan adelante cacerías de referentes indígenas que protegen esos ecosistemas y ciertos sectores ambientalistas no ponen el grito en el cielo por eso. Y nosotros decimos que cada vez que desaparece un elemento de la naturaleza, desaparece con él un elemento de nuestra cultura y viceversa. Es decir, que es tan importante la preservación de los ecosistemas como la preservación de los ecosistemas intangibles, de lo cultural. Entonces, “terricidio” es toda esa forma de agredir la vida que encontró el sistema y se enlaza con la desaparición de los cuerpos, territorios diversos, es decir, cuando se comete travesticidio, cuando se comete feminicidio, eso también es terricidio. ¿Cómo se combate el terricidio? Primero poniéndole nombre y apellido a ese mal para poder extirparlo. Creemos que alg

Las ballenas jorobadas aún no han develado todos sus misterios. Sabemos que estos cetáceos recorren miles de kilómetros para aparearse en aguas cálidas. Pero recientemente, una investigadora ecuatoriana detectó que dos ballenas se desviaron de su ruta migratoria para recorrer al menos 14.000 kilómetros. Esta semana en ‘Vida en el planeta’ les contamos la fascinante migración de dos ballenas jorobadas que fueron observadas en dos puntos del planeta inusualmente alejados. Estos cetáceos de hasta 15 metros y que pesan entre 30 y 40 toneladas recorren cada año miles de kilómetros entre las aguas frías de la Antártida, donde se alimentan , y las aguas tropicales, donde dan a luz y se reproducen. Estas rutas son conocidas. Sin embargo, científicos descubrieron recientemente un caso curioso: una ballena fue fotografiada en las costas de Australia y 12 años después en las costas de Brasil a más de 14.000 km de distancia. Algo que jamás se había registrado. En conversación con RFI, la bióloga marina ecuatoriana Cristina Castro, directora de la Fundación Ballenas del Pacífico, Pacific Whale Ecuador, autora de un artículo científico sobre este dato inédito, aborda las hipótesis que podrían explicar este extraño recorrido, la herramienta de inteligencia artificial que permite monitorear la población de ballenas a escala global, así como los impactos del cambio climático en las reservas de krill, alimento esencial de los cetáceos. También conversamos sobre las exitosas políticas de conservación tras la casi extinción de las ballenas en el siglo XX.

De paso por París, el activista mexicano Carlos Beas Torres, veterano de la defensa del territorio en el Istmo de Tehuantepec, conversó con RFI sobre los impactos del megaproyecto de corredor interoceánico. El activista denuncia los impactos sociales y ambientales de este corredor industrial y logístico que el gobierno mexicano presenta como una alternativa al Canal de Panamá. Es uno de los grandes proyectos impulsados por la administración pasada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2019. Con el Corredor Interoceánico, las autoridades mexicanas prometen empleos, transporte moderno por tren, viviendas y desarrollo industrial. El corredor logístico e industrial, cuyas obras deberían concluir este año, incluye vías navegables, cuatro puertos, un ferrocarril interoceánico, instalaciones energéticas y 14 polos industriales entre la costa del Pacífico mexicano y la Costa Atlántica. El objetivo, a largo plazo, será transportar 1,4 millones de contenedores por tren de una costa a otra, facilitando la circulación de bienes entre Asia, la costa oeste de Estados Unidos y Europa. El gobierno mexicano pretende así abaratar los costos del traslado de mercancías y convertir al país en un nuevo polo del comercio internacional y convertirse en una alternativa al Canal de Panamá. Varias comunidades locales que defienden el territorio, sin embargo, aún no han recibido los beneficios prometidos por el proyecto y denuncian el acoso de las autoridades y de la delincuencia organizada. Organizaciones indígenas denuncian incluso un proyecto impuesto con violencia y con impactos ambientales negativos. De esto conversamos con Carlos Beas Torres. El activista mexicano y dirigente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (UCIZONI), por donde pasa el Corredor Interoceánico, pasó por París en el marco de una gira europea de tres meses. RFI: Usted está de gira aquí en París, Francia, en un contexto de amenazas contra su organización. Incluso usted fue personalmente atacado por hombres armados hace unos meses. ¿Por qué viene a alertar a los europeos sobre este proyecto de desarrollo en México? Carlos Beas Torres: El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un megaproyecto transnacional. Es una gran inversión en una primera etapa dedicada a la modernización de la infraestructura de comunicaciones, puertos, vías de ferrocarril, carreteras y que busca ser una alternativa a la crisis que está viviendo ya el Canal de Panamá. Al significar modernización de ferrocarril y de carreteras, se ha venido sufriendo un proceso de despojo de tierras y de daños ambientales. Hay zonas donde han sido derribados muchos árboles con el fin de ampliar los espacios para la vía del ferrocarril o de la carretera. En nuestro caso, [en el Istmo de Tehuantepec], donde vivo, en Rincón Viejo hay familias que han sido desalojadas de sus viviendas y estamos sujetos a un proyecto que tiene control militar. Es una de las características que tienen los megaproyectos en el sur de México, que han sido asignados a militares. Pero no solamente son manejados por militares, sino que nuestra zona ha pasado a ser escenario de una presencia creciente de delincuencia organizada, lo cual tiene un alto contenido de violencia. RFI: En la región del Istmo, por ejemplo. ¿Qué se va a construir en relación con este proyecto? Carlos Beas Torres: Uno de los problemas es que no hay información pública. Se ha violado ese derecho a la información y la parte que ya está avanzada de lo que corresponde a la ampliación de carreteras, de ferrocarriles y de puertos, esa es una etapa del proyecto que ya está en proceso de conclusión. Sin embargo, hay una nueva etapa que es la de la industrialización. Se plantea la operación de diez parques industriales, en algunos destinados a la generación de energía, como en el caso de Ixtepec, donde hay una empresa danesa llamada Helax, está planteando construir una gigantesca planta para producir hidrógeno verde. También existe una empresa canadiense llamada TC Energy que está construyendo un gasoducto que ya llegó al Istmo de Tehuantepec y trae gas desde Texas Sin embargo, el problema más fuerte que hemos tenido en los últimos 25 años ha sido la construcción de 29 parques eólicos en la región. Pero no son como los parques eólicos que conocemos en muchos lugares donde hay un aerogenerador aquí, otro más allá. En Tehuantepec, hablamos de casi 2000 aerogeneradores en una superficie de 18.000 hectáreas. Es decir, hay toda una zona ocupada por aerogeneradores propiedad de empresas europeas, en particular españolas, francesas, danesas y algunas norteamericanas. RFI: El Gobierno mexicano promete que este proyecto generará empleos y bienestar. ¿Por qué no cree en estas promesas? Carlos Beas Torres: Todos los gobiernos tratan de justificar esos megaproyectos y prometen empleos y bienestar. Es como la forma de buscar la aprobación social. Sin embargo, el proyecto está diseñado para atender intereses transnacionales. En qué nos beneficia que nuestro territorio sea cruzado por ferrocarriles cargados de containers? ¿En qué nos beneficia a nosotros la instalación de parques eólicos cuando nuestras comunidades no tienen electricidad? ¡No hay beneficios locales! RFI: Cuando dice que no hay electricidad en la región, ¿qué quiere decir exactamente? ¿tienen un acceso limitado o nulo a la luz? Carlos Beas Torres: En nuestra región, hay comunidades que no tienen acceso a la energía eléctrica. Son pocas, pero las hay. Lo que más ocurre es de que el servicio con el que contamos de energía eléctrica es de muy mala calidad. Todos los días hay apagones, tenemos problemas por la falta de mantenimiento y por la falta de inversión. Entonces vemos que hay una inversión de 3 mil millones de dólares para producir electricidad destinada a atender las necesidades de las grandes empresas. Pero nuestras comunidades no reciben beneficios. Voy a poner un ejemplo. Cuando se inició el gran megaproyecto eólico en el Istmo de Tehuantepec se prometían muchos empleos, lo cual ha sido completamente falso. Uno de los empleos que sí existe es el de las personas que son contratadas para levantar las aves que mueren por las aspas de los aerogeneradores. Entonces lo que nos preocupa mucho es de que no hay una atención a las necesidades de la población regional, no hay una atención a la cultura de los pueblos de la región, no hay una un respeto por la naturaleza, por la Madre Tierra. Entonces para nosotros es un proyecto de muerte que ha sido implantado muchas veces con violencia y con engaños en nuestra región. RFI: Usted mencionaba que algunos habitantes de Petapan fueron expulsados, obligados a vender sus terrenos. ¿Cómo ocurrió? Carlos Beas Torres: El proyecto, como he comentado, está militarizada la región y han estado entrando soldados de la Secretaría de Marina, armados, a las comunidades, diciéndole a la gente que se tiene que retirar sin contraprestación, es decir, ‘te tiramos tu casa y te vas’. Es un acto muy arbitrario y ha sido el motivo principal de la lucha de resistencia de la organización con la que participo. Y resulta que las personas que se han opuesto a que sus viviendas sean derribadas, han sido criminalizadas, están sujetas a proceso penal por “ocupación de terrenos nacionales”. El pretexto ahora es que esos terrenos de manera arbitraria han sido considerados propiedad del Estado. Tenemos el caso de los vecinos de Mogoñé Viejo, vecinos de Donají, de Estación Sarabia,  de diferentes poblaciones indígenas del Istmo de Tehuantepec, que han sido eh vinculados a procesos penales por oponerse al despojo de sus tierras. RFI: Ustedes han denunciado también los impactos ambientales de esta megainfraesctructura. Carlos Beas Torres: El Istmo de Tehuantepec es una de las regiones del mundo con mayor biodiversidad. Ahí se concentra el 8% de la biodiversidad mundial. Hay trazos de este ferrocarril que han generado graves impactos en la zona de Unión Hidalgo, que es una zona cercana a la costa del Pacífico. Para la ampliación del ferrocarril se han derribado más de 10.000 árboles. Algunos de esos árboles están protegidos por las normas oficiales porque están en peligro de extinción. En México no se puede cortar mangle y han arrasado con mangle. También han afectado humedales y han afectado arroyos. Entonces, sí hay una afectación fuerte ambiental. Sin embargo, como son proyectos prioritarios para el gobierno de México está exento de presentar un estudio de impacto ambiental. RFI: México es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de la tierra, del territorio, de la naturaleza. Nos contaba que varios compañeros suyos de lucha fueron asesinados. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Carlos Beas Torres: Precisamente a raíz de la ejecución de obras de este megaproyecto, con la llegada de las empresas constructoras, éstas llegaron acompañadas de grupos de la delincuencia organizada, lo que llamamos los cárteles. Y estos cárteles venden seguridad a las empresas. Y una forma de seguridad es lo que ellos llaman “limpiar la plaza”, liberar el territorio. Y eso significa desplazar población. Eso significa amenazar y eliminar también a los opositores de estas empresas, a los opositores del megaproyecto. Y en efecto, en nuestra región han sido asesinados varios compañeros indígenas y algunos de nosotros hemos sufrido ataques directos y constantes, constantes amenazas, lo cual incluso nos obligó en febrero y marzo del año pasado a cerrar nuestras oficinas ante el riesgo de un ataque violento. RFI: Usted mismo fue atacado hace unos meses. Carlos Beas Torres: Fue el 17 de enero de este año del 2026. Tuvimos un ataque en carretera, lo cual nos obligó a salir del país. Pero en marzo, los días 19 y 20 de marzo de este año, nuestr

En vísperas de las elecciones colombianas, RFI conversó en exclusiva con Susana Muhamad, figura prominente de la acción climática. La exministra de Ambiente del gobierno de Gustavo Petro repasó los grandes temas de la agenda ambiental del mandato que concluye, las promesas que se cumplieron y las que no; así como aspectos más personales de su trayectoria. En menos de dos meses concluye el mandato de Gustavo Petro, el presidente colombiano de izquierda que llegó al poder con la promesa de instaurar la"paz total" en su país y de hacer de Colombia una "potencia de la vida". La exministra de Medio Ambiente de Colombia (de 2022 a 2025) Susana Muhamad, hoy activista medioambiental reconocida por la revista Time como una de las 100 mujeres más influyentes en materia de acción climática, se ha convertido en una figura de la política ambiental con varios logros: la deforestación disminuyó en el país y para frenar la expansión petrolera, el gobierno no ha firmado nuevos acuerdos petroleros. Colombia organizó además la COP de Biodiversidad y la Cumbre de Santa Marta sobre la eliminación de los combustibles fósiles. Otras promesas, en cambio, no se cumplieron. En esta entrevista exclusiva con RFI, Muhamad repasa el balance ambiental del gobierno de Petro, reflexiona sobre el pulso en torno al uso de combustibles fósiles y comparte recuerdos personales sobre su experiencia en la petrolera Shell. RFI: Usted estuvo a cargo de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible del gobierno colombiano de 2022 a 2025. ¿Qué han logrado hacer en materia de transición energética? Susana Muhamad: La responsabilidad nuestra era generar  las condiciones de la transición, que consiste en una una triple transición. Una transición fiscal, una transición de la balanza comercial y una transición energética. El gobierno del presidente Petro ha logrado aumentar de 2% de participación de capacidad instalada de los renovables al último dato, que es 17% en la matriz energética de capacidad instalada. Y esto creo que es muy importante especialmente, es como una especie de revolución solar que se ha ido generando y también en términos de diversificación económica. El gobierno del presidente Petro, al plantearse otros sectores que debían, en vez de estar o fomentando la inversión en la misma lógica del extractivismo. El presidente Petro y el Gobierno logró avanzar en una política de reforma agraria que ha llevado a un 10% en la participación del Producto Interno Bruto de la agricultura. Y tercero, se ha promovido a partir de la promoción de la biodiversidad del país, de sus activos culturales en el exterior, una industria muy vibrante de turismo. Se amplió de 2 millones de visitantes anuales a Colombia a 7 millones de visitantes en el año 2025, donde esto ha llevado a un reemplazo de las divisas de exportación de petróleo. Por lo menos empezar a hacer una transición a empoderar a otros sectores económicos. Y ese proceso llevó a que, en el 2025, por ejemplo, la exportación de café y en uno de los trimestres y de carbón juntos generaró menos ingresos para Colombia que las divisas generadas por el turismo.  Escuche la entrevista: RFI: A pesar del avance de las energías renovables, el petróleo y el carbón siguen representando cerca de la mitad de las exportaciones colombianas... Susana Muhamad: Así es. Y es un tiro en el pie por dos razones. Primero, al carbón colombiano ya se le han cerrado mercados, y lo único que lo ha reavivado son las guerras. Lo que también explica mucho de por qué estamos en un momento bélico. Y segundo, el petróleo no es infinito, ni se siembra. Además, el petróleo colombiano es un petróleo pesado, costoso, de extraer y costoso de refinar. No va a ser el más demandado. Así que Colombia urgentemente necesita salir de esa dependencia. RFI: ¿Por qué no han prohibido el fracking? Hubo una propuesta en el Congreso colombiano en este sentido... Susana Muhamad: Las organizaciones ambientales presentaron el primer día del gobierno el 7 de agosto del del 2022, el proyecto en el Congreso de la República para prohibir el fracking. El proyecto se presentó con todo el apoyo del Gobierno y llegó hasta el tercer debate. Sin embargo, presiones políticas en el Congreso no permitieron que se aprobara. No se aprobó la prohibición, pero el gobierno sí desescaló. No invirtió en fracking. Y frenó los contratos de los proyectos pilotos. Pero ahí, en el debate electoral, otra vez la propuesta de todos los partidos de la derecha es regresar al fracking. Pero es una ilusión económica que lo único que realmente traería es ruina territorial. RFI: Otra gran promesa del presidente Petro hacia el sector rural y ambiental fue evitar el uso del glifosato, este herbicida muy tóxico para combatir los cultivos ilícitos. Pero hubo un viraje. El gobierno colombiano, en conversaciones con la Casa Blanca anunció la reanudación de las aspersiones aéreas con drones de glifosato. ¿Cuál es su lectura de esta decisión? Susana Muhamad: El presidente Petro manejó las presiones de Washington con mucha inteligencia. Hay que recordar esta narrativa de que Colombia es un narcoestado y que Petro era el jefe del cartel de narcotraficantes:  le construyeron al presidente Trump en su cabeza una imagen casi de película de Hollywood, de un país lleno de laboratorios de coca con selvas inhóspitas y un presidente narcotraficante. No hay que negar que Colombia es el mayor exportador y mayor productor de coca. Pero no es eso lo único que es el país. El país es mucho más complejo, mucho más rico, es un país serio, es un país con instituciones. Y hay que recordar que tuvimos una semana muy tensa en donde después del secuestro del presidente Maduro en Venezuela prácticamente se estaba planteando una operación militar en Colombia contra estos laboratorios, lo que hubiera sido un desastre. Entonces el presidente Petro, creo que, en medio de todas esas tensiones, logró una política de concertación con el gobierno de Estados Unidos sin ceder soberanía.  Yo, como ambientalista, no estoy de acuerdo con el uso del glifosato. No creo que sea la solución y que sigue siendo un espejismo de que el problema de la droga se acaba fumigando la mata cuando. Pero también creo que el gobierno no ha renunciado a la política [de evitar el uso del herbicida] y entonces ahí generó una especie de balance. RFI:  A finales de abril, Colombia organizó la cumbre de Santa Marta para salir de los combustibles fósiles. La cumbre reunió a más de 50 países ambiciosos para luchar contra el cambio climático, pero en ausencia de los grandes emisores de gases de efecto invernadero como China o Estados Unidos, ¿qué impacto tendrá esta cumbre en la diplomacia climática? Susana Muhamad: En estos tiempos geopolíticos, la realización de esta cumbre con la presencia de más de 50 países es un éxito total. Nos costó por lo menos tres años que se pudiera poner una frasecita para mencionar los combustibles fósiles en algún texto de la COP. Es importantísimo que ahora fueran parte central de una discusión de una conferencia diplomática. Se trata de darle contenido al objetivo de salida de los combustibles fósiles [nota del redactor: objetivo plasmado en la declaración final de la Cop28 de Dubái]. Es muy importante porque en la Cop30 de Brasil buscaron revertir ese avance que hubo en Dubái. Y en el momento geopolítico donde estamos en una guerra con Irán, de tensión energética y de inflación en el mundo por esa guerra, es un mensaje fundamental de no comprometer las agendas estratégicas por las coyunturas. Y es una fuerza también de resistencia política frente a las imposiciones geopolíticas de aquellos que tienen la fuerza militar; que incluye el gobierno de Donald Trump, cuya agenda, o parte de su agenda, es la revitalización permanente de los combustibles y el capital fósil e imponer eso a un mundo que está avanzando a un proceso de descarbonización. La Conferencia Santa Marta dio un paso muy importante hacia adelante. Pero creo que países pioneros deben lograr, por fuera de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), crear un régimen de salida pragmática de los combustibles fósiles en una nueva organización económica. RFI: Usted es parte de la campaña del Tratado de No Proliferación de Energías Fósiles. ¿Cuál sería la próxima etapa para avanzar hacia este tratado? Susana Muhamad: Lo pensamos como un acuerdo económico para salir de los fósiles, no como un tratado ambiental. Tiene 17 países interesados que lo apoyan. Estamos buscando una masa crítica de entre 25 y 30 países. Esos países de diferentes tipos de economías y regiones podrían, por ejemplo, hacer un plan conjunto para generar una demanda agregada de renovables; negociar con los países industrializados un acceso a capital y un precio justo; fijar un precio al petróleo durante la transición para hacer un acuerdo comercial de petróleo; acordar no expandir la frontera petrolera, pero garantizar ese precio de petróleo para tener los ingresos fiscales. Y presentarse al FMI con un marco macroeconómico conjunto que respalde las monedas para un acceso a capital estratégico. Es como una capacidad de negociación de las condiciones que te permitan una transición. RFI: Actualmente, ¿cuáles son los obstáculos que enfrentan los países del sur global para acelerar la transición energética para desarrollar buses y autos eléctricos? Susana Muhamad: Europa accede al capital al 2% o al 1%. Colombia accede a capital con tasas de intereses de entre 10% y 12%. RFI: Estamos a pocos días de las elecciones colombianas. Usted apoya al candidato de la coalición de izquierda, Iván Cepeda, ¿Cuál sería la prioridad del próximo mandatario en materia ambiental? Susana Muhamad: Yo creo que es acelerar la transición energética,

A pesar de que la Antártida no pertenece a ninguna nación y que, según el Tratado de Washington de 1959, debe ser dedicado exclusivamente a actividades pacíficas y científicas, el turismo en el continente helado se ha triplicado en la última década. Entrevista con el científico y climatólogo Raúl Cordero que llama a poner coto a un turismo que amenaza con convertir a la Antártida en un balneario para ricos.   Admirar paisajes helados que serán cada vez más excepcionales con el calentamiento global, avistar pingüinos y cachalotes y experimentar los atardeceres polares son algunas de las experiencias únicas que atraen a cada vez más turistas en la Antártida. A pesar de que este continente al sur de nuestro planeta no pertenece a ninguna nación y que, según el Tratado internacional de Washington de 1959, debe ser dedicado exclusivamente a actividades pacíficas y científicas, se observa un boom del turismo en el continente helado. Y es que, además de los cruceros para admirar los icebergs, las agencias de viajes se proponen hacer kayak entre los icebergs, bucear o incluso tomarse una copa de champaña en la banquisa. El elevado costo de los viajes - entre 5.000 $ y 100.000 $ para los tours más lujosos- no impide el aumento sustancial del turismo en este continente. Durante la temporada 2024-2025, se registraron cerca de 118.162 visitas en la Antártida -principalmente estadounidenses -, una cifra que se ha triplicado en una década. Y de estos miles de turistas, cerca de 90.000 de ellos pisaron el continente blanco. Este boom del turismo antártico, sin embargo, ya tiene impactos en la nieve y pone en riesgo la tranquilidad y la salud de la fauna. En este contexto, varias voces piden poner coto al turismo en este continente que pertenece a todos y a nadie al mismo tiempo. Aunque en la última temporada, la Asociación de Turoperadores de la Antártida (IAATO) observa una disminución del 5% del número de turistas, el científico Raúl Cordero teme que la curva siga aumentando de forma exponencial si no se pone límites al turismo. Desde la Universidad de Groningen, en Holanda, el climatólogo monitorea la contaminación y la calidad del aire en la Antártida gracias a datos de una de las estaciones científicas ubicadas en este continente. “En la Antártida, de acuerdo, al texto del Tratado Antártico, es el continente de la paz y de la ciencia. Yo creo que tiene que mantenerse de esa manera y convertirlo en el continente de los ricos sería un error”, alerta Cordero, en entrevista telefónica con Radio Francia International. “Todos los que van a la Antártica como turistas son personas ricas, observa el climatólogo”. “Entonces, convertir en Antártica en un resort de lujo es, digamos, no va en el espíritu del Tratado Antártico. El turismo antártico tiene que ser racionalmente acotado para minimizar los impactos”, recomienda el Cordero, quien ha realizado cerca de 15 misiones de exploración en la Antártida. La huella de los combustibles fósiles En 2022, el científico demostró -junto con otros colegas- que el continente blanco ya no era tan virgen como se pensaba. En un estudio publicado en la revista Nature, él y sus colegas demostraron la presencia de carbono negro de origen humano en la Antártica. “Actividades humanas en general en Antártica, relacionadas con el turismo y la investigación, son muy intensivas en el uso de energía y utilizan mucho combustible fósil diésel, una fuente de carbono negro”, detalla Cordero. “El carbono negro es material particulado fino que está al depositarse sobre la nieve oscureciéndola, y acelerando su derretimiento”. Los científicos calcularon que cada turista en promedio es responsable de acelerar el derretimiento de hasta 200 toneladas de nieve. Una cifra que alcanza las mil toneladas para los científicos que visitan la Antártida. Los científicos per cápita contaminamos cada vez que vamos en la Antártica, porque nosotros nos quedamos mucho más tiempo que un turista, y además utilizamos a veces equipo y maquinaria pesada para diversas actividades científicas”, concede Cordero. “Esa es una de las razones por las que yo no he ido a la Antártica personalmente en años recientes, porque lo que nosotros hemos tratado de hacer en los últimos años, es mandar solo el número de científicos que realmente es necesario”, asegura. El riesgo de transmisión de enfermedades Por su lado, las empresas turísticas aseguran que tratan de minimizar sus emisiones de carbono con el uso de barcos híbridos. Interrogada por RFI, la Asociación de Turoperadores de la Antártida (IAATO) afirma tomarse “muy en serio” el riesgo potencial de transmisión de enfermedades a la fauna silvestre antártica. Sobre todo desde la epidemia de Covid y el brote global de influenza aviar. “Además de las normas de distancia mínima para garantizar que los pasajeros y la fauna silvestre no entren en contacto directo, las medidas de bioseguridad en la zona del Tratado Antártico incluyen procedimientos de desinfección obligatorios antes y después de cada desembarque, utilizando desinfectantes biodegradables de amplio espectro”, indica la IAATO. Los turistas que desembarcan en la Antártida deben limpiar a fondo su calzado, su ropa y su equipo para desinfectar y eliminar cualquier material orgánico para evitar traer agentes patógenos. La detección de una cepa del virus de la gripe aviar H5N1 -altamente letal- en aves y mamíferos antárticos en los últimos años ha despertado las alarmas de la comunidad científica. “Si el contacto entre humanos y animales es masivo, eso aumenta el riesgo de que haya también la posibilidad de que se traspase un virus entre la población animal y la población humana”, teme Raúl Cordero. Un tema polémico La protección de la Antártida será nuevamente un tema de discusión en la conferencia internacional del Tratado Antártico, que tiene lugar este año en Japón. La limitación del número de turistas - tema que aún no genera consensos - y la suerte del pingüino emperador, una especie amenazada que las ONG ambientales llaman a proteger mejor, serán unos de los asuntos en la mesa de los representantes de los países firmantes del tratado.

Estados Unidos vive una verdadera fiebre de los centros de datos. Con el auge de la inteligencia artificial y de las criptomonedas, se multiplican los proyectos de mega centros de datos de empresas como Google Amazon o Meta que necesitan cada vez mas potencia de cálculo. Pero este fenómeno plantea serios problemas ambientales y algunas comunidades locales empiezan a rebelarse contra estos proyectos. El gesto es anodino, pero cuando preguntamos algo a ChatGPT o a otra aplicación de inteligencia artificial (IA), un centro de datos procesa nuestra pregunta, consume medio litro de agua y 10 veces más electricidad que un buscador clásico. Solo para desarrollar las infraestructuras de IA, las grandes empresas tecnológicas estadounidenses prevén invertir 5,2 billones de dólares en la construcción de centros de datos de aquí a 2030. Un desarrollo gigantesco que dispara la demanda de electricidad y de agua. El proyecto de data center Stratos en Utah, por ejemplo, consumirá 9 gigawats, el doble del consumo actual de todo el estado de Utah. Y según la consultora Boston Consulting Group, el consumo de electricidad de los centros de datos en 2030 será equivalente a lo que consumen en total los 2 tercios de la población estadounidense. Pero en algunos municipios, vecinos, organizaciones ecologistas y responsables políticos municipales se levantan contra el apetito de agua y energía de las empresas tecnológicas. En Texas, por ejemplo, donde los recursos energéticos abundantes y una exención fiscal estimulan la instalación de centros de datos, vecinos del municipio de San Marcos en el centro del estado se movilizan desde hace más de un año contra varios megaproyectos.  Es el caso en Texas, en el centro del estado, donde la Data Center Action Coalition, un grupo de residentes de San Marcos, batalla desde hace un poco más de un año contra varios proyectos de centros de datos en la región. "Hemos estado vigilando diferentes proyectos de centros de datos en las inmediaciones de San Marcos y también hemos empezado a organizarnos contra centros de datos aún mayores en un condado adyacente dentro de la cuenca del río San Marcos. Hay 9 o 10 propuestas de centros de datos a gran escala, muchos de los cuales planean construir sus propias centrales eléctricas de gas que procede del fracking. Esos planes necesitarían ampliar las líneas eléctricas. Y el costo se repercutiría en los consumidores. Predicen que costará unos 32 mil millones de dólares", explica Si Frede, activista de dicha coalición. Amenazan los recursos hídricos Además de la demanda de energía, muchas veces de origen fósil, los centros de datos requieren cientos de millones de litros de agua cada año para enfriar los servidores, alerta la activista texana. Un reciente artículo de la Universidad de Texas en Austin calcula que los centros de datos consumirán entre 3% y 9% del agua del estado en 2040. "Nos preocupan también los generadores diésel de auxilio, las centrales eléctricas y el aumento del costo del suministro de electricidad. Además, las proyecciones indican que nuestra ciudad se va a quedar sin agua en 2047. Y esa proyección no toma en cuenta el cambio climático o la demanda del centro de datos. Vivimos ya en una situación de sequía extrema. El verano pasado, el acuífero alcanzó mínimos históricos”, advierte la activista Si Frede, entrevistada por Radio Francia Internacional. Esta resistencia se observa en otros estados donde también se multiplican los proyectos de centros de datos. “Actualmente tenemos observación de resistencia de oposición a centros de datos en 42 estados”, observa Miquel Vila, analista principal de riesgos en Data Center Watch. Este proyecto de la empresa 10ALabs monitorea la emergente protesta contra los centros de datos y los riesgos políticos y regulatorios que genera. La creciente oposición contra los data centers La oposición a estas mega infraestructuras informáticas se observa en Virginia, el principal foco global de centros de datos, “e incluso en estados que han sido bastante abiertos para los centros de datos como por ejemplo Texas. pero sobre todo vemos esta oposición en áreas como Michigan, Indiana, Illinois y Ohio”, detalla Vila. A nivel político, algunos municipios ya han pisado el freno para parar la expansión de los ‘ data centers”. “Habrá a lo mejor 50 municipios que han aprobado moratorias contra centros de datos, la mayoría de ellas temporales, en las cuales no se pueden construir centros de datos durante unos meses. Muchas veces el argumento es que no tienen la capacidad legislativa y regulatoria para afrontar esta nueva economía, Entonces necesitan tiempo para mirar cómo aproximarlo”, explica Miquel Vila. Además, una quincena de estados ha estado discutiendo leyes o moratorias a nivel estatal contra centros de datos. El caso del estado de Maine En abril pasado, los legisladores del estado de Maine aprobaron una moratoria de 18 meses en la construcción de data centers de gran tamaño. La iniciativa de ley estatal, sin embargo, fue vetada por la gobernadora. En algunos casos, la movilización de los ciudadanos produce efectos a escala municipal. "Del conjunto de los proyectos que hemos estado rechazando, en el área de San Marcos, uno ha sido detenido, el de la empresa Highlander; otro se ha estancado bastante; otro ha sido pausado; y luego otro ha sido pospuesto, por lo menos, un año y medio. Así que, tras nuestro trabajo de agitación, de protesta ante el gobierno municipal, los concejales finalmente entraron en razón y votaron en contra de estos cambios que este desarrollador necesitaba para construir un centro de datos. Sobre otro proyecto, no tenemos mucha información porque los vendedores firmaron cláusulas de confidencialidad”, lamenta Si Frede, activista texana. “Parte de nuestra estrategia es apostar al estancamiento y la desaceleración de estos proyectos. Esperemos que toda esta burbuja estalle”, concluye. En diciembre pasado, decenas de organizaciones civiles estadounidenses firmaron una carta para alertar a los congresistas estadounidenses sobre cómo el frenesí de criptomonedas y de inteligencia artificial dispara el costo de la energía. Una energía que procede en 56% de los casos de fuentes fósiles, lo que agrava el cambio climático, alerta Jim Walsh, director de políticas de la ONG ambiental Food and Water Watch, quien coordinó este llamado a los congresistas. " Food and Water Watch apoya una moratoria nacional sobre los centros de datos que pondrá fin a todos los nuevos centros de datos en los Estados Unidos hasta que haya salvaguardias para proteger al público, así como nuestros recursos hídricos y energéticos de la expansión masiva de los centros de datos”, comentó Walsh a RFI. La oposición a los centros de datos se ha ido observando también en Europa y Latinoamérica, también por motivos ambientales.   Entrevistas: -Miquel Vila, analista principal de riesgos en Data Center Watch. -Jim Walsh, director de políticas de la ONG ambientalista Food And Water Watch -Si Frede, activistas de la Data Center Action Coalition en San Marcos, Texas.