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¿Cómo ha logrado Donald Trump rozar el récord de 51 mil inmigrantes detenidos en el mes de agosto y deportar a mil inmigrantes cada día, incluso a más de 25 mil a terceros países? ¿Quién se beneficia con la industria de detenciones y deportaciones?  Reportaje realizado en el marco de Deportation Project, revelaciones sobre la maquinaria de expulsiones de la administración de Donald Trump. Una investigación de RFI y 25 medios del mundo, liderados por Forbidden Stories (Historias Prohibidas)  Angélica Pérez, enviada especial a Estados Unidos y El Salvador  “Nos trajeron esposados de manos y pies. Para ir al baño o comer, uno hacía como podía”, relata David Hernández. Es martes 12 de mayo y acaba de aterrizar en el aeropuerto internacional de El Salvador, tras soportar más de seis horas de vuelo junto a otros doscientos compatriotas deportados desde EE. UU.    Semanas atrás, había sido arrestado en Dallas (Texas) por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el brazo armado de la política anti inmigración del presidente Donald Trump. La familia no supo de su paradero durante varios días hasta que lograron localizarlo a 800 kilómetros de distancia en el Centro de Detención del Oeste de Tennessee (Mason), una prisión federal gestionada por la mega empresa privada CoreCivic. Presionado por las condiciones del encierro y por los agentes de inmigración, optó por firmar su propia expulsión. David entró legalmente a EE. UU. en 2018 y tenía un permiso de trabajo vigente junto a un proceso de asilo abierto para regularizar su situación. Pese a ello, fue expulsado a El Salvador donde lo espera el régimen de excepción vigente desde 2022, un modelo de seguridad que Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian por sus detenciones masivas y arbitrarias, torturas y otros malos tratos en detención, desapariciones forzadas y violaciones al debido proceso. “Me pidieron firmar unos documentos, pero me negué. A medianoche me sacaron de un condado de Luisiana en Estados Unidos y me trasladaron a República Democrática del Congo (RDC). Como no podían devolverme a Colombia, buscaron un tercer país y me mandaron aquí, sin mi consentimiento ni autorización de un juez de inmigración”. Tras 25 horas de vuelo, amarrados de cintura, manos y pies, José Palencia y otros quince latinoamericanos aterrizaron en el aeropuerto de Ndjili, en Kinsasa, el 17 de abril de 2026. Llegaban expulsados por la administración de Donald Trump en virtud de un acuerdo opaco alcanzado con el gobierno de RDC para enviar al país africano a personas de otras nacioalidades deportadas por Estados Unidos.   José había sido detenido por el ICE y enviado a una prisión en el estado de Luisiana a pesar de contar con la protección de la Convención contra la Tortura (CAT), alivio migratorio que prohíbe a un Estado expulsar, devolver o extraditar a una persona a otro país donde existan razones fundadas para creer que su vida o integridad correrían peligro.    En su informe “En medio de la noche, vienen y te llevan”, Human Rights First revela que la administración de Trump ha trasladado por la fuerza al menos a 310 personas con “Withholding of Removal” (suspensión de expulsión por orden de un juez estadounidense) y protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT) a 15 terceros países, incluidos algunos de los lugares más peligrosos del mundo. La historia de David, —salvadoreño de 25 años a quien encontramos en el Centro de Recepción de Migrantes en la colonia La Chacra de San Salvador— y de José —colombiano ubicado por RFI en un hotel de la capital de RDC, bajo vigilancia policial y a miles de kilómetros de sus países de origen— son el reflejo crudo de la maquinaria de persecución migratoria del gobierno de Donald Trump, episodio 2.   ►► Escuche el gran reportaje "Ofensiva jurídica de Trump contra los migrantes, el gran negocio para el oligopolio carcelario privado".      Los testimonios que recogimos de inmigrantes arrestados y deportados, con el respaldo de expertos, autoridades y archivos documentales y digitales, dejan al descubierto que detrás de la promesa de Donald Trump de realizar la mayor deportación en la historia de EE. UU., se esconde un agresivo rediseño institucional que convierte al Estado en una corporación y al inmigrante en una mercancía. El plan transfiere totalmente el control migratorio al oligopolio carcelario privado. De esta forma, se desmantelan las funciones sociales del Estado y se consolida la lucrativa industria del confinamiento y la expulsión masiva. Para ello, se ha implementado una ofensiva jurídica -en varias ocasiones calificada de ilegal por los tribunales – dirigida a criminalizar la inmigración irregular, que en realidad es una falta administrativa y no un delito penal. La ofensiva jurídica silenciosa "David me cuenta que también hay criminales, que los reclusos no son solo inmigrantes indocumentados y que los tratan muy mal. Él está muy enfermo y no lo ha atendido un médico".  Es lunes 4 de mayo de 2026. Hace cinco meses que  Isabel lucha dede Mineápolis por sacar a su esposo José David Ochoa Aguilar del Centro de Detención del Condado de Torrance en Nuevo México, una prisión operada por CoreCivic, la segunda empresa de cárceles privadas en EEUU.  A pesar de estar en proceso de ajuste de estatus por su matrimonio con una ciudadana estadounidens— Isabel—, este  salvadoreño fue arrestado el 9 de enero de 2026 por el ICE durante Metro Surge, la brutal operación antiinmigrantes en Minnesota. Esta pareja ha sido blanco de una ofensiva jurídica que, aunque menos ruidosa que esas redadas de comienzos de 2026 en las que cayó José David, igualmente busca masificar las detenciones de inmigrantes y prolongar su cautiverio para desgastarlos y acorralarlos. La estrategia es inducirlos mientras están bajo arresto a firmar su propia repatriación o, si el derecho internacional no lo permite, deportarlos a uno de la treintena de países con los que se han suscrito contratos para recibir en su territorio a inmigrantes no originarios de dichas naciones. La clave de la estrategia reside en una interpretación inédita de la ley de Inmigración por parte de la administración Trump. Durante treinta años, la detención obligatoria y sin derecho a fianza se aplicó exclusivamente a personas capturadas al intentar cruzar la frontera de forma irregular. Sin embargo, la actual Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) determinó que dicha medida se aplica a todo inmigrante que haya entrado al país de manera irregular en cualquier momento de la historia. De esta forma, incluso quienes llevan años residiendo en el país o se encuentran en trámites de regularización mediante matrimonio con ciudadano (a) estadounidense, demanda de asilo o visas T y U. son detenidos sin derecho a fianza y, en la mayoría de los casos, expulsados del país. "Esto es demasiado difícil: tener que dejar a mis hijos pequeños, a mi esposa y a mis padres ancianos y enfermos. Yo soy el único sustento económico de toda la familia. He intentado hacer todo bien en este país. ¿Qué voy a hacer en El Salvador si allá no tengo nada?". Todo lo que José Mariano Vásquez tiene está en EE. UU., a donde llegó siendo un adolescente que huía del yugo de las pandillas salvadoreñas. Es miércoles 6 de mayo de 2026, un juez de inmigración de Mineápolis acaba de denegarle la solicitud de asilo y de ordenar su expulsión inmediata del país sin darle  posibildad de responder a los cargos. Tras ocho años de espera en los tribunales, el juez le otorgó un plazo mínimo para apelar. José Mariano tiene permiso de trabajo, es dueño de un restaurante y paga sus impuestos sin falla, pero el juez basó su decisión en una infracción por conducir bajo los efectos del alcohol hace un par de años,  Menos de un 1% de peticiones de asilo están siendo aprobadas por esta administración, lamenta su abogada Gloria Contreras. El mismo día que asumió su segundo mandato, Donald Trump prohibió las solicitudes de asilo en la frontera, medida que tras una batalla judicial fue respaldada por la mayoría conservadora de la Corte Suprema. Además, eliminó el programa CBP One de su antecesor —que permitía ingresar al país con permiso de trabajo mientras se resolvía el caso en las cortes— y canceló el estatus legal de más de 900,000 beneficiarios, convirtiéndolos en blanco de detención y deportación. Dos meses después, creó la aplicación CBP HOME que consiste en la firma de la propia expulsión con un estímulo de 2600 dólares para el inmigrante detenido que se acoja.  Al menos 135 jueces de inmigración —empleados administrativos del Poder Ejecutivo de libre nombramiento y remoción— han sido destituidos desde enero de 2025, según denunciaron relatores de la ONU en julio. Los datos públicos revelan que la gran mayoría concedían asilo con una frecuencia superior al promedio nacional. Como parte de la ofensiva jurídica, los tribunales del Quinto Circuito (Texas, Luisiana y Misisipi) y del Octavo Circuito (estados del Medio Oeste) han acogido la política del gobierno federal de detención estricta y obligatoria sin derecho a fianza. Los inmigrantes detenidos por el ICE son trasladados sistemáticamente a prisiones en estos estados.  Además, la administración Trump eliminó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para una docena de nacionalidades, afectando a más de un millón de personas que provenían de países inseguros debido a guerras o desastres naturales y dejándolas en riesgo de enfrentar un proceso de deportación en la corte de inmigración. Desde septiembre de 2026, el localizador en línea de ICE dejó de mostrar a los inmigrantes con una orden final de deportación, incluyendo a aquellos protegidos por la Retención de Deportación o la Convención c

El gobierno de Javier Milei apuesta al crecimiento impulsado por sectores primarios, como la minería y la energía, a los que busca incentivar con beneficios especiales. Pero la contracara es que otras áreas de la economía se paralizan o contraen y la histórica matriz productiva del país sufre un rediseño profundo, que ya impacta en la vida de los argentinos. En este Gran Reportaje de Radio France Internacional, nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, explora el tema. A unos 15 kilómetros al norte de la Ciudad de Buenos Aires la planta de neumáticos Fate está en silencio. Ya ni siquiera tiene el gran cartel con su nombre sobre la fachada, lo retiraron. Fate cerró en febrero de 2026, tras más de 80 años de operaciones en Argentina, argumentando que no podía sostenerse frente a la competencia de los neumáticos importados. "La verdad que, nada, fue un balde de agua fría, llegar y ver que estaban todos con candado, donde pusieron un cartel de que no podíamos entrar más", recuerda Pablo Olivera, que llevaba 12 años como operario en la fábrica. "Imaginate que yo tenía una vida de rutina organizada, donde todos los días mis hijos iban al colegio, yo llevo a mi nene, Joaquín, al más chico al club, a entrenar, como que todo eso se me desarmó y, bueno, obviamente que pasó esto", lamenta.  Ahora está cobrando un fondo de desempleo de 300.000 pesos por mes, equivalentes a unos 200 dólares, una sexta parte de lo que ganaba en la fábrica. Desde el cierre, Pablo Olivera y varios de sus compañeros están acampando en la puerta de la planta. Justo al lado de la reja de la fábrica montaron una suerte de gran tienda de campaña, algunas carpas, y organizan comidas y hacen guardias. Piden ser reincorporados y aseguran que la fábrica puede seguir operando. Mientras dentro de la tienda de campaña se prepara el almuerzo, Pablo Olivera está sentado en un espacio donde antes había un alambrado, detrás de él están las grandes naves de la planta. "Yo digo, acá, justamente donde estamos nosotros, acá hay un alambre. Esto divide la fábrica de lo que es la parte de afuera, ¿no? Esto estaba todo, obviamente, estaba el alambre acá y cuando pasó todo, bueno, nosotros saltamos el alambre. Y yo digo que en mi vida hay un antes y un después de este alambre, donde yo, para mí, nunca pensé llegar a estar acá y menos en esta situación, obviamente", explica.  Más de 30.000 empresas cerraron desde que Milei llegó al poder  El caso de Fate, afectada especialmente por la apertura de las importaciones que decidió el gobierno, no es único. Desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei llegó al poder, hasta mayo de 2026, cerraron más de 30.000 empresas, un 6% del total del país. Entre los sectores con más pérdidas está el manufacturero que es, además, un importante generador de empleo. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, el empleo asalariado privado registrado se redujo en más de 240.000 trabajadores, según datos oficiales. La industria manufacturera fue en la que más puestos se perdieron: más de 85.000 empleados fabriles quedaron sin trabajo. Para el presidente Javier Milei, todo esto es parte de un proceso de destrucción creativa, que llevará a una transformación virtuosa de la economía argentina. Así lo dijo en un discurso que dio a fines de abril pasado. "La transición, ustedes están teniendo cambio tecnológico, están teniendo liberación de rendimientos crecientes, tienen cambio de precios relativos, va a haber reasignación de recursos. Va a haber sectores que les va a ir mejor y hay sectores que les va a ir peor. Los que se les va peor si no se adaptan, quiebran", advirtió entonces el presidente.  Pero no todos leen el fenómeno de igual forma. "Que solamente estén cerrando los que no supieron adaptarse es falso", denuncia Guido Zack, director del área de economía del centro de pensamiento Fundar. "Hay algunos que tienen la eficiencia suficiente para competir, pero el modelo macroeconómico de estabilización que eligió el gobierno los saca del mercado justamente por estos costos en dólares elevados y estos costos en pesos que no bajan. Entonces, el costo en dólares subió, el costo en pesos no bajó, y a eso le agregamos la apertura de la economía, y las empresas dicen abrí la economía, pero no inclines la cancha a favor de las importaciones, porque estamos haciendo una apertura de la economía con la cancha inclinada al revés", analiza Zack.  En este contexto, cierran miles de empresas, la inversión total de la economía argentina cae, se contrae el consumo masivo, y crece la morosidad de las familias. El crecimiento del PIB crece gracias al sector agropecuario, la minería y la energía Sin embargo, al mismo tiempo se está dando una consolidación de sectores primarios, como el agropecuario, la minería y la energía. De hecho, su fortaleza está impulsando el crecimiento del producto bruto interno y de las exportaciones. Entre esos sectores están los beneficiados por políticas específicas, particularmente el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones, o RIGI, una norma que le otorga beneficios cambiarios, tributarios y jurídicos a quienes comprometan grandes desembolsos.  "Ya por sus resultados presentes, estamos ante la política de desarrollo más eficaz del siglo", así hablaba el propio presidente Milei del RIGI en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de 2026. "Es la vocación de esta gestión transformar al RIGI no en una excepción, sino en una política de Estado que nos convertirá en el país más atractivo de la región para invertir", agregó.  Hasta fines de agosto los proyectos aprobados en el RIGI sumaban promesas de inversión por más de 46.700 millones de dólares. El auge de la minería: una proyección de 25.000 millones de dólares de exportación  El sector que más proyectos ha presentado al RIGI es el minero, que espera despegar en los próximos años, dice Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras. "Nosotros estimamos que para el 2034-35 Argentina esté en el orden de los 25.000 millones de dólares de exportación para la minería, lo cual significa estar mucho más cerca de lo que exporta el agro", vaticina Cacciola.  Aunque históricamente el principal generador de divisas en Argentina ha sido el complejo agroexportador, la energía, beneficiada por el régimen de incentivos, y de la mano de Vaca Muerta, segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo y cuarta de petróleo, se le acerca cada vez más. Tan es así que en 2026 el petróleo crudo superó a la harina y pellets de soja como principal producto de exportación, si bien todo el complejo agroexportador sigue siendo líder en ventas al exterior. La minería espera seguir el mismo camino que la energía, impulsada por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Roberto Cacciola, de la cámara minera, espera que en menos de diez años se multipliquen varias veces los 1.300 millones de dólares de inversión que el sector tuvo en 2025. "Las definiciones más fuertes de inversión van a empezar paulatinamente. Yo creo que los años más fuertes van a ser entre 2028 y 2030 estabilizándose en una meseta para llegar a esa cifra que hoy conocida ronda los 40.000 millones de dólares y con la posibilidad de que haya otros RIGIs adicionales que se presenten", analiza.  "¿Para qué queremos los dólares si no para generar empleo?" La coexistencia de sectores que se fortalecen, como el energético y el minero, y otros que se contraen, como el industrial, está creando lo que algunos denominan una economía de dos velocidades, pero Guido Zack, del centro de pensamiento Fundar, disputa esa lectura. "Eso no es lo que está pasando en Argentina. En Argentina hay algunos sectores que crecen y que están creciendo fuerte, pero hay otros sectores que están cayendo. Son más que dos velocidades, son dos economías en una o una economía partida en dos. Y además se da la particularidad que los sectores que crecen aportan dólares a la economía, cosa muy necesaria, pero no empleo, cosa casi más necesaria que los dólares. ¿Para qué queremos los dólares si no para generar empleo?", se pregunta Guyido Zack.  Se está dando, por otra parte, una informalización del empleo en Argentina. Personas que tenían trabajos en relación de dependencia, pasan a trabajar por su cuenta. "Y dependía en lo económico sobre todo que era un laburo estable. Y era el sustento de mi hogar", comenta José Orellano mientras maneja su viejo Ford Fiesta.  Está circulando por la zona de la fábrica de Fate, en la que fue operario durante 14 años. Ahora trabaja por su cuenta, en aplicaciones de transporte de pasajeros y de reparto de mercadería. "Y aparte yo tengo una hija con parálisis cerebral y dependía de la obra social. Su bienestar, su salud, su vida depende de la obra social, por todos los gastos que tengo con ella", afirma.  Dos trabajos para sostener a una familia  La obra social de la que habla José Orellano es la cobertura de salud que le daba el empleo formal, algo de todo lo que perdió con el cierre de la fábrica de neumáticos. "Esto es horrible. Estoy haciendo dos trabajos para poder sostener algo del gasto diario de la casa. Porque tampoco es rentable tener que estar arriba de un auto 10, 12 horas manejando para por lo menos llevar la comida", se queja.  Orellano realmente no se esperaba lo que ocurrió. "Veía que la situación del país estaba mal con el gobierno nuevo, pero nunca pensé que una empresa como Fate iba a cerrar", reconoce.  Este cambio abrupto de una vida previsible y ordenada es un fuerte sacudón para las familias, no solo en lo económico, sino también a nivel emocional. En el acampe de Fate, Pablo Olivera, el primer exoperario de la planta con el que hablamos, siente que son pocas las oportunidades que puede tener

José Emilio Canizales es uno de los prisioneros fallecidos bajo el régimen de excepción, tras ser deportados desde EE. UU. y detenidos en El Salvador. Esas personas murieron sin haber tenido un debido proceso ni recibir condena; sus vidas dependían por completo del Estado. Reportaje realizado en el marco de Deportation Project, revelaciones sobre la maquinaria de deportaciones de la administración de Donald Trump. Una investigación de RFI y 25 medios del mundo, liderados por Forbidden Stories (Historias Prohibidas)  Angélica Pérez, enviada especial a El Salvador —¿Aló? ¿Eres la hermana de José Emilio Canizales? — Sí —respondí, y yo pensé: “Me lo van a dar mañana, me van a decir que vaya a traerlo”.   — Lamentamos informarte que acaba de fallecer. La voz al otro lado del teléfono le informó a Mónica que debía recoger el cuerpo de su hermano en la morgue de San Salvador, a dos horas de camino desde su casa en el cantón La Noria. — ¿Por qué? —pregunté. Y me cortaron.   En el dictamen médico forense adscrito al Instituto de Medicina Legal de El Salvador reza que José Emilio Canizales Villalta murió en el Hospital Nacional San Rafael, en Santa Tecla La Libertad, el 30 de noviembre de 2023, “a raíz de un edema agudo de pulmón, causa preliminar sujeta a estudios complementarios”. Mónica no confía en el diagnóstico científico de la muerte de su hermano: “Mi hermano estaba enfermo de los riñones y no de los pulmones. Al menos me hubieran dicho que murió por insuficiencia renal; estaría más tranquila”. El hermano de Mónica fue deportado desde Estados Unidos y es uno de los más de 400 detenidos fallecidos bajo custodia del Estado salvadoreño durante los últimos cuatro años que el país ha permanecido bajo régimen de excepción. Cerca del 40 % de los casos se ha utilizado el edema pulmonar como causa genérica de la muerte, afirma René Valiente, director de investigación en Cristosal, la principal ONG humanitaria de El Salvador, que fue obligada recientemente al exilio. Valiente explica que, a veces, los médicos registran el edema pûlmonar solo como causa preliminar porque faltan estudios para determinarla de forma definitiva. “Hemos identificado casos en los que los restos de las personas presentan laceraciones en el cuerpo, señales inequívocas de tortura o de golpes que nos hacen pensar que no es del todo precisa esa causa de muerte”. Estos hallazgos concuerdan con los testimonios recabados por Cristosal de personas liberadas que denuncian la existencia de torturas en el sistema penitenciario salvadoreño. La responsabilidad del Estado José Emilio Canizales es uno de los cinco casos documentados por Cristosal de salvadoreños deportados desde EE. UU., capturados al aterrizar en el aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y fallecidos en las cárceles en medio de la opacidad que caracteriza al régimen de excepción.    “Las familias no saben ni siquiera de qué se les imputaba, ni en qué estado se encontraban los procesos, si es que había procesos, ni a cuáles tribunales acudir”, subraya Valiente. Sobre la muerte de José Emilio, el investigador resalta que los documentos oficiales dejan un registro de una muerte natural, pudiendo insinuar con ello que no es responsabilidad del Estado. “Sin embargo, la obligación del Estado es todavía mayor respecto de estas personas que son más vulnerables. Y el Estado sabe que han entrado al sistema penitenciario con enfermedades crónicas que requieren atención”, precisa. Detenido en aislamiento El 7 de agosto de 2023, tres meses antes de su muerte, José Emilio fue deportado desde Estados Unidos, pese a estar en proceso de solicitud de asilo. Mónica y su mamá fueron a recibirlo al aeropuerto internacional Oscar Arnulfo Romero. Pero no pudieron reunirse con él. “Yo nunca había ido al aeropuerto. Lo primero que hice fue preguntar por mi hermano en la estación de policía y si iba a quedar detenido. Me aseguraron que no y me dijeron que siguiera el bus en el que iban todos los deportados para su registro en el Centro de Atención al Migrante”. Mas de una hora de ruta en vano. Mónica y su mamá no encontraron a José Emlio en el centro donde se registra a los recién deportados, conocido como "La Chacra".  En realidad, sí había sido capturado en el mismo aeropuerto.  Después de mucho buscarlo, lograron ubicarlo en el penal de Quezaltepeque, en La Libertad, convertido durante el régimen de excepción en “hospital” a donde son remitidos los detenidos con padecimientos o enfermedades. La familia fue privada de todo contacto con José Emilio. No es un caso excepcional. Desde que se impuso la medida en 2022, el gobierno ordenó aislamiento estricto y encierro permanente de los detenidos en centros penales. La única vez que lo vieron fue a través de un video de la Fiscalía. “Estaba agachado, esposado y con mascarilla. Y se leía Penal de Quezaltepeque. “Lo mostraban como un pandillero de la Mara 18 de Zacatecoluca. Mintieron”, asegura Mónica. Según ella, su hermano fue detenido en Zacatecoluca por haber sido arrestado en el aeropuerto internacional del El Salvador y trasladado a la estación de policía de ese municipio. “Mi hermano no era de Zacatecoluca como dijeron en el video. Nunca habia estado ahi antes. Nosotros hemos vivido siempre acá en el Cantón La Noria, municipio Jiquilisco, departamento de Usulután”. Caza de brujas. Opción: Estados Unidos En 2017, José Emilio fue detenido durante una redada de la policía salvadoreña contra las maras o pandillas. No obstante,  fue puesto en libertad sin cargos 72 horas después al demostrarse que era inocente. En marzo de 2022, el gobierno del presidente Nayib Bukele puso a El Salvador bajo régimen de excepción como respuesta a los homicidios perpetrados por los pandilleros. La medida se ha transformado en una política permanente de encarcelamiento masivo y suspensión de todos los derechos constitucionales. “Cuando impusieron el régimen de excepción no dijeron que todo el que había estado preso sería detenido automáticamente. Anunciaron que se iba a encarcelar solamente a los pandilleros. Y todos estuvimos de acuerdo porque se trataba de criminales”.   Un año después de entrar en vigor el régimen de excepción, habían sido detenidas 67.000 personas, muchas de ellas de forma arbitraria. Relatores de la ONU, exhortaron a El Salvador a garantizar que las personas no sean arrestadas sin autorización legal suficiente, por la simple sospecha de pertenecer o estar asociadas con una pandilla. También alertaron de que las medidas vigentes “amenazan con criminalizar a las personas que viven en las zonas más empobrecidas y que han sido blanco de pandillas en el pasado”. “Mi hermano entró en pánico cuando vimos que se llevaban a gente inocente sin autorización legal ni derecho a juicio. Entonces nos dijo: 'No quiero estar acá porque voy a ir preso a pagar algo que no debo, que no he hecho'. Y se fue para Estados Unidos". José Emilio fue detenido en EE. UU. por entrar de manera irregular y deportado a su país. En enero de 2023 volvió a intentarlo por la vía de la aplicación CBP ONE -derogada dos años después por la administración Trump- que permitía solicitar asilo en la frontera e ingresar legalmente y con un permiso de trabajo temporal mientras la petición de asilo se resolvía en las cortes. “De tanto intentar, lo aceptaron. Pero el problema fue cuando ya entró al país. Cayó enfermo de los riñones y de la vesícula y lo llevaron a un hospital. El 8 de agosto vino deportado a El Salvador. Y fue cuando lo detuvieron en el aeropuerto”, relata Mónica. A partir de ese momento, la hermana de José Emilio hizo todo lo que estuvo a su alcance por demostrar que él no era un pandillero. “Me pidieron documentos. Los llevé. Sacar sus antecedentes penales. Los saqué. Buscar adultos que atestiguaran que él nunca había estado en pandilla. Lo hice. Le recordé a la fiscal que ella había hablado con él y que, además, había visto con sus propios que ni siquiera tenía tatuajes. Pero, ella me dijo que no estaba en sus manos”. En la constancia de antecedentes penales de la Dirección General de Centros Penales, con fecha del 15 de agosto de 2023, reza que “José Emilio Canizales Villalta, de 26 años, soltero de profesión u oficio, agricultor, originario de Usulután. A la fecha no posee antecedente penal por sentencia condenatoria, ejecutoria en su contra por imputársele delito” Tres meses después de recibir este documento, Mónica recibió la fatídica llamada de las autoridades salvadoreñas. “Decirme que estaba muerto. Me dolió el alma. No lo supero y no lo voy a superar nunca. Era mi único hermano de mamá y papá”, dice entre el dolor y la rabia Cientos de detenidos muertos bajo régimen de excepción En su informe "Seguridad sin derechos", Amnistía Internacional (AI) denuncia que hasta diciembre pasado se habían documentado "al menos 470 muertes en centros de detención" en El Salvador bajo régimen de excepción. "En varios casos se registraron lesiones incompatibles con las causas oficiales de muerte o indicios de violencia física y negligencia médica", agrega AI. La oenegé salvadoreña Socorro Jurídico eleva a 547 el número de muertos en El Salvador bajo custodia del Estado y sin haber sido vencidos en juicio: el 31% de los casos se debió a muertes violentas y otro 31% a la falta de atención médica. “Tras ingresar al sistema penitenciario, muchas personas adquieren enfermedades o se les agravan las que ya tenían antes”, afirma René Valiente. El investigador de Cristosal precisa que no solo el Estado no genera las condiciones de salubridad en las prisiones, sino que ha abandonado su obligación de velar por la salud de los detenidos y proporcionarles acceso a servicios de salud

Desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, 239 vuelos han aterrizado en El Salvador con nacionales deportados; una fuerza laboral que sostenía la economía nacional mediante el envío de remesas. ¿Qué les espera a su regreso?. Reportaje realizado en el marco de 'Deportation Project, revelaciones sobre la maquinaria de deportaciones de la administración de Donald Trump'. Investigación de RFI y otros 25 medios del mundo, bajo el liderazgo de Forbidden Stories (Historias Prohibidas). Por Angélica Pérez, enviada especial a El Salvador La pobreza extrema de El Salvador es una de las principales causas por las que la población emigra del país. Según datos de la Cepal, ocho de cada diez personas de zonas rurales viven en pobreza multidimensional, privados de derechos básicos como salud, educación e ingresos dignos. El salario mínimo apenas alcanza los 400 dólares mensuales. Esta crisis social se ha amortiguado históricamente gracias a las remesas familiares que representan cerca del 26 % del Producto Interno Bruto (PIB). Desde su retorno a la Casa Blanca, Donald Trump ha lanzado una ofensiva destinada a cumplir su promesa de "llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes de la historia" . Para justificar sus políticas restrictivas y la ejecución de deportaciones masivas, el magnate que preside a EE. UU. utiliza un retórica deshumanizante y ruin: ha calificado a los inmigrantes indocumentados de criminales, violadores, asesinos, animales, alimañas, invasores, veneno para la sangre de la nación y... basura. Acorde con esta línea discursiva —señalada por Naciones Unidas y organizaciones de defensa de los derechos humanos—, cada martes y jueves aterrizan en el aeropuerto internacional de El Salvador aviones fletados desde Estados Unidos con cientos de expulsados a bordo. Inmediatamente, son trasladados en autobuses al Centro de Recepción al Migrante. Fuimos a su encuentro. Martes 12 de mayo de 2026, colonia La Chacra, San Salvador “A mi hijo David lo agarraron cuando iba al trabajo en Dallas (Texas) hace tres semanas. Pasamos varios días sin saber nada de él hasta que mi hija logró localizarlo en los registros de una prisión en Tennessee. Anoche, por fin pudo comunicarse con ella y le avisó que a las tres de la madrugada los iban a llevar al aeropuerto para deportarlos aquí, a El Salvador”. Desde hace varias horas, María Campos, la madre de David Hernández, aguarda de pie y bajo un sol infernal frente al portal del Centro de Atención al Migrante, en la colonia La Chacra de la capital salvadoreña. A su lado, decenas de familias de zonas rurales empobrecidas esperan a un pariente deportado desde EE.UU., en medio de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump quien ha fijado a las autoridades migratorias la cifra de un millón de expulsiones de inmigrantes al año.   Los martes y los jueves aterrizan en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero aviones con cientos de estos salvadoreños: un total de 5.031 en el primer trimestre de 2026, según cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de El Salvador. La inmensa mayoría de estas personas eran obreros en EE. UU., cuyo envío de remesas representa entre el 24 % y el 26 % del PIB del país centroamericano. Han sido arrestados y apresados por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), el brazo armado de la política antinmigrante de Trump.  La razón: entrar y permanecer en el país en situación irregular que es una falta administrativa, no un delito del orden de lo penal.  “Los tratan como criminales solo por el hecho de haber cruzado la frontera sin el permiso”, dice María y aclara, enseguida, que ese no fue su caso porque ella, sus dos hijos y sus nietos entraron a Estados Unidos con Estatus legal. "Entramos con permiso" “No fuimos en la época en que salían las caravanas de emigrantes, en el 2018. Pedimos el asilo en Tijuana, nos dieron un número para tramitar el proceso y entramos de manera regular. Ya en Estados Unidos nos dieron el permiso de trabajo. Yo trabajába en las fábricas que producen jamón y carne para las hamburguesas. David en la construcción”, relata. Ella prefirió regresar a El Salvador hace tres años. El resto de la familia se quedó con el proceso de asilo pendiente.    Pese a estar tramitando ante los tribunales su beneficio migratorio - situación que, en principio, protege de la detención y la expulsión-  su hijo David fue capturado por el ICE en Texas, y trasladado al Centro de Detención del Oeste de Tennessee (Mason, TN), una prisión federal operada por el gigante privado CoreCivic.     Al aldo de María, la señora Juana cuenta la historia que la ha traído hasta aquí: “Estoy esperando a mi nieto y le traigo su regalo. Él cumplía años el 25 de abril, y ese día lo detuvieron y se lo llevaron los agentes de migración cuando salía a trabajar para Amazon repartiendo paquetes, a las seis de la mañana”. Esta abuela vio partir a su nieto cuando era niño, de la mano de sus padres. Ellos, al igual que cerca de dos millones de salvadoreños, emigraron a Estados Unidos huyendo de las pandillas, la muerte, el secuestro, la extorsión, el hambre y las múltiples violencias que genera la pobreza. También ingresaron a Estados Unidos de manera regular a través de la solicitud de asilo. Una de las diferencias de la administración Trump respecto los gobiernos demócratas de Joe Biden y Barack Obama –que tuvieron tazas altas de deportación- es que actualmente se está deteniendo a inmigrantes en proceso de obtener un estatus legal y se les mantiene prisioneros sin derecho a fianza (en cárceles operadas por los gigantes de las prisones privadas). “Gente con caso de asilo pendiente o con una solicitud de visa T, o visa U, en curso está siendo detenida. Y la estrategia es resolver rápidamente su caso, con una negativa, para deportarlos ”, explica la abogada experta en migración Andrea Mejía. De héroes a criminales De repente, aparece el primero de los tres buses en los que vienen unos 250 deportados. La muchedumbre se agolpa emocionada y los saluda a través del vidrio. Apenas unos instantes de alegría mezclada con miedo. Los buses entran a la sede gubernamental. La puerta se cierra. Y en la calle, queda la incertidumbre. “Tememos que lo acusen de ser pandillero”, dicen algunos familiares que prefieren no dar su nombre. Explican que, bajo el régimen de excepción vigente en el país, los deportados pueden ser acusados de pertenecer a bandas criminales y ser encerrados en las cárceles del régimen —como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad y emblema de la política represiva del gobierno de Nayib Bukele— bajo aislamiento total, sin contacto con la familia o un abogado, y sin derecho a juicio. Después de varias horas de espera, la puerta del Centro de Atención al Migrante se abre y empiezan a salir los deportados. Traen el rostro surcado por la humillación: de héroes que sostienen al país con sus remesas han pasado a ser tratados como criminales. La mayoría llora al abrazar a sus familias. Es un llanto de derrota y desesperanza.  ICE nos decía que firmáramos “Nos trajeron esposados de manos y pies. Para ir al baño y comer, uno hacía como podía”, relata David Hernández sobre el vuelo de más de seis horas en el que venía con decenas de compatriotas. La mayoría firmaron su propia expulsión. Otra particularidad de la guerra contra la migración del actual gobierno estadounidense es la llamada auto deportación. Se trata de una figura creada a partir del programa CBP HOME de Donald Trump que remplazó al CPB ONE, creado por su antecesor, y que permitía la entrada a país a través de una demanda de asilo en la frontera y la obtención del permiso de trabajo temporal mientras el caso se resolvía en las cortes. Al cancelar el gobierno de Trump esta protección de manera general, unas 900.000 personas perdieron su estatus legal y quedaron en riesgo de deportación “Para que iba a pelear mi caso de asilo ahí encerrado si, de todas formas, lo iba a perder. Eso es lo que le decían a uno ahí adentro”, afirma David. Los testimonios de inmigrantes apresados dan cuenta de la presión de los agentes del ICE durante el cautiverio para que firmen la auto deportación. “Si un agente del ICE te dice, en ausencia de tu abogado, que vas a perder tu caso, que vas a estar encerrado largo tiempo, que mejor firmes para irte del país, está buscando intimidarte y está violando la ley. Ningún prisionero puede ser contactado sin que su abogado esté presente. Esa es la ley”, subraya la abogada litigante Andrea Mejia. Nuestro delito es ser inmigrantes    Sentado en la calle, robándole una mínima porción de sombra a la acera, se encuentra José Adán Alasmoy. Espera a que salga un amigo con el que fue capturado en el estado de Misisipi. Fueron deportados tras ser detenidos cuando salían del trabajo. “Trabajábamos poniendo pisos”, cuenta. José Adán explica que no fueron los agentes del ICE, sino unos patrulleros quienes lo detuvieron por no llevar encendidas las luces intermitentes del auto. “Me pidieron los documentos. Les dije que no tenía y, entonces, llamaron a la 'migra' para que me llevaran”. Tras unas horas de detención en Pearl, fue trasladado del estado de Misisipi al Centro de Procesamiento del ICE en Luisiana, administrado por el gigante GEO Group, la principal empresa privada a cargo de las cárceles en EE. UU. que registró en 2025 el volumen de ingresos más alto de toda su historia corporativa debido a los contratos firmados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).. "Duele que traten así a la gente trabajadora que sostiene a este país. Nuestro único delito es ser inmigrantes", deplora José Adán con la voz quebrada al recordar que su esposa y su hijo se qu

Radio Francia Internacional estrena los reportajes de "Deportation Project", una investigación realizada en EE. UU. y El Salvador sobre la maquinaria de expulsiones de la administración Trump. La serie inicia con el caso más emblemático,  masivo, controvertido y punta de lanza de deportaciones a un tercer país. Este trabajo se enmarca en un proyecto en el que participan 26 medios del mundo liderados por Forbidden Stories (Historias Prohibidas). Te lo contamos en un serie de tres podcasts. Por Angélica Pérez, enviada especial a El Salvador La historia de Glenda y Karen es la de dos mujeres salvadoreñas convertidas en sabuesos tras el rastro de sus respectivos hermanos deportados desde Estados Unidos. También es una historia de desaparición forzada y secuestro estatal. "Mi hermano está desaparecido. Tiene más de un año detenido sin un proceso legal. Quisiéramos tener una constancia de que está bien porque no podemos seguir con la incertidumbre de no saber nada de él”, afirma Glenda. “Ha sido deportado hace más de un año y hasta la fecha no nos han querido aclarar su paradero. No hay registro suyo en la Fiscalía. Para nosotros es una desaparición forzada. Es como si no existieran acá en El Salvador”, replica Karen. No existen, pero sí aterrizaron en San Salvador entre marzo y abril de 2025, a bordo de los vuelos militares que la administración Trump envió con 252 venezolanos y un número indeterminado de salvadoreños acusados por ambos gobiernos de ser criminales peligrosos. A partir de ese momento, se pierde el rastro de Elmer Concepción Romero Yanes, hermano de Glenda, y de Kevin Rolando Barrera Torres, hermano de Karen. Leer tambiénForbidden Stories: La investigación sobre la red mundial tejida por EE.UU. para organizar expulsiones masivas Los traslados se realizaron en tres fechas: el 15 y 30 de marzo, y el 12 de abril. "Lamentablemente, a diferencia del caso de los venezolanos, con los salvadoreños nunca se dio una cifra exacta ni información oficial. Supimos de ellos primero por una nota de la Casa Blanca, después por un tuit y luego a través de los medios de comunicación”, explica Nathaly Cotrino, investigadora sénior de Human Rights Watch. Glenda y su familia supieron que Elmer estaba en el país a través de un video en el que la presidencia de El Salvador promocionaba la llegada de los vuelos militares con supuestos pandilleros deportados desde Estados Unidos.      “Gracias a Dios que pudimos reconocerlo en el video. Él es el último que aparece cuando lo bajan del avión y lo suben a un bus. Mi hermano venía en el segundo vuelo que aterrizó el 31 de marzo de 2025. Además, él había hablado con una tía que vive en los Estados Unidos y le había dicho que lo iban a retornar al país, que le mandara ropa. La tía pudo reconocer que la ropa que ella le envió es la que trae puesta. Eso es lo único que nos ha mantenido con la esperanza de que lo vimos y de que sí vino al país”, dice Glenda. Tras presentar la denuncia por desaparición y acudir a las instituciones competentes, Karen tuvo la certeza del arribo de su hermano Kevin a El Salvador.   “Fue en mayo de 2025. La procuradora general me confirmó que sí había sido deportado el 15 de marzo junto con el grupo de venezolanos; el vuelo había aterrizado a las 10:30 de la noche. Sin embargo, me dijo que no podía darme más información porque no estaba autorizada. Incluso se negó a enseñarme el documento porque era confidencial. Después de eso hemos preguntado en muchas partes y nadie nos da respuesta”. Pacto secreto bajo régimen de excepción Estas deportaciones ocurrieron bajo el régimen de excepción que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, instauró en 2022 en el marco de su guerra contra las maras o pandillas; un modelo que permite detener a una persona sin informarle los motivos, negarle asistencia legal y mantenerla en prisión incomunicada, por tiempo indefinido y sin comparecer ante un juez.   También se dieron en el marco de la guerra contra la migración que libra su par estadounidense, Donald Trump, en su segundo mandato bajo la consigna de “lograr la mayor deportación de la historia de Estados Unidos”.Antes de llevar a cabo las expulsiones de estos inmigrantes en marzo y abril de 2025, las dos administraciones habían alcanzado un pacto migratorio secreto, anunciado dos semanas después del retorno de Trump a la Casa Blanca sin entrar en los detalles. El 4 de febrero de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de visita oficial a El Salvador, calificó como un “acto de generosidad que ningún país ha tenido” el ofrecimiento del presidente Nayib Bukele de “recibir a criminales peligrosos deportados por Estados Unidos, miembros del Tren de Aragua o de la pandilla Mara S13 y encerrarlos en sus cárceles”. Incluso a ciudadanos estadounidenses o residentes legales condenados en Estados Unidos. “Es una señal más del amigo increíble que es el presidente Bukele”, aseguró Rubio.     Por su parte, el presidente Nayib Bukele confirmó en su cuenta de X que aceptaría a los presos a cambio de una tarifa económica para Estados Unidos, pero con ganancias significativas para El Salvador. Los prisioneros serían llevados al CECOT, la cárcel de máxima seguridad emblema de la política represiva de su gobierno. Los detalles del pacto migratorio firmado entre las administraciones de los presidentes de EE. UU., Donald Trump, y El Salvador, Nayib Bukele, eran desconocidos hasta el mes de septiembre de 2025, cuando salieron a la luz como parte de la evidencia de un litigio judicial. “Es un contrato y no han querido revelarlo. Supimos de su existencia por un documento de la administración Trump que se filtró adjunto con evidencia en la demanda GGV vs. Trump”, explica Nathaly Cotrino. La investigadora sénior de HRW se refiere a la demanda colectiva interpuesta el 15 de marzo de 2025 por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia. Esta acción judicial, presentada en representación de ciudadanos venezolanos detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), buscaba frenar la inminente amenaza de expulsión de migrantes por parte de la administración de Trump. La evidencia es una carta oficial del Departamento de Estado estadounidense al Gobierno de El Salvador, fechada el 22 de marzo de 2025, en la que se formaliza la concesión de 4,76 millones de dólares destinados al apoyo penitenciario y logístico para la detención de los migrantes venezolanos y salvadoreños expulsados y su encarcelamiento en el CECOT.   La transferencia de dichos fondos quedaba sujeta a la prohibición impuesta a El Salvador de proveer recursos o asistencia legal a los solicitantes de asilo. A partir de este contrato, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, símbolo de guerra contra las pandillas del mandatario salvadoreño, se transforma en una herramienta de la política migratoria de su homólogo Donald Trump. “Bienvenidos al infierno” Esposados de manos y pies, los deportados fueron bajados de los aviones en el Aeropuerto Internacional de El Salvador y conducidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad. “Más allá de la narrativa oficial, los datos que logramos recabar contaban una historia muy diferente”, afirma René Valiente, director de Cristosal, la principal ONG humanitaria de El Salvador, obligada recientemente al exilio. *    “Se trataba de migrantes pobres que estaban buscando un mejor futuro en Estados Unidos. Solo un pequeño porcentaje de ellos tenía antecedentes penales y, en esos casos, los delitos no daban indicios de participación en actividades de criminalidad organizada”. Cristosal y HRW constataron que en el CECOT fueron sometidos a graves y sistemáticas torturas físicas, psicológicas y sexuales y al delito de lesa humanidad de desaparición forzada. “El director del centro les dijo: “Bienvenidos al infierno”, y que la única forma de salir de ahí era ‘muertos’, agrega Valiente. El patrón de Estados Unidos se repite en El Salvador: durante los cuatro meses de detención en el CECOT, estas personas no tuvieron acceso a un juez o tribunal que les brindara garantías. No estuvieron sometidas a ningún proceso legal. El Estado salvadoreño negó sistemáticamente la información sobre ellas, incluso a sus familias. “Esto tiene un nombre en el derecho internacional: desaparición forzada”, denuncia el responsable de la ONG Cristosal. 36 salvadoreños sin rastro, 11 nombres identificados En julio de 2025, los venezolanos recobraron la libertad y regresaron a su país a cambio de presos políticos, tras una negociación entre los tres gobiernos. Sin embargo, no se supo nada de los salvadoreños que fueron deportados con ellos y señalados como miembros de las maras, las pandillas que Bukele declaró organizaciones terroristas. “De ese grupo, solo el 10% tenía antecedentes por delitos violentos o potencialmente violentos en Estados Unidos”, explica Juanita Goebertus, directora de la división Américas de Human Rights Watch (HRW), ONG que ha puesto su lupa en la investigación de estas deportaciones. “Al igual que con los venezolanos, pudimos documentar que los salvadoreños fueron desaparecidos; es decir, inmediatamente borrados de cualquier información que pueda dar el gobierno estadounidense, sin ningún tipo de información provista por el gobierno salvadoreño sobre su lugar y condiciones de reclusión." Fruto de una minuciosa pesquisa, organizaciones de defensa de derechos humanos y de los migrantes de Estados Unidos lograron establecer que en los tres vuelos de marzo y abril de 2025 venían 36 salvadoreños deportados. De ellos, únicamente once han sido identificados. Y fue gracias a la g

La crisis de medicamentos en Colombia sigue dejando a miles de pacientes sin tratamientos para enfermedades como diabetes e hipertensión. Mientras aumentan las quejas contra las EPS (Empresas Prestadoras del Servicio) por la no entrega de medicamentos, familias en Medellín denuncian largas filas, gastos de bolsillo y meses de espera para acceder a tratamientos esenciales. Escuche el reportaje del colombiano Santiago Palomino Ochoa, estudiante de la Universidad EAFITen Medellín, Colombia, mención especial de la décimosegunda edición del Premio Reportaje de RFI en Español, que tuvo lugar entre febrero y mayo de 2026. Cuando María Teresa Agudelo recibe una llamada de su hermana menor, casi siempre sabe que algo pasó con su mamá. Las tres hermanas se repartieron las tareas sin necesidad de acordarlo. Mónica permanece junto a ella las 24 horas del día. Luisa Fernanda se encarga de pedir citas médicas, reclamar medicamentos y buscar soluciones cuando algo falla. María Teresa, la mayor, trabaja y asume buena parte de los gastos que requiere el cuidado de la familia. El centro de todo es María Ángela Muñoz Álvarez, una mujer de 81 años que quedó completamente dependiente después de sufrir varias enfermedades, entre ellas un accidente cerebrovascular. Desde entonces, las hijas aprendieron a cambiar pañales, mover a una paciente inmovilizada, alimentarla por una gastrostomía y vigilar cada señal de alarma. También tuvieron que aprender algo que nunca imaginaron: cómo cuidar a una persona cuando los medicamentos y servicios médicos formulados dejan de llegar. “Todo lo hemos aprendido por YouTube y por inteligencia artificial”, cuenta María Teresa. La familia asegura que, desde septiembre de 2025, los medicamentos dejaron de entregarse con regularidad. Los pañales nunca llegaban. La atención médica domiciliaria que necesitaba tampoco se concretó. Cada visita terminaba con respuestas parecidas: “No está disponible”. “No lo están dando”. “No hay ese medicamento”. Mientras intentaban mantener estable a su madre, las hermanas empezaron a asumir gastos que antes cubría el sistema de salud. Entre medicamentos, traslados en ambulancia, insumos y una cama hospitalaria que tuvieron que comprar para atenderla en casa, calculan que gastaron cerca de 10 millones de pesos colombiano, más de dos mil dólares, prácticamente un salario mínimo colombiano cada mes. “Sale uno triste. Hemos salido llorando”, dice María Teresa. “Uno nunca sabe si el medicamento llegará” La frase se repite una y otra vez en distintos lugares de Colombia. A varios kilómetros de la casa de María Ángela, Estebinson Rodríguez escucha la misma respuesta cuando intenta reclamar los medicamentos de su madre, Blanca Inés Montoya, una profesora pensionada de 83 años. Durante años ha aprendido a convivir con largas filas, autorizaciones, trámites y esperas. Pero en los últimos meses, asegura, conseguir los tratamientos se ha vuelto más difícil. Hay medicamentos para controlar la hipertensión y otras enfermedades crónicas que simplemente no aparecen: “El valsartán nunca lo hay. El nifedipino tampoco”, cuenta. La rutina suele comenzar temprano. Llega al punto de entrega, espera su turno, presenta las fórmulas médicas y aguarda una respuesta. Algunas veces recibe una parte del tratamiento. Otras veces sale con una lista de medicamentos pendientes. Cuando eso ocurre, la única opción es comprarlos. “Toca reducir el mercado”, dice. “Unas veces comemos arroz con huevo y otras veces huevo con arroz para poder comprar los medicamentos”. El problema es que la enfermedad no espera. Las cuentas tampoco. Por eso, muchas familias terminan destinando parte de sus ingresos a tratamientos que deberían recibir a través del sistema de salud. Las historias de Estebinson y María Teresa son distintas, pero comparten una misma sensación: la incertidumbre de no saber cuándo llegará el próximo medicamento. Una crisis que supera las ventanillas Lo que viven estas familias forma parte de un problema más amplio. En 2025, la Superintendencia Nacional de Salud recibió cerca de 675.000 reclamos relacionados con la entrega tardía o la no entrega de medicamentos. En Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, una encuesta de percepción ciudadana encontró que el 34 % de los habitantes se declaró insatisfecho con la entrega de medicamentos, una de las principales razones de inconformidad con el sistema de salud. Las alertas también han sido respaldadas por la Defensoría del Pueblo, la institución en cargada en el país de velar por los derechos de los ciudadanos. En un informe publicado en noviembre del 2025 por dicha entidad, se advirtieron que los problemas de abastecimiento y entrega afectan especialmente a pacientes con enfermedades crónicas, adultos mayores y personas que requieren tratamientos continuos. Según sus análisis, muchas familias terminan asumiendo de su propio bolsillo gastos que deberían estar cubiertos por el sistema de salud. Dependiendo del tratamiento y de la capacidad económica del hogar, estos desembolsos pueden representar desde una pequeña fracción de los ingresos familiares hasta porcentajes que superan el 70 % o incluso el 90 % en los casos más críticos. Entre los medicamentos cuya entrega registra mayores dificultades figuran tratamientos para enfermedades cardiovasculares, diabetes, epilepsia, trastornos psiquiátricos y algunos medicamentos de alto costo utilizados para cáncer y enfermedades huérfanas. Para los pacientes, la interrupción de estos tratamientos puede traducirse en complicaciones médicas, hospitalizaciones evitables o un deterioro acelerado de su estado de salud. Para Johnattan García-Ruiz, investigador en salud pública de la Universidad de Harvard, detrás de la escasez existen problemas financieros y logísticos que afectan la distribución de medicamentos en el país. Según explica, las dificultades no se limitan a la falta de recursos. También influyen retrasos en los pagos entre aseguradoras, prestadores y distribuidores, problemas en la planeación de inventarios y fallas en la coordinación de la cadena de suministro. Cuando los recursos no circulan con normalidad entre los distintos actores del sistema, advierte, las consecuencias terminan llegando a los pacientes en forma de demoras, entregas incompletas o interrupciones de tratamientos esenciales. Sin embargo, para quienes esperan una entrega, las explicaciones técnicas suelen sentirse lejanas. La crisis se experimenta de formas mucho más concretas. En una silla de ruedas. En una cama hospitalaria instalada en la sala de una casa. En una fila que empieza antes del amanecer. En una hija que aprende procedimientos médicos viendo tutoriales en internet. En un hijo que reorganiza el presupuesto familiar para comprar medicamentos. En un paciente que depende de una pastilla diaria para mantener estable su salud. Nota del editor: Después de la realización de este reportaje, María Ángela Muñoz Álvarez, uno de los personajes de este reportaje, murió el 22 de mayo de 2026.

Al cumplirse un mes del terremoto que sacudió el occidente de Colombia, RFI recorrió varios municipios del norte del Valle del Cauca, entre ellos Roldanillo, Toro y El Águila. Entre viviendas destruidas, refugios improvisados y obras apenas iniciadas, los testimonios recogidos muestran que la reconstrucción avanza a ritmos muy desiguales y que, en muchos casos, depende de la solidaridad de familiares, vecinos y donantes. Reportaje de nuestra corresponsal en Cali, Carmen Andrea Rengifo. El 10 de agosto pasado, a las 7h34 de la mañana, la tierra se movió con fuerza. El epicentro del terremoto, de magnitud 7,4, fue en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. La sacudida atravesó el occidente colombiano y dejó más de 330 muertos. Estamos en Roldanillo, en el norte del Valle del Cauca. Ha pasado un mes desde el terremoto. En la fachada de la vivienda de Luz Mary Giusti Varela se lee un aviso que dice: "Uso restringido". A sus 78 años, Luz Mary está sacando con las manos los restos de su casa. “Qué íbamos a pensar que de la noche a la mañana íbamos a tener este inconveniente tan grave”, dice.  Desde el terremoto duerme donde una hermana, pero vuelve todos los días para retirar escombros y recuperar lo que todavía puede salvar. “Desde el día del terremoto toda mi familia, mis sobrinos, me ayudaron a sacar todos los enseres y a llevarlos a cuatro casas de familiares. Luego hemos venido aquí poco a poco, sacando lo que nos ha ido quedando y tratando de retirar los escombros para aprovechar cuando viene el carro recolector de escombros”. Le preguntamos de donde sale ese carro. “Pues me imagino que el municipio”. Luego nos invita a entrar para ver las condiciones en que quedó mi casa. “No podemos habitarla. Esta pared se nos desploma hacia el lado de allá. Mire que está bien abierta”, dice señalando unas grietas. Cuando empezó a temblar, ella estaba adentro de su residencia. Mientras recorremos la vivienda, señala el lugar exacto donde se encontraba y el bloque que cayó a pocos pasos. “Yo me quedé en el marco de una puerta, aquí, en esta pieza. Me agarré así y alcancé a salir”. Luz Mary sigue entrando a una casa que oficialmente no puede habitar. Un ingeniero le explicó que la estructura podría repararse con columnas y vigas de amarre. La vivienda fue construida por su padre en 1952 y quedó para la familia. Solidaridad en San Pacho En San Pacho, corregimiento del municipio de Toro, nos encontramos con Bertha Oliva Bedoya, de 77 años. Camina despacio desde el fondo del galpón, apoyada en dos muletas. La artrosis le dificulta el andar. “Ella está discapacitada, pero no se queda quieta”, nos dice la vecina que nos conduce hasta ella. La mañana del 10 de agosto Bertha Oliva estaba atendiendo a sus gallinas, limpiando la cochera y poniendo agua a los animales. “Cuando empezó el terremoto escuché a los vecinos gritar. Yo estaba solita. Me agarré de un poste que había ahí. Menos mal el techo no tenía tejas, sino zinc. Cuando todo pasó vi el desastre: la casa de allá se cayó encima de la mía. Todo el techo cayó sobre el mío y mi casa se fue hacia el otro lado del cerco. Cuando miré, las paredes se tambaleaban”. Un mes después, el terreno de Bertha ya no luce como aquel primer día. Entre los restos de la antigua vivienda aparecen nuevas paredes y una cocina que todavía está en obra gris. “Mi hijo y muchas amistades vinieron a ayudarnos. Llegó una familia de Cali, vino mucha gente. Entre todos hicieron un combo. De Toro vinieron muchas amistades. Mi hijo trajo un maestro de obra de Pitalito, Huila, y a las carreras levantaron esto que ve aquí. En trece días levantaron todo”, dice. Pero esas primeras paredes no significan que la reconstrucción esté resuelta. Su hijo tuvo que volver a Pitalito y lo que falta depende ahora de materiales que la familia consiga fiados. Damos gracias a Dios porque la señora de la ferretería nos dio lo que necesitábamos. Nos dijo: "Me van pagando como puedan, de a millón o de a quinientos mil. Gracias a Dios nos facilitó todo para poder trabajar”, dice. Vallejuelo: promesas, pero sin fecha En Vallejuelo, otro corregimiento de Toro, Edinson Cañarte González camina entre los restos de la casa que construyó durante años. Tiene 76 años y se apoya en un bordón mientras nos invita a entrar. “Yo no puedo caminar mucho. Yo voy caminando lentamente”, dice. Mientras la prometida casa llega, Edinson ha tenido que resolver dónde dormir. Ensayó una noche en la vivienda de su hijo, pero no es una solución de largo plazo porque también está dañada y con las lluvias tuvieron que apuntalarla para evitar que se terminara de caer. Así que volvió a su terreno, donde apenas le levantaron un refugio provisional en el espacio que antes ocupaba su casa. “El alcalde ya ha venido dos veces a visitarme. Me dijo: ‘No se preocupe, le vamos a fabricar su casita’. La promesa está hecha, pero no sabe cuándo se la van a cumplir. Roldanillo, "buenos corazones" Muy cerca de allí, en Roldanillo, Consuelo Rojas Jiménez enfrenta otra incertidumbre. El albergue donde se refugia está por cerrar. Ella todavía no sabe dónde va a dormir después. Su casa quedó tan dañada que tuvieron que demolerla. Sus padres la habían levantado poco a poco, reuniendo materiales como podían. “Gracias a Dios han aparecido buenos corazones. Nos están regalando cemento y ladrillo. Ahora me siento más segura porque le van a poner columnas. Va a quedar mucho mejor”, confía. Las ayudas para la reconstrucción empiezan a llegar. Lo que Consuelo todavía no tiene es un lugar donde quedarse hasta que su casa vuelva a estar en pie. “Le pedimos el favor a cualquier persona que pueda ayudarnos. Anoche vino una prima y le dije: ‘Usted que anda en moto, avíseme si sabe de algún lugar’’ Porque uno tiene que saber para dónde ir”. El Águila, hospital en ruinas, pero personal al frente De Roldanillo seguimos hacia el municipio de El Águila, en el extremo norte del Valle del Cauca. Allí el terremoto no solo golpeó viviendas, sino que también dejó en ruinas el Hospital San Rafael, el único centro asistencial del municipio y sus alrededores. Cuando el edificio empezó a moverse, pacientes y trabajadores salieron como pudieron. Una funcionaria quedó atrapada bajo un escritorio. Apenas terminó el sismo, dos compañeras regresaron al hospital, siguieron sus gritos y lograron rescatarla. No hubo muertos dentro del centro médico, pero el edificio ya no podía seguir funcionando. “Inmediatamente después del terremoto montamos un hospital de campaña. Sacamos las carpas de Misión Médica y las instalamos en el parque. Bomberos y Policía también ayudaron. Todo fue supremamente rápido. Sacábamos camillas, equipos y materiales, y los íbamos instalando en el parque para continuar la atención. Armamos una zona de urgencias y seguimos trabajando”, explica Olga Lucía Aguilar, la gerente del Hospital San Rafael.   Con el paso de los días surgió otra tarea: encontrar dónde seguir atendiendo a los pacientes. La urgencia salió del parque y se trasladó a una construcción que había servido anteriormente como hospital. Otros servicios fueron repartidos entre locales, un puesto de salud y una casa. Un mes después, cerca de 60 trabajadores continúan distribuidos en tres lugares diferentes. “La terapia física va para uno de los locales de afuera. Citologías y programas de prevención están en uno de los cubículos. El laboratorio clínico toma las muestras aquí, aunque los análisis deben hacerse en otro sitio. Luego los resultados se entregan acá”, comenta Olga Lucía Aguilar.  Cargando tejas a los 67 años En ese mismo municipio vive Amilbia Valle Gutiérrez. Tiene 67 años. La encontramos cargando tejas. Su casa creció al ritmo de lo que la familia podía conseguir: primero dos habitaciones, luego otra pieza y una pequeña cocina. El terremoto le arrancó el techo. Su esposo vive del jornal y desde entonces buena parte de sus días se van tratando de sostener lo que quedó. “Nos dicen que hay que esperar y esperar. Mi esposo fue a preguntar y le dijeron lo mismo, que hay que esperar. Y mire cuánto tiempo ha pasado. El terremoto fue el 10 de agosto y ya se cumplió el mes. Vivo con miedo de que se me moje la casita. Un señor noble me regaló un plástico y el otro lo compré con mucha dificultad”, dice. De regreso en Roldanillo, Luz Mary Justy sigue entrando a su casa para llenar recipientes con pedazos de pared, tierra y tejas. Los lleva hasta la calle y regresa por más. Una tarea que se ha tornado muy lenta por su edad. Tiene miedo de entrar, pero no se detiene. Le cuesta sostener el recipiente. Tiene 78 años y después del terremoto siente que está empezando de nuevo. “Nosotros no pensamos derribar la casa. Ya nos han dicho que tiene arreglo, que con una pared nueva y buenas vigas se puede salvar. Lo que pasa es que estas casas no tienen vigas de amarre, sino chonta”, explica. Un mes después, en el norte del departamento del Valle del Cauca, algunas paredes comienzan a levantarse. Otras casas siguen igual que el primer día de la tragedia. A unos la reconstrucción ya les llegó, a otros los dejó varados, contando los días bajo un plástico prestado.

El reclutamiento en Colombia es un flagelo latente que sufren muchos menores de edad. En 2025 se registraron 386 casos de niños, niñas y adolescentes. Una violación a los derechos humanos que va en aumento especialmente en la región del Cauca, en el suroccidente colombiano, donde la población indígena es la más afectada. ¿Pero qué pasa con la presencia del Estado? ¿Por qué se los llevan? ¿Cómo lo hacen? ¿Y qué papel protagónico están jugando las redes sociales? RFI se desplazó al departamento del Cauca, para intentar entender esta crisis.   "A los 15 años me encontraron trabajando en una finca. Cuando llegaron, me dijeron que si yo quería ser parte de ese grupo. Me recogieron y ahí fue donde me llevaron", cuenta Juan, cuyo nombre ha sido cambiado por seguridad y hace parte de las vergonzosas cifras de reclutamiento de menores que tiene la guerra en Colombia. 386 casos se registraron en el país en 2025, según datos oficiales, pero los números reales son mayores. El miedo inunda estas comunidades, que dicen sentirse desamparadas y controladas por grupos armados. El Cauca es el departamento donde hay mayor reclutamiento. Conviven grupos como las disidencias de las FARC, el ELN, bandas criminales y de allí viene Juan, del norte. Solo pasó una semana mientras lo convencían para que se fuera con uno de estos actores armados. "Me dejé convencer por el dinero, pues cuando yo llegué casi no conocía a la gente. Encontraba más jóvenes muchas veces mayores que uno o menores que uno. Son grupos que no sabría cómo diferenciarlos, porque son cosas que uno muchas veces no entiende de la guerra", cuenta el joven.  A los niños se los llevan a la fuerza o los seducen, pero en cualquier caso hablamos de reclutamiento forzado explica la mayor del Concejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Nini Johana Daza. "Hoy los grupos armados desafortunadamente lo han tomado como un factor importante escoger nuestros jóvenes, nuestras niñas y niños y convencerlos de que allá hay una oportunidad económica y quizás de que podrán tener mejores oportunidades. Entonces, se los llevan convencidos", indicó Daza al resaltar que, al tratarse de menores de edad, la persuasión también responde a este flagelo. "Mientras nosotros evidenciamos que ha habido una desventaja en ofrecerle oportunidades distintas a nuestros jóvenes, niños y niñas, de alguna forma es reclutamiento forzado porque están forzando a ver oportunidades donde realmente es una situación de muerte, que no lo vemos de otra manera".   Juan a sus 15 años ganaba 150 dólares mensuales trabajando en el campo y le prometieron 500 dólares mensuales si se iba a ese grupo armado. "Me dijeron que las cosas allá eran bien, que allá iba a tener un recurso para sustentarme, quería ayudar a mi familia", dice Juan, pero ese deseo solo le duró el primer mes, porque el dinero después no llegó.    Las redes sociales como arma de reclutamiento en auge  A algunos los contactan personalmente. Son extraños, amigos o enamorados, pero hay algo que está irrumpiendo de forma masiva y preocupa a organizaciones, padres y profesores, explica María Mercedes Lievano directora para Colombia de la ONG Save The Children: "Estos grupos están abogando en las redes sociales a una velocidad impresionante para seducir a los niños en estos territorios, haciendo una apología a la narco cultura, al poder, al dinero, a las motos”, indicó Lievano, agregando que dichos grupos armados se han especializado en estrategias de marketing muy robustas. "Dependiendo del sector o de la región del país, usa vallenatos (música) y apologías, entonces publican 'súmate a las filas', 'únete y tendrás poder', reconocimiento y, pues realmente tienen todas esas estrategias de seducción y captación para ser atractivos y vender una cultura, una falsa promesa de que vincularse a estos grupos les va a resolver muchos de sus problemas", indicó. El profesor Carlos, cuya escuela está en una zona rural del Cauca, sabe muy bien estos casos. "Conozco un caso de un chico que empezó a hablar con una niña muy bonita a través de Facebook. Se pusieron cita semanalmente como 5 veces y a la quinta semana de estar conversando, un comandante de un grupo al margen de la ley corre a la niña que estaba hablando y le dice: 'Juan, sabemos dónde vives, tu papá se llama tal y tu mamá se llama tal, el viernes te presentas acá o si no los vamos a matar a todos'. A él le tocó dejar botado todo con sus papás e irse, y eso fue a través de un engaño estructurado a través de las redes sociales", cuenta el docente.  Carlos indicó que a algunas jóvenes que reclutan a otros les pagan hasta  20.000.0000 de pesos (aproximadamente 5.000 dólares). "Es casi que una industria que está en este momento en auge. Tenemos niños reclutados desde los 10, 12 y 13 años", agregó.    Este profesor, a quien se le ha cambiado el nombre por seguridad, tiene que ver a algunos de sus pequeños estudiantes pasar de multiplicar a ponerse un uniforme, pues según las últimas cifras anuales de la Defensoría del Pueblo, casi la mitad de los menores tomados por el conflicto tienen menos de 15 años.       Cada 20 horas al menos un niño en algún rincón de Colombia es reclutado por un grupo armado, cuenta María Mercedes Lievano, quien resalta el miedo extremo que sienten estos menores. “Cuando van caminando a su escuela y encuentran un artefacto explosivo en mitad del camino o, por ejemplo, de aquellos niños o niñas que nos cuentan que una vez ya entran a las filas de los grupos armados, son niños de 10, 12 años que estando en la selva o combatiendo, y viven un terror muy grande”.   “Sienten la muerte todo el tiempo”  Además de los combates, en ocasiones son víctimas de violaciones y abusos sexuales, señala la directora de la ONG, quien recuerda que estos niños no tienen un entrenamiento, los tratan como adultos y cuentan el doble miedo que sienten cuando están en enfrentamientos. “El primero de que lo van a matar por impacto de bala y el segundo de que si se llega a esconder o se llega a escapar, igual va morir porque él tiene la amenaza que tienes que combatir y no te puedes escapar de estos grupos. De alguna manera, sienten la muerte todo el tiempo", señaló.   La sensación de que la muerte lo perseguía fue lo que hizo escapar a Juan de las filas en las que se encontraba desde hace dos años.  "Cuando uno siente que una bala casi se lo lleva a uno, esos son los momentos en los que no piensa en salirse de allá. Lo peor que me pudo haber pasado fue perder compañeros. Que en algún momento quise y aprecié como si hubieran sido hermanos de sangre. Muchas veces me quería volar, pero me daba miedo de que algo me pasara". Tras muchos intentos, Juan logró escapar, pues lo que más lo frenaba era el miedo de correr con la misma suerte de sus compañeros, quienes "muchas veces no alcanzan a escaparse y los matan".   Juan tiene algunas marcas en su cuerpo; los entrenamientos también son exigentes, dice. Los nuevos reclutas son utilizados para labores de extorsión, vigilancia, inteligencia o incluso en primera línea de enfrentamientos con la fuerza pública u otros rivales.   Dicho conocimiento lo tienen algunos ex integrantes de las Farc, quienes son objeto de chantaje por los grupos actuales, asegura un excombatiente y firmante de los diálogos de paz de 2016, que no dio su nombre por seguridad. "Hay algunas personas que en el pasado posiblemente fueron colaboradores nuestros y que hoy, conociendo nuestra condición de firmantes, buscan atraer al padre, por la experiencia que tenía, pero en consecuencia de la respuesta negativa de los padres, algunos estúpidos mandos medios nuevos de ellos usaban como forma de presión atraer a los hijos de estos", señaló el excombatiente de las Farc, agregando que algunos casos están denunciados y otros "lamentablemente ya perdieron a sus hijos en la guerra".    Abandono del Estado    ¿Pero por qué los grupos armados logran ejercer control de esta manera? ¿Y qué pasa con el Estado? La directora de Save the Children señala que uno de los mayores problemas que favorecen estas prácticas es el aislamiento en el que viven ciertos territorios.   "Hay que entender que en un país como Colombia desafortunadamente hay regiones donde el acceso es muy limitado, incluso para ONG humanitarias por temas de riesgo. Esa expansión de conflicto armado lo que genera es un una expansión del control social sobre las comunidades y las comunidades están amenazadas. Las comunidades tienen miedo, no denuncian”, subrayó Lievano, alegando que falta mayor presencia estatal, programas sociales y calidad educativa.   “Nosotros tenemos en el país territorios donde los niños a los 9 años no saben leer y comprender un texto simple, eso es pobreza de aprendizaje y eso hace que los perdemos rápidamente. Son niños que desertan del sistema educativo y son los que tienen mayor riesgo de incurrir en acciones delictivas", señaló. Ante el abandono del Estado, algunas comunidades han desarrollado mecanismos para rescatar a sus niños de la guerra, es el caso del “Camino de Enraizamiento”, un programa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) con apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que busca fortalecer los derechos de las menores víctimas de reclutamiento, una vez logran regresar a sus hogares, dice la mayora Daza, quien lamenta la dificultad para encontrar a los jóvenes, pues los grupos armados, a veces, los desplazan a otros departamentos para que sea más difícil encontrarlos, denunció.     Más allá de la atención, estas comunidades también rescatan, no siempre los chicos y las chicas logran escapar. A veces son las mismas madres quienes van en busca de sus hijos arriesgando sus vidas o la guardia indígena, indica José Tenorio, coordinador pol

La ruta canaria de la inmigraicón, que une África con las Islas Canarias, es una de las más letales. El año pasado 1.900 perosnas fallecieron en esta travesía intentando alcanzar suelo europeo. Sin embargo, llegar a tierra es solo un primer paso en busca de una vida nueva. En este gran reportaje seguimos el camino que cada año hacen miles de migrantes para aprovechar esta segunda oportunidad.  De nuestro enviado especial Manu Terradillos “Flotaba la gente en el mar. Tenía mucho miedo, no sabes si vas a sobrevivir o vas a morir". Así habla Djeneba Kane, originaria de Costa de Marfil. Forma parte de los miles de migrantes que cada año se juegan la vida para alcanzar las Islas Canarias desde África. El año pasado fueron casi 18.000 los que llegaron al archipiélago a través de la conocida como Ruta Atlántica o Ruta Canaria, una de las más peligrosas, navegando hacinados en pequeños barcos llamados cayucos o pateras. “Llegué aquí con 16 años, cuando estaba embarazada. Vine de Marruecos en patera. Gracias a Dios, yo llegué sana y salva, pero fue muy dura la travesía en patera. Fue muy complicada porque estaba embarazada. Cuando estaba en la patera, vomitaba y me mareaba", explica Djeneba sobre su viaje. Canarias se ha convertido en destino de la migración irregular africana, dada su cercanía con la costa oeste del continente. El viaje lo suelen iniciar a pie en su país, hasta alcanzar alguno de los países costeros, donde pagan en ocasiones miles de dólares para tener sitio en una de las frágiles embarcaciones. En ocasiones, no tienen elección en su búsqueda de una vida mejor. Leer también“No sabes si vas a sobrevivir”: La Ruta del Atlántico, travesía migratoria letal hacia las Canarias Kalili Soukouna partió desde su Mali natal: “Yo llegué aquí el 14 de febrero de 2005 y tenía 14 años. Estaba en mi país. Un día cualquiera, como hoy, mi mamá se puso enferma. No tenía medios para llevarla al hospital y, al final, tomas decisiones como estas. Era toda una aventura sin saber lo que me iba a encontrar. Antes de la embarcación estuvimos prácticamente un mes de caminata, porque no teníamos dinero para coger taxis, para coger autobuses, para cruzar la frontera de Mali hasta Mauritania, donde tomamos el barco. El viaje duró tres días en el cayuco, que nos trajo hasta aquí, hasta Maspalomas. Yo soy uno de los pocos afortunados que, por suerte, llegué y puedo contar la historia. Muchos no han tenido la misma suerte", continúa. Una ruta migratoria letal Como bien lo sabe Kalili, es afortunado, porque esta travesía se cobró 1.900 vidas el año pasado, convirtiéndose en una de las rutas migratorias más letales. Él pudo alcanzar tierra con su cayuco; en otras ocasiones, los migrantes son rescatados en alta mar. José Antonio Rodríguez Verona es técnico de primera respuesta de Cruz Roja. Está entre los primeros que reciben a los migrantes cuando son rescatados en alta mar o llegan a tierra exhaustos: “Yo muchas veces en lo que más me fijo de la persona es en la mirada. Son miradas de ojos perdidos, miradas que no miran más allá del propio muelle. Sobre todo dan las gracias, no a nosotros, sino por llegar al destino en buenas condiciones". En lo que va de año, Cruz Roja ha atendido a más de 3.000 personas en estas circunstancias. Cuenta cómo, poco a poco, su perfil ha ido cambiando con el paso de los años: "Normalmente vienen del sur de África. Mayoritariamente son varones de entre 18 y 24 años. Pero sí es cierto que también estamos notando un aumento de familias. Están viniendo familias completas. Es decir, está viniendo el padre, la madre, con un menor; o un padre con su hijo; una madre con su hijo. Siempre están alegres porque han pasado una travesía muy dura y ya están en tierra, que eso para ellos es lo más fundamental". Una visita de León XIV para despertar conciencias La visita del papa León XIV a las Islas Canarias en mayo fue un momento histórico. El sumo pontífice se desplazó a dos de las islas, Gran Canaria y Tenerife, que cuentan con importantes centros de recepción para estos migrantes. El tema central de su viaje no fue otro que el de la migración, para despertar la conciencia de aquellos que no lo viven en primera línea, pero también para llamar la atención sobre esta ruta atlántica tan mortífera. Eloy Santiago, obispo de Tenerife, estuvo entre quienes le recibieron:"Creo que la visita del papa León XIV a Canarias va a traer, sobre todo, la posibilidad de que, a nivel nacional e internacional, se ponga el foco en el conocimiento de las realidades migratorias en esta ruta atlántica mortífera. Hasta ahora se ha subrayado mucho el tema del Mediterráneo, el tema de Estados Unidos y América, y la Ruta Atlántica queda un poco en el olvido. La presencia del Papa permitirá que los focos internacionales y, ojalá, como consecuencia, los organismos internacionales, los países, etcétera, vean que la cuestión migratoria no es una cuestión que afecte meramente a Canarias, ni siquiera a España, sino que es global y exige una respuesta global por parte de las instituciones".  Sin embargo, llegar a tierra es el primer paso de un camino hacia una nueva vida. Kalili lo sabe bien, porque llegó siendo menor de edad, con 14 años. Aún hoy se dice sorprendido de la solidaridad y la ayuda que encontró: "Fue bastante complicado. Yo estuve en un centro de menores durante cuatro años. Allí conocí a un ángel, al que nosotros llamamos mamá Loli. Doy las gracias a esa persona que a mí me salvó la vida, porque tanto para la integración, el idioma y la alimentación… Gran parte de lo que soy hoy en día es gracias a ella". Maritza Legon trabaja en un centro de acogida de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, no muy lejos de Las Palmas, en Telde, en el barrio de Marpequeña. Ella misma nos recibe y nos abre las puertas de sus instalaciones. Allí conviven medio centenar de personas. Comen, duermen, pero, sobre todo, reciben formación para integrarse. Desde el idioma hasta tareas básicas como pedir cita para el médico o inscribir a un hijo en el colegio. "Las personas que viven en nuestro centro son solicitantes de protección internacional, lo que comúnmente llamamos asilo. Ahora mismo la mayoría son de Mali, pero hemos tenido épocas, dependiendo de cómo va el mundo y de la situación económica y geopolítica, en las que hemos acogido a muchas personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Honduras, Colombia, Rusia o Ucrania; muchas nacionalidades", cuenta a RFI. Además, Maritza explica que, antes de buscar su sitio en la sociedad española, muchos deben encontrar un momento de paz tras vivir una etapa traumática: "Tienen derecho a atención psicológica, porque muchas veces es muy, muy importante para que puedan ir avanzando. Muchos vienen con estrés postraumático por la experiencia que ha supuesto la travesía y la llegada aquí. Después van a clases de español hasta que alcanzan un cierto nivel y pueden pasar a buscar cursos de formación ocupacional. Esa es la parte fundamental, porque al final todas estas personas que llegan aquí lo que quieren es tener un futuro para trabajar y vivir dignamente, como queremos todos en la vida". El turismo, clave en la integración de los migrantes El turismo es precisamente uno de los sectores donde los migrantes encuentran trabajo. El año pasado las islas acogieron a cinco millones de visitantes, atraídos por sus playas y su clima, haciendo de este sector el gran motor de la economía de Canarias y aportando uno de cada cuatro empleos existentes. Estas robustas cifras económicas esconden un dato: la necesidad de la migración. Uno de cada cuatro trabajadores del sector es extranjero. Lo sabe muy bien José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas de Las Palmas. Pese a las políticas de inmigración que defienden partidos como la formación de extrema derecha Vox, él asegura que los migrantes son fundamentales. "Lo que pasa es que estamos en una situación donde se mezcla todo: ideas políticas intentando entrar en la economía, cuando realmente hay que ver la realidad, ver cómo España va a necesitar en los próximos años mano de obra. Tenemos una población envejecida, con jóvenes europeos, españoles y canarios que no quieren trabajar en el sector servicios, y donde la mano de obra migrante va a sustituir a esas personas que se van a jubilar en los próximos años y va a suponer una mayor riqueza para nuestros países", cuenta a RFI a la entrada de uno de los hoteles que gestiona.  Leer tambiénEn Canarias, donde el papa concluye su visita, la inmigración es esencial al turismo y la economía Entre esos trabajadores migrantes se encuentra Marcia Díaz, chilena llegada a Canarias hace 27 años. Empezó a trabajar de manera irregular, hasta que logró la documentación y ahora supera el cuarto de siglo de experiencia como camarera de piso en hoteles. Marcia no solo defiende la necesidad de los trabajadores migrantes, sino que además es portavoz en Canarias de la asociación Las Kellys, diminutivo de «las que limpian», que lucha para que este colectivo, formado principalmente por mujeres extranjeras, tenga mejores condiciones laborales. "La mayoría son mujeres migrantes, muchas de ellas sudamericanas, y también tenemos muchas compañeras africanas. La asociación se creó en 2014 mediante un grupo de Facebook, por las mismas razones de las que estamos hablando: las injusticias que se estaban cometiendo en los hoteles. Las camareras de piso somos una parte estructural de un hotel. Un hotel vende camas limpias. Por tanto, nuestro trabajo es esencial. Tenemos algo dentro de nosotras, como un fuego, esa necesidad de prosperar, de salir adelante y de no volver atrás a lo que estábamos pasando en nuestros países". Prosperar cuando se parte sin nada Ese es el siguien

Con ocasión de cumplirse dos semanas del doble terremoto que sacudió a Venezuela, nuestro corresponsal, Víctor Amaya, recogió los testimonios de sobrevivientes en La Guaira que tratan de sobreponerse al inmenso dolor y, en algunos casos, siguen buscando los cadáveres de sus seres queridos mientras denuncian el abandono y la desorganización de las autoridades. El miércoles 24 de junio de 2026 la alarma sísmica de los teléfonos celulares comenzó a sonar, pero muy pocos sabían qué significaba ni qué hacer. “En el momento que llega una alerta por mi teléfono, yo grito: ‘Niños, va a temblar’”, cuenta Osnervy Pérez. “Eran las 6h00. A las 6:04 no me había dado tiempo ni de salir”. La Guaira se convirtió en la zona cero del desastre. Aún hoy no se ha terminado de contabilizar cuántos cientos de edificios quedaron completamente dañados, ni cuántos se vinieron abajo. El gobierno afirma que se derrumbaron 190, pero con cada reporte el número aumenta.   Cada sobreviviente tiene su historia. Francisco, Magdalena, Antonella, Leandro, Anyuri, Génesis y Jérica nos contaron la suya. “Éramos siete personas en Residencias El Molino. En ese momento pega un estruendo muy fuerte y el piso se separa. Mi mente lo que dijo fue ‘nos morimos’. Y les grité muy fuerte. Yo pienso que sí me escucharon porque fue justamente antes de que todo se volviera oscuro. Les dije que las amaba con todo mi corazón, y de repente todo se vino abajo”, relata Francisco. “’Mami, ¿qué está pasando?’, me preguntó mi hijo. ‘Qué está temblando’, le respondí. Sobre mi bebé había escombros. Y por encima de nosotros estaba lo que era la platabanda del techo de mi casa, y nos separaba un huequito”, explica Magdalena. Leer tambiénVenezuela: adolescentes y rescatistas, prioridad dos semanas después del terremoto “Me dijo que me quería, que mi mamá era la mejor mamá del mundo, y volteó su cara como para que yo no lo viera fallecer, y murió allí. Aquí ustedes me ven hablando y super optimista, pero la verdad sí duele en el alma porque es perder a tu único hermano. Prácticamente mi hermano me crió”, dice Antonella. “Cuando llegué, el edificio ya estaba en el piso, derrumbado. Yo estaba buscando a mi papá, a mi mamá y a mi hermana. Saqué a mi mamá viva y se me murió en mis brazos”, cuenta Leandro. “Me arrodillé y le pedí a Dios. Aquí estaban mis cuatro hijos con mis nietos y sus parejas. Me dicen que sacaron a mi hija con sus tres niños”. En plena oscuridad estaba mi otro hijo, Moisés, todo tapado, excepto la cabeza”, dice Anyuri. “Una vez que el edificio cayó de golpe, empezó a temblar más duro. Tomamos la decisión de bajar por las escaleras. Preferimos morir en el intento y, como cosa de Dios, no nos cayó ninguna pared encima”, cuenta Génesis. “Yo vivía con mi mamá en la (torre) 33, piso 4, que cayó completica. Ahí no se pudo salvar nada”, dice Jerica. Un luto imposible por el momento  Han pasado 20 días y en La Guaira todavía no hay luto. La emergencia no ha terminado. Cientos de venezolanos aún buscan entre escombros a víctimas del doblete sísmico, de 7,2 y 7,5. Aspiran encontrar milagros con vida, pero también quieren encontrar a sus muertos. Augusto Rojas, residente en el urbanismo “Hugo Chávez”, perdió a sus dos hijas. “Yo tuve dos pérdidas y todavía no me lo creo. Estoy parado aquí frente a mi torre y no me creo todavía lo que ha pasado. Yo que tengo pérdidas tengo que recuperarme porque soy el pilar de la casa”, dice Augusto Rojas. Jenny Varela aún aspira encontrar a los suyos en un edificio que se hundió dejando decenas de personas enterradas. “No me permito entrar en luto porque tengo que verlos. Tengo la fe de que ellos están vivos. Pero en estos momentos no viene nadie, nadie nos apoya. ¿Cómo me quito yo esta incertidumbre de si están o no están vivos?”, dice. Leer tambiénTerremotos en Venezuela: Delcy Rodríguez pide al rey de Inglaterra liberar el oro venezolano Maryori Aponte no pierde las esperanzas. “Mi hijo, su esposa y mi nieta Marcela estaban allí. Al parecer nos dicen que hay una bodega en planta donde presuntamente hay 16 personas y están tratando de meterse, abriendo como un huequito para que tengan oxigeno”, explica. “Abajo, en esas dos torres, hay unos sótanos que vienen siendo los tanques subterráneos. Ahora pasaron un aparatico los compañeros voluntarios. Se ve agua y como un espacio de calor. Tenemos esperanza de que allí haya gente de los que estaban en planta baja o piso bajo”, afirma Aponte. Los edificios "OPP", desplomados  Entre los edificios caídos hay residencias de gran y mediana altura. Quizá los edificios de mayor densidad eran los llamados Oficina de Planificación Presidencial (OPP), los cuales fueron construidos durante el gobierno de Hugo Chávez. Cientos de apartamentos en esos conjuntos residenciales quedaron destruidos, con varias de sus torres completamente apiladas. Luis y Gabriela buscan a los suyos denunciando la falta de apoyo gubernamental, la cual ha sido tardía e insuficiente ante una situación también inabarcable, cuyas respuestas más efectivas han quedado en mano de la asistencia internacional. “Aquí nos encontramos con muchas personas voluntarias que vienen de México, Valencia o Maracay. Estamos agradecidos con cada uno de ellos porque vienen a prestarnos apoyo para levantar estos escombros y así poder rescatar los cuerpos de nuestros familiares”, dice Luis. César Padrón, otro residente de ese urbanismo, relata: “Aquí vivía mi hijo de 10 años y su hermanito de 12 años. Con el derrumbe no pudieron salir de ahí, Hemos estado cavando. hemos abierto cinco agujeros y nada”, dice César. “Ya van dos semanas que llevamos pidiendo maquinaria. La torre de al lado, toda esa maquinaria que usted ve, toda esa ayuda, es porque allí viven policías. Ellos están tratando de sacar a su gente. En la torre del otro lado también vivir un militar y tenía un pocotón de maquinaria, pero como sacaron a su gente, pues se llevó todo”, denuncia Gabriela. Buscando con las uñas  Marcos busca a su hijo en el edificio Belo Horizonte, en Playa Grace, que colapsó sobre sí mismo apilando seis pisos en una sola planta, donde estaba el muchacho de 16 años. Junto a amigos y a su esposa ha liderado los esfuerzos de rescate en esta zona de Playa Grande, en La Guaira, donde afirma que funcionarios se acercan para ver, documentar y “hacer show”, pero no para ayudar. “Vienes después de dos semanas de este desastre a decirme que tenemos que seguir un protocolo. No, güevón. La primera persona que yo salvé, la bajé con líneas del cable del internet. Fue la primera persona que sacamos viva de aquí. Fue la única. De resto han sido uñas, palitos, tubitos… He sacado más de 20 cadáveres. A mi esposa le ha tocado reconocer a más de 50 muertos. Yo soy mecánico. Estoy acostumbrado a ver piezas de carros rotas, no piernas ni orejas ni personas desmembradas”, subraya. Leer tambiénVenezuela: transforman un McDonald's en hospital de emergencia Marcos admite el daño psicológico por ver tanta muerte, como otro rescatista que nos dijo que ha rescatado en otro punto del territorio a 11 muertos, incluyendo cuerpos de niños severamente dañados. Entretanto, los voluntarios aún piden máquinas para levantar losas completas, pero no hay suficientes, se dañan, les falta combustible o simplemente alguien pagó más por ella. “He escuchado que piden 650 dólares el día. Pero no sabría decir si es cierto porque no he buscado. Tampoco tenemos los recursos hacerlo”, nos confía Egly Matos. No muy lejos de ella, José Liendo dice: “Queremos que nos ayuden con maquinarias para retirar escombros y poder recuperar a nuestros muertos y así poder darles su cristiana sepultura”, dice. “No tenemos la culpa de que, teniendo en cuenta la magnitud de lo que pasó aquí, se nos dañen las máquinas cuando estamos trabajando. Esta máquina está parada porque le falta un repuesto, un turbo. Hemos amanecido, tres, cuatro, cinco días, amaneciendo aquí sacando gente, sacándola de los escombros”, dice Edgar, maquinista. “Tengo amigos a los que les están cobrando para sacar a los familiares de los escombros. Eso está mal. El gobierno, la alcaldía, tiene que apoyar con maquinaria y no que uno tenga que pagarla privadamente”, opina Emilio. Oscar lidera un equipo de maquinistas que trabajan en edificios privados. “El domingo fue el día más terrible para mí porque me llegaron muchas familias de otros edificios pidiéndome apoyo. Hasta ofreciéndome dinero: ¡1000 dólares! Una señora me pidió sacar a sus hijas, se me arrodilló, me abrazó. Cuando pudimos hacerlo, la apoyamos y sacamos a las niñas. Fue fuerte. El domingo fue horrible para mí. Esta experiencia no se la deseo a nadie, a nadie”, dice Emilio. Frente a cada edificio derrumbado, y los hay por cientos a donde vaya la mirada en La Guaira, hay voluntarios sobre los escombros tratando de rescatar cuerpos, mientras otros hacen el recuento de cuántos familiares les faltan. “Mira, habían sacado cuatro personas vivas, también varios cadáveres, como tres… era una familia de siete en total”, dice Gustavo Bastardo. “Fueron dos, tres, cuatro, cinco personas conocidas directas. Amigos míos. No te miento. Te puedo decir que perdí unos 35 amigos, 35 amigas, 30 niños que eran hijos de esos amigos. Y los conocidos lejanos… ¡infinidades!”, agrega. “En la OPP 26 y en la OPP 27 perdí como 20 familiares. Ya hemos rescatado 17, y me faltan tres todavía. Pero ahorita no podemos entrar porque hay unas columnas y debemos picar las cabillas para poder avanzar. Necesitaríamos una planta con un esmeril y el martillo eléctrico para poder avanzar”, explica otro sobreviviente. Riesgo de más derrumbes  Pero Protección Civil ya adviert

El jurado del Premio Reportaje de RFI en Español, dirigido a estudiantes de periodismo en universidades del continente americano, entregó una mención especial al reportaje “Sobreviviendo en el camino” de Nadira Jave, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) de Lima. El reportaje explora con testimonios y análisis un fenómeno que afecta a las mujeres peruanas: el acoso en el transporte público.  Un reportaje de Nadira Jave Son las seis y media de la mañana en Lima. Miles de mujeres se preparan para salir de casa. Pero antes de cruzar la puerta, se miran al espejo y se hacen una pregunta que ningún hombre se hace: ¿esta ropa es segura para viajar? Gloria Corcuera, de 34 años, madre y trabajadora de una tienda de ropa, se hace siempre esta pregunta: “La vestimenta también, sí. La he cambiado también bastante". Cifras importantes y en aumento Patricia Escalante, de 22 años y estudiante universitaria, también se pregunta lo mismo: "Me ha gustado vestirme de una forma, de una manera, que en la calle... es totalmente incómodo". Desde los 13 años, desde que Patricia empezó a transportarse sola, ha tenido que calcular cada decisión: qué ponerse, por dónde ir, a qué hora salir. Según cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), cada día, aproximadamente dos millones y medio de mujeres peruanas viven con una realidad brutal: sufrieron acoso por primera vez en el transporte público cuando eran adolescentes y, desde entonces, viven en modo supervivencia. Leer tambiénEl estudiante colombiano Mateo López es el ganador del Premio Reportaje de RFI en Español 2026 Entre noviembre de 2022 y marzo de 2024, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) registró 415 casos de acoso sexual en el transporte público limeño. Pero estas cifras son apenas la punta del iceberg, pues siete de cada 10 mujeres en Lima y Callao han experimentado alguna forma de acoso. La pregunta no es si les ha pasado, sino cuántas veces. Gloria Corcuera tenía 17 años cuando experimentó por primera vez lo que millones de limeñas conocen demasiado bien. Estudiaba cerca del centro de Lima y tomaba la combi por la avenida Arequipa. Ese día, como tantos otros, iba vestida con su uniforme: pantalón sastre y blusa. "Cuando tenía 17 años y ya me tenía que ir a estudiar, en ese tiempo estudiaba por la avenida Arequipa y me iba en la [línea] D o sea, el carro estaba full y de repente un señor se me pegó bastante. Un señor mayor se me pegó y empezó a sobarse. Entonces yo me puse de costado, me cambié y el señor seguía sobándose. Yo le dije: '¿Qué tiene?' Y se hizo el loco. Bueno, lo insulté y la gente lo sacó del carro", recuerda Gloria. Patricia Escalante no recuerda con exactitud cuándo comenzó. Pero recuerda la sensación, los roces que se justifican con la excusa de "el carro está muy lleno". Las miradas. El miedo. “Cuando se han apegado mucho a mí o dándole excusas de que, ay, no, el carro está muy lleno o el tren está muy lleno, cuando en realidad solamente querían simplemente ser asquerosos los hombres”, denuncia. Lamentablemente, la experiencia de Gloria y Patricia no es única. La ATU reportó 377 casos de acoso sexual entre 2022 y enero de 2024 en los principales sistemas de transporte masivo de la ciudad: el metropolitano, un sistema de buses rápidos, los corredores de buses urbanos y la línea 1 del metro de Lima. Las denuncias subieron de 112 casos en 2022 a 237 en 2023. Y la tendencia continúa: hasta noviembre de 2024, se registraron 256 casos solo en el metropolitano. un incremento del 128% respecto al 2022. Estrategias de supervivencia, entre cambios de ropa y de ruta Pero detrás de cada estadística hay mujeres que, desde el día en que sufrieron acoso, ya no volvieron a vivir igual. Lo que las estadísticas no muestran es lo que viene después del acoso: la transformación de cada decisión cotidiana en una estrategia de supervivencia. Gloria no solo aprendió a defenderse, sino que también aprendió a restringir su propia vida. "Bueno, ahora ya tomo otras rutas, ¿no? Me voy en moto al paradero. Trato de, como hay aplicativos de taxis que cobran cómodo, irme en taxi. Ya no evito roces, evito directamente que me molesten", explica. Patricia también lo hizo. En su casa se siente libre, pero en la calle es diferente: "En mi casa me puedo sentir libre, pero salir de ahí, que me miren los hombres, que me juzguen por simplemente mostrar un poquito de piel o cuando estoy usando falda y tener que siempre pensar: 'no, tengo que usar un short debajo porque van a verme por detrás'", cuenta. Así como Gloria y Patricia, miles de mujeres limeñas han modificado su guardarropa completo. Nada de faldas, nada de shorts, nada de escotes. Solo ropa holgada, incluso cuando el calor de Lima es insoportable. Se visten pensando en el transporte, no en lo que quieren usar. Calculan cada prenda pensando en las escaleras, en el viento, en las miradas. Leer tambiénKilómetros de agua: la odisea de vivir sin grifo cerca de Medellín Pero la ropa es solo el principio. También cambian rutas. Rechazan oportunidades. Gastan más en taxis. "Siempre pido trabajar cerca de mi zona para poder irme en moto y no tomar la combi", comenta Gloria. Gloria no está sola, otras mujeres viven lo mismo. Patricia complementa: "He tenido que hacer trayectos más largos y gastar un poco más para no toparme con lugares que creo que son peligrosos para mí". Según datos de la ATU, el 70% de las víctimas cambian su patrón de viaje, modificando horarios y paraderos para evitar repetir la experiencia. Patricia gasta aproximadamente 70 soles extra al mes solo en transporte seguro, setenta soles que podría destinar a libros, comida, cualquier otra cosa, pero los destina a su supervivencia. "He tenido que usar taxi, he tenido que usar más de un bus, o el bus o el metropolitano o bus o tren para tener que sentirme más cómoda. Durante el mes podré haberme gastado unos 70 soles aproximadamente en pasaje", señala Patricia. Dentro del transporte, cada viaje es una operación táctica. Patricia ha desarrollado estrategias precisas: "Cuando voy en el bus, me siento en los asientos que son para una persona. Cuando voy a veces en el metropolitano, intento estar cerca, pegada al chofer, porque es el lugar más libre y más tranquilo en el que puedo estar. Y cuando he ido al tren, lo mejor es apegarme a la ventana, porque ahí no tengo que estar en contacto con nadie”, detalla. Estas estrategias se volvieron automáticas para Patricia desde que tenía 13 años. La edad en que una niña debería preocuparse por la escuela, por sus amigas, por descubrir quién es. No por cómo sobrevivir en el camino. "Me da ansiedad saber que en algún momento me puede pasar algo. Agradezco mucho que... hasta ahora no me ha pasado algo peor", confiesa. Mismo nivel de hipervigilancia que en contextos de guerra Cambiar de ropa, de rutas, de horarios, gastar más, limitar la propia libertad, vivir en alerta constante. Son estrategias que tienen un nombre en psicología: hipervigilancia. Para Marcia Melgarejo, psicóloga social-comunitaria especialista en trabajo con poblaciones vulnerables con enfoque de género, este fenómeno tiene raíces que van mucho más allá del momento del acoso. “También es importante precisar que no solo se trata de estar atento. Estar atento no es hipervigilancia. Es más, involucra más todo un proceso detrás, también la activación sostenida, el hecho de que es tarde y qué pasará. De manera que todo el día, en un largo transcurso del tiempo, afecta a nuestro sistema nervioso. Incluso cuando no existe peligro inmediato. Una mujer que se encuentra en un estado de acoso constante tiene el mismo nivel de hipervigilancia que personas que han ido a estados de guerra”, explica. El mismo nivel de hipervigilancia que en contextos de guerra. Esa es la realidad que viven Patricia, Gloria y miles de mujeres cada día en el transporte público de Lima. Y las consecuencias no se quedan solo en lo momentáneo. “Genera ansiedad crónica porque vives constantemente con el ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a suceder mi entorno? También insomnio porque no puedo dormir. No sé qué va a pasar en mi entorno. No sé si mañana va a suceder algún tipo de acoso en el transporte público. Porque somos mujeres, muchas veces trabajamos, entonces tenemos que utilizar el transporte público diario. También agotamiento emocional, irritabilidad por lo mismo del cansancio, por lo mismo del insomnio, por lo mismo del agotamiento”, señala la psicóloga. Ansiedad crónica. Insomnio, irritabilidad, síntomas similares al estrés postraumático. Pero también hay un costo en lo psicosocial: pérdida de autoestima, reducción de autonomía, limitación para transitar libremente el espacio público. Y un costo económico real. “No solamente afecta a estas situaciones de alteraciones psicológicas, estados psicosociales como la pérdida de autoestima. Muchas mujeres internalizan eso de que debemos protegernos”, prosigue Melgarejo. “Y para protegernos debemos modificarnos a nosotras mismas. La forma en la que vestimos, la forma en la que caminamos, por dónde caminamos. Voy a tener otras alternativas como ya el transporte privado que vendría a ser los taxis. Tendría que gastar más, tendría que invertir más. Me parece que tengo que trabajar más”, sentencia. Un problema estructural y normalizado Pero ¿por qué este problema persiste? ¿Por qué se normaliza hasta el punto de que las víctimas son quienes modifican sus vidas en lugar de los agresores? Vanessa Arias es presidenta de "Paremos el acoso callejero", una organización feminista que desde hace años trabaja en visibilizar y combatir esta forma de violencia de género en los espacios públicos. Para ella el problema no solo es individual, es estructural. “Esto empezó como un ob

La memoria oral indígena y nuevas investigaciones muestran cómo las misiones jesuíticas en Paraguay no solo fueron un refugio sinónimo de progreso para los guaraníes, sino que también fueron un instrumento de control, despojo de tierras, trabajos forzados e imposición cultural. Hoy, guías guaraníes empiezan a contar su propia versión en las ruinas, completando una historia que durante siglos fue narrada casi exclusivamente por voces europeas. Un reportaje de Santi Carneri. Cuando pensamos en las Misiones Jesuíticas solemos recordar la película La Misión, estrenada en 1986 y protagonizada por Robert De Niro y Jeremy Irons. Algunos recordarán iglesias monumentales, esculturas barrocas y coros indígenas interpretando música sacra. Durante siglos, la historia oficial de la Iglesia Católica contó que los jesuitas llegaron para salvar a los guaraníes de la esclavitud, enseñarles nuevos oficios y construir junto a ellos una experiencia de hermandad entre europeos y nativos. Algo extraordinario en la América colonial. Todavía hoy miles de turistas recorren las ruinas de Trinidad, Jesús o San Cosme y Damián en Paraguay para admirar ese legado. Pero existe otra versión de la historia. Una que rara vez aparece en los libros escolares. Una historia transmitida por los propios guaraníes de generación en generación y refrendada por historiadoras y antropólogos de ambos lados del Atlántico. Porque aquellas misiones no sólo fueron iglesias y prosperidad. A comienzos del siglo 17, los jesuitas fundaron una red de pueblos que se extendió por los actuales territorios de Paraguay, Argentina y Brasil. En total llegaron a consolidarse 30 reducciones, llamadas así porque reducían a un pequeño espacio a miles de familias guaraníes que solían vivir en el bosque en grandes extensiones de tierra. “Quizás fue la mejor opción” La versión tradicional de los hispanistas religiosos y nacionalistas españoles explica que estos pueblos nacieron para evangelizar y proteger a los indígenas. Una versión que sigue en boga entre influencers y guías turísticos. “Allí se crearon 30 reducciones jesuíticas, donde convivieron con el mismo estatus social los padres jesuitas y los indios guaraníes, protegidos por las leyes de la corona española que prohibían la esclavitud, la explotación y otras injusticias similares”, afirma un influencer. Ana Belén Espinosa, coordinadora de Patrimonio de las Misiones Jesuíticas de Paraguay, explica a RFI que “estas misiones jesuíticas nacen con el objetivo de evangelizar a los nativos y protegerlos también en lo que era esta selva antiguamente. En esa época los guaraníes estaban expuestos a ser llevados, a trabajar como esclavos por los bandoleros portugueses o a ser sometidos al sistema de encomienda”. “Entonces, si bien por ahí esa evangelización significaba una ruptura de la propia cultura de los indígenas, algo negativo por decir, en esa época quizás fue la mejor opción, ya que los indígenas estaban también expuestos a estos otros peligros”, subraya. La amenaza era real. Durante décadas, los colonizadores españoles y grupos armados portugueses conocidos como “bandeirantes” penetraron en la región para capturar a indígenas y venderlos esclavizados. Varias misiones fueron atacadas y saqueadas. Ante esa situación, los jesuitas ofrecían refugio. Pero los trabajos de historiadores como Pablo Rodríguez Pérez, de la Universidad de Salamanca, o la antropóloga argentina Laura Szmulewicz, recuerdan que las reducciones también respondían a otro objetivo: concentrar a poblaciones indígenas dispersas para facilitar su control. No eran solamente refugios, también eran instrumentos del proyecto colonial.   “Nuestra sociedad y nuestras sociedades están tomando esa historia de las misiones jesuíticas con los guaraníes y otros pueblos indígenas, como una historia según el gusto. Para algunos es una historia difícil y conflictiva, para otros es una historia feliz", dice a RFI Benno Glauser, investigador de origen suizo afincado en Paraguay que trabaja con pueblos indígenas desde hace más de 30 años. Glauser destaca que la actividad de los religiosos europeos trajo una modificación profunda - hasta tergiversación - del idioma guaraní en sus variados dialéctos hablados por los diferentes pueblos guaraníticos. La modificación refleja la religión y cultura de los misioneros. Para dar un ejemplo: el sufijo "-mi" en el idioma Mbya- Guaraní tal como hoy lo encontramos todavía en sus cantos religiosos señalaba algo sagrado; en el guaraní paraguayo de hoy significa meramente "pequeño". “Una imposición de cultura y creencia” Las misiones supusieron también la pérdida de tierras, trabajos forzados, imposición cultural y resistencia, mucha resistencia. Tres siglos después, en Paraguay se da un hecho insólito e histórico: tres guías turísticos guaraníes han comenzado a contar esa otra versión. La que escucharon de sus abuelos. Por primera vez ambas historias pueden escucharse juntas. Entre las ruinas de San Cosme y San Damián trabaja el joven guía Verá Miri, aunque en su identificación laboral aparece otro nombre, Lucas. “Sí, tengo mi nombre guaraní, mi nombre nativo es Vera Mini. Vera Mini. Significa pequeño brillante”, comenta. Verá Mirí vive en su comunidad, no muy lejos de la misión, donde resisten precariamente pese a la enorme riqueza agrícola que los rodea. Todos los grandes hacendados que poseen miles de hectáreas de tierra son de origen español, alemán e incluso ruso. Pero los guaraníes han quedado recluidos en pocas hectáreas. Las únicas, por cierto, donde se conserva el bosque nativo. Cuando explica las misiones a los visitantes, Verá Mirí comienza donde muchos relatos oficiales terminan: en la tierra. “Sí, primeramente en realidad los europeos sacaron tierra de los guaraníes. Anteriormente habitaban solo los guaraníes. Y en realidad fue una invasión para los guaraníes. Y nos quitaron nuestra tierra. Desde ahí los guaraníes ya no pudieron vivir como antes, o sea, como vivían anteriormente. Fue una nueva imposición de cultura, de creencia para los guaraníes”, cuenta. Las impresionantes construcciones que hoy admiran los turistas fueron levantadas por miles de indígenas. Piedras extraídas a kilómetros de distancia y transportadas sin maquinaria alguna. “Los guaraníes fueron los que hicieron las manos de obra. Esa piedra los guaraníes la sacaban de una alquería que está a seis kilómetros de acá”, explica el guía. La historiografía tradicional suele destacar la prosperidad económica de las misiones. Los guaraníes producían ganado, cultivaban alimentos y desarrollaron plantaciones de yerba mate. Pero la memoria oral conserva otro recuerdo, apunta Verá Mirí: “Para esa época fue un trabajo pesado para los guaraníes. Y ellos trabajaban como esclavos porque no había tecnología como hoy en día”. Una relación compleja y teñida de resistencia La relación entre jesuitas y guaraníes fue mucho más compleja de lo que sugieren los relatos simplificados. Por un lado, las misiones protegían a los indígenas de los esclavistas portugueses. Por otro, exigían obediencia. Los investigadores han documentado castigos físicos dentro de las reducciones. Algunos jesuitas describieron cómo mujeres y niños eran azotados para corregir conductas consideradas inapropiadas. La vida cotidiana estaba cuidadosamente regulada. Trabajo, oración, horarios y disciplina formaban parte del sistema. “Los europeos ya también usaban armas y sí o sí obligaban a los guaraníes a asistir a la misa, trabajar, y les decían que los iban a proteger también de los bandoleros, porque había grupos que perseguía mucho a los guaraníes”, subraya Verá Mirí. Sin embargo, la realidad no fue igual para todos. Algunos guaraníes encontraron en las reducciones una forma de escapar de la esclavitud. Otros aceptaron la nueva organización social. Pero muchos se resistieron. “La relación entre los religiosos y los guaraníes es un tema complejo, ¿verdad? Porque como todas las historias, tiene sus matices”, comenta Ana Belén Espinosa. Existe una imagen muy extendida e interesada que presenta a los indígenas como espectadores pasivos de la historia. Pero los documentos muestran algo diferente. Cuando los bandeirantes atacaron las reducciones, miles de guaraníes tomaron las armas. En 1641, derrotaron a los esclavistas portugueses en la batalla de Mbororé. Y años más tarde protagonizarían otra rebelión todavía más importante, la Guerra Guaranítica, entre 1754 y 1756. Todo comenzó cuando España y Portugal acordaron intercambiar territorios. Casi 30.000 guaraníes debían abandonar las tierras donde habían vivido durante generaciones. Muchos se negaron y se enfrentaron a los ejércitos de ambas coronas. Los guaraníes no estaban dispuestos a aceptar cualquier decisión impuesta desde Europa. Darle voz a las comunidades guaraníes Durante mucho tiempo, la historia de las misiones fue contada principalmente por cronistas religiosos e historiadores europeos. Los guaraníes aparecían en ella, pero rara vez hablaban con su propia voz. Eso empezó a cambiar en 2017. “Empezamos a darle protagonismo a estas personas de las comunidades guaraníes. Empezamos a aprender muchísimo de ellos y eso también transformó las visitas. Si por ahí antes hacíamos visitas que tenían un tenor histórico, arquitectónico, hoy en día se hacen unas visitas que transmiten lo que tiene que ver con el modo de ver, el modo de vivir de las comunidades guaraníes”, detalla comenta Ana Belén Espinosa. Hoy los visitantes no sólo aprenden sobre arquitectura barroca. También escuchan historias sobre el idioma guaraní, los conocimientos ancestrales y la forma en que las comunidades recuerdan aquel pasado. Para Verá Mirí, la supervivencia de esa m

Una de las selecciones favoritas para ganar la Copa Mundial de Fútbol 2026 es Argentina, actual campeón y poseedor de tres títulos. Para desentrañar qué es lo que hace que el país de Di Stéfano, Maradona, Messi sea una potencia productora, no solo de jugadores, sino también de directores técnicos de primer nivel, nuestro corresponsal en Argentina visitó clubes y academias de Buenos Aires y Rosario, donde habló con formadores, técnicos, captadores y aspirantes a jugadores que sueñan con jugar en las grandes ligas. Argentina es una máquina de producir jugadores de clase mundial no solo para su selección nacional, sino para los mejores equipos del mundo, entre otros, los que compiten en la Champions League europea. Argentina también es una productora de directores técnicos de enorme nivel: seis selecciones son dirigidas por argentinos en este Mundial. El Club Parque, en la Ciudad de Buenos Aires, es un histórico semillero de grandes jugadores de fútbol. En la entrada, un cartel dice que el club es "cuna de cracks". En sus paredes están colgadas las camisetas de futbolistas notables que se formaron ahí. "Estos son muchos de los chicos que salieron del club. Bueno, ahí está la mía, La Paglia", dice César La Paglia, director deportivo del Club Parque. La Paglia tuvo una carrera exitosa como futbolista en Argentina y Europa, además de jugar en juveniles de la selección albiceleste. Mientras hablamos, los chicos están practicando baby fútbol, una versión del deporte que se juega en canchas más pequeñas; y que favorece el control, la gambeta corta, la velocidad mental y la creatividad bajo presión. Eso contribuye al desarrollo de jugadores rápidos, pícaros y habilidosos. Todo empieza con el "baby foot"  Para La Paglia, el “baby fútbol” permite trabajar muy bien los fundamentos del deporte. "A ver, lo más importante en el baby fútbol siempre es el pase, se trabaja mucho lo que es el control y el pase, y después se trabaja con conos, lo que es la técnica, se usa mucho la pisada en el baby fútbol, pisar para un lado, pisar para el otro". “Buen jugador se nace”, cree La Paglia, pero la formación es clave. Y esta etapa es fundamental. "En el desarrollo de un jugador de fútbol, futuro jugador de fútbol, esta es para mí la instancia que los chicos más incorporan, es el 'infanto juvenil' digamos, es el preescolar o el jardín de infantes de los chicos del fútbol, donde desarrollan toda la parte técnica, si bien el chico naturalmente ya viene con la técnica, pero acá se le mejora mucho". "Gracias a los profes juego así" Nahuel Díaz tiene diez años, juega desde los tres, y tiene claro qué es lo que aprende aquí. "Aprendí muchas cosas: control del balón, pegarle fuerte al arco, empeine, y también zig zag. Todo eso me lo enseñaron los profes. Gracias a los profes puedo jugar así". La dedicación al deporte no es solo de los niños, es también un compromiso para toda la familia. Así lo explica Cristian Díaz, papá de Nahuel. "Hay toda una logística importante a nivel familiar, tanto los horarios de colegio, salida de las corridas, venir acá, o ir al otro club. Incluso los sábados hay que compaginar también con mi trabajo. Mi señora también trabaja. Es todo un tema de cuadrar los horarios para llegar a cumplir con los entrenamiento y los partidos.   Cristian dice que se cuida mucho de no generar una presión excesiva sobre su hijo, algo que ocurre en algunos casos. Es que para los chicos y sus familias el fútbol puede ser una vía de ascenso social y prestigio, lo que aumenta la presión sobre ellos, pero explica asimismo el número creciente de jugadores que intentan profesionalizarse. Rosario, "ciudad-cantera" de cracks Rosario, situada a 300 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires,  es, con relación a su cantidad de habitantes, la principal cantera de grandes jugadores de Argentina. En su costanera, un cartel asegura que esta es la Capital Mundial del Fútbol. Aquí nació Lionel Messi y la ciudad lo recuerda con murales en varios edificios. Uno de ellos, que muestra a un Messi de niño, vigila desde un edificio las instalaciones del modesto club de barrio en el que dio sus primeros pasos en el fútbol. Abanderado Grandoli, con sus colores naranja y blanco, y su cancha de césped amarronado por el otoño, recibe a niños que disputan una fecha del torneo local. Leandro Zavala mira uno de los partidos, es profesor de los chicos de la categoría 2018, y cuenta qué implica que Messi haya jugado aquí. "Es un orgullo de que sus primeros pasos hayan sido acá. Esto es algo que uno le transmite también a los chicos, a mí que me tocó arrancar con los de 2018, se los transmito para que ellos lo sepan, para que sepan qué escudo están defendiendo, qué colores, para que recuerden que el mejor del mundo pasó por acá, estuvo en esta misma cancha". Leandro es también papá de Benjamín, de 10 años, quien sueña con una carrera en el fútbol. "Me gustaría mucho jugar profesionalmente, me encantaría. Es uno de mis sueños. Me gustaría mucho jugar en Europa, algún equipo de Europa como Barcelona, Real Madrid. Y en la selección argentina, obviamente". Leer tambiénColombia, cuna de talentos futbolísticos para los clubes europeos y el Mundial A diferencia de otros países en los que el fútbol infantil es puramente recreativo, en Argentina los niños juegan en torneos competitivos. Los chicos como Benjamín se toman muy en serio el fútbol. "No me gusta faltar al entrenamiento mucho porque pierdo el rendimiento. Y es demasiado feo cuando perdés el rendimiento o cuando te enfermás", dice Benjamín. El amor por el fútbol atraviesa todo aquí. Esa obsesión que hay en Rosario con el deporte, el jugar en todos lados, todo el tiempo, explica también por qué tantos grandes futbolistas emergen de esta ciudad-cantera. Así lo explica Leandro Zavala: "Vivimos jugando al fútbol en cualquier parte de la ciudad, en cualquier parte estamos jugando al fútbol. Vas al parque y ves chicos jugando al fútbol, ves grandes, a nivel nacional también es así, pero en Rosario se vive de otra manera". La formación en los cientos y cientos de clubes del país, el acompañamiento de las familias, el respirar fútbol día tras día, todo el tiempo, explican en parte por qué Argentina produce tantos grandes jugadores. Pero parece haber algo que los futbolistas argentinos traen casi desde la cuna. Jugar en potreros, la gran diferencia "Siempre me llamó la atención. Yo digo, acá pasa algo que no pasa en otros lugares. Entonces alguna respuesta tiene que haber", dice Sandra Rossi,  especializada en medicina del deporte. Ella trabaja en neurociencia aplicada al alto rendimiento en el club River Plate, de Buenos Aires, y tiene una posible respuesta a la pregunta de qué es eso que los jugadores argentinos parecen traer desde la cuna. "Cuando todas las cosas están previstas, cuando vos tenés rutinas, cuando todo está bien, cuando las canchas son impecables, hay poco desafío para el cerebro. Argentina es un país en el que exactamente nos pasa lo contrario. Nunca sabemos qué va a pasar mañana. Y los chicos, sobre todo los que llegan, los que se van acercando al fútbol profesional, por lo general vienen de lugares que son potreros. El potrero es para mí el primer laboratorio de neurociencia que existe, tiene las características de la imprevisibilidad. Son terrenos de tierra donde uno no sabe cómo va a picar la pelota. Entonces, ese chico a la fuerza tiene que desarrollar un control de su cuerpo mucho más fino que un chico que empieza a jugar al fútbol en una cancha que está perfecta. Considero que esa es una de las grandes ventajas de los argentinos". Esos son, justamente, los chicos que buscan los clubes como River Plate. "Nos acercamos a los chicos, tratamos de ponernos cerca de él, le preguntamos el nombre, de dónde sos, ¿siempre jugaste en esta posición? ¿No te animás a jugar en otra posición?", explica Luis Pereyra, director del área de captación en el interior del país de River. Su equipo de 28 personas viaja por todo el territorio argentino para detectar potenciales futuros cracks. Lo que él busca es muy preciso. "Nosotros tenemos que traer un chico al 60-65% de la técnica individual, un chico que con las dos piernas intente eludir un contrario para jugar. Ése es el primer punto. Esta camiseta es para tipos inteligentes. Segundo: el carácter. A ver cómo se enoja cuando le dan una patada, cuando se cae, cómo se manifiesta ante la adversidad". Los jugadores que encuentran Luis Pereyra y su equipo luego pasan a las manos de Gabriel Rodríguez, uno de los grandes gestores de la fábrica de futbolistas que es Argentina. Rodríguez es coordinador de las divisiones inferiores de River. Hace 27 años que se dedica a esto y sabe bien cómo desarrollar el talento que le traen los captadores. "Nosotros priorizamos mucho el tema de la técnica individual. Además de los trabajos esenciales que se hacen en cancha, que los hacen todas las instituciones, nosotros sí tenemos nuestros 45 o 50 minutos todos los días de un trabajo específico de técnica individualizada". Es un proceso que va puliendo a los jugadores, intentando acercarlos a su máximo potencial, y que los convierte muchas veces en atractivos para mercados internacionales, algo que también empuja el desarrollo de futbolistas de calidad. "Somos países en América que tenemos la necesidad de exportar constantemente jugadores para que también las arcas de las instituciones se puedan engrandecer", dice Gabriel Rodríguez. River Plate, exportador No. 1  River Plate es uno de los grandes equipos del país. Es el principal proveedor histórico de jugadores de la selección y el mayor exportador del fútbol argentino, aunque preferiría muchas veces que los cracks se queden con ellos, dice Andrés Ballotta, vicepresidente de River, sentado en

En las laderas de la vereda Granizal, al suroriente del municipio de Bello en Antioquia - Colombia, el agua no llega al abrir una llave. Llega en carrotanques, en canecas cargadas cuesta arriba y en jornadas que comienzan mucho antes de preparar el desayuno. Allí, miles de familias han aprendido a organizar su vida alrededor de la búsqueda diaria de un recurso esencial. Entre caminos de tierra, barrios construidos de manera informal y una institucionalidad que parece quedarse al borde de la carretera, el agua se convirtió en un bien tan valioso que algunos habitantes la comparan con el oro. Esta es la historia de quienes recorren kilómetros para conseguir algo que otros dan por sentado. Escuche el reportaje del colombiano Mateo López, estudiante de la Universidad de Antioquia de Medellín, ganador de la décima segunda edición del Premio Reportaje de RFI en Español. "Ninguno tiene agua para abajo", dice una voz mientras señala las casas que se descuelgan por la montaña. Desde la parte más alta de Altos de Oriente se alcanza a ver buena parte de la vereda Granizal: techos de zinc, escaleras improvisadas y calles empinadas que durante tres décadas han sido construidas por quienes llegaron buscando un lugar donde empezar de nuevo. Pero en este paisaje hay una ausencia que se siente todos los días: el agua potable. La rutina comienza temprano. Hacia las siete de la mañana aparecen los carrotanques (camiones cisterna) que abastecen los tanques comunitarios ubicados junto a la carretera. Cuando llegan, la escena se repite una y otra vez. Personas con baldes, canecas y recipientes de todos los tamaños forman filas para recoger el agua que necesitarán durante el día. El problema es que el recorrido apenas empieza ahí. Desde el tanque hasta la casa todavía queda una subida que hacer cargando decenas de litros sobre los hombros. "Coja la canequita, coja la coca, tire para allá, cargue para acá", explica una habitante mientras describe una tarea que para ella se volvió costumbre. "No es lo mismo que abrir una llave y ya. Hacer las cosas se vuelve más demorado". Cada lavado de ropa, cada plato limpio y cada baño están precedidos por el esfuerzo físico de transportar el agua. En El Pinar, uno de los barrios fundados en los años noventa y que pertenece a esta verdad, los vecinos todavía recuerdan cuando el sector era apenas un terreno de barro. "Aquí no había caminos. Eso era puro pantano", cuenta una mujer. "La gente martillaba hasta la una de la mañana arreglando sus casitas". Tampoco había alcantarillado ni redes de acueducto. El agua llegaba como podía llegar. Y en muchos sentidos, sigue llegando igual. Con el paso de los años llegaron más habitantes. Muchas familias eran víctimas del conflicto armado que encontraron en estas montañas un lugar donde reconstruir sus vidas. También llegaron nuevas formas de control. Algunos habitantes relatan cómo la administración comunitaria del agua fue reemplazada por grupos que asumieron el manejo de conexiones y cobros. "Nos avisaron que iban a llegar", recuerda una antigua líder del sector. "Nos dijeron que si queríamos seguir, pero con esas condiciones yo dije que no". La consecuencia es que hoy muchas personas deben elegir entre cargar agua potable desde la carretera o pagar por agua sin tratar distribuida a través de redes informales. Ninguna de las opciones resulta sencilla. "Eso es lo más duro. Vemos el agua como el oro", afirma otra habitante. La frase no es una metáfora exagerada. En estas casas cada gota tiene una función. El agua con la que se lavan los platos puede terminar utilizándose para descargar el sanitario. La que sobra después de limpiar una taza se guarda para otra necesidad. Nada se desperdicia. "Cuando uno no tiene agua en la llave, ese poquito donde lavó algo no lo bota porque después hace falta", explica. La escasez también transforma la relación emocional con el recurso. "Lo que sí me parece lindo es que uno aprende a apreciarla", dice una mujer. "Cualquier gotica de agua es un tesoro". Luego guarda silencio unos segundos antes de añadir: "Pero pasar de vivir en el campo, donde el agua sobra, a venir acá y sufrir por ella... eso es muy duro". Las tareas domésticas son quizás donde más se siente el peso de esa realidad. Varias familias mantienen recipientes separados según el uso que le darán al agua. Una caneca para cocinar. Otra para lavar alimentos. Otra para trapear (limpiar el piso) o descargar el baño. Mantener ese equilibrio exige una administración permanente del recurso. Y casi siempre son las mujeres quienes cargan con esa responsabilidad. A la dificultad para conseguir agua se suma la preocupación por su calidad. Algunas personas cuentan que el agua almacenada durante varios días adquiere olor a fango o se deteriora rápidamente. "Somos animales de costumbre y nos acostumbramos", comenta una habitante entre risas resignadas. Sin embargo, reconoce que no se siente tranquila utilizándola para todo. "Esa agua no es limpia", dice. La paradoja es imposible de ignorar. La vereda Granizal se encuentra junto a Medellín, una ciudad reconocida por sus transformaciones urbanas. Del otro lado de la montaña hay fuentes hídricas que abastecen amplios sectores del Valle de Aburrá. Sin embargo, aquí el agua sigue llegando en camiones y viajando en baldes. Cuando el carrotanque aparece; las conversaciones se interrumpen. Alguien grita que ya llegó. Las personas salen de sus casas con recipientes vacíos y apuran el paso para alcanzar un turno. La fila vuelve a formarse. El agua empieza a correr y, por unos minutos, todo gira alrededor de ella. Después tocará emprender nuevamente el camino cuesta arriba. Porque en estas montañas, conseguir agua sigue siendo un trabajo cotidiano. Un recorrido que se mide en esfuerzo, en tiempo y, muchas veces, en kilómetros.

Desde hace una década, Colombia se ha consolidado en un verdadero vivero de talentos para el fútbol internacional. Luis Díaz en el Bayern de Munich, Richard Ríos en el Benfica Lisboa, Juan David Cabal en la Juventus... Pero, ¿cómo explicar este éxito? Para averiguarlo, nuestra corresponsal, Najet Benrabaa, visitó algunos centros de formación y barrios populares donde todo comienza.  Es un miércoles por la tarde en Envigado, en los suburbios de Medellín. Bajo el sol, una treintena de adolescentes se entrenan, en pequeños grupos, sobre el césped de la cancha municipal. Estos jóvenes hinchas del fútbol forman parte del Envigado Fùtbol Club. Algunos practican estrategias de ataque delante de la portería. Otros perfeccionan su técnica de control del balón. La escuela Envigado Futbol Club está considerada como un centro de excelencia educativa. “talentos detectados, tenemos muchos”, dice Carles Vidal Barbosa, quien se encarga de la formación de los jóvenes. Este español dejó un club de tercera división en Valencia hace ocho años para instalarse en Colombia. “Actualmente, formamos a 233 jugadores. Su objetivo es, por supuesto, jugar al fútbol en el circuito profesional y en Europa. Es muy difícil, no todos lo logran, ¡evidentemente! Pero creo que el 80% de los alumnos pueden aspirar a entrar en el circuito profesional. La edad promedio de los jugadores en primera división es de unos 20 o 21 años. A menudo son jugadores de la escuela y, a veces, jugadores que ya han pasado por distintos equipos profesionales a nivel mundial y que regresan a casa para reforzar el equipo del centro y ayudar a los nuevos alumnos a progresar”, indicó. En este campo del complejo deportivo El Dorado, varios aspirantes se han convertido en estrellas del fútbol en Europa y Colombia. “Aquí está el campo histórico de Envigado donde se entrenaron todos los jugadores emblemáticos: James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, John Jáder Durán, Mateo Zuribe y muchas otras celebridades hoy activas en el fútbol profesional internacional”. El Fenómeno James Rodríguez Entre las estrellas más famosas de este club está James Rodríguez. En su época, la cancha no tenía césped. James Rodríguez tenía 13 años cuando se unió al club en 2004. A los 16 años, el zurdo entró en el circuito profesional. Su ascenso ha sido fulgurante. Después del club Envigado, estuvo en el FC Porto en Portugal, en el AS Mónaco, en el Real Madrid y luego en el Bayern de Múnich. Su transferencia a España en 2014, por 80 millones de euros, sigue siendo la cantidad más alta jamás pagada por un jugador colombiano. Hoy hace parte de un club mexicano. Leer tambiénGran Reportaje RFI: Argentina: fábrica de futbolistas y entrenadores de clase mundial Juan Carlos Grisales Zapata, su ex preparador físico, que sigue en el cargo, recuerda perfectamente este talento excepcional. “No todos los días uno se cruza con un nuevo Platini. No todos los días se encuentra un Tigana, un Maradona o un Pelé. Pero en esta generación del 2000, James era un niño muy disciplinado, leal, con buen comportamiento y con ganas de salir adelante. Cuando llegas a Envigado, llegas con una motivación clara: aprovechar una oportunidad. Porque aquí se les da una oportunidad de cambiar su vida. Llegan con talento y nosotros les ayudamos a trabajarlo. Les damos las bases que necesitan para convertirse en profesionales. Los preparamos para que luego, en Europa, puedan continuar su evolución, porque la segunda formación se hace allá, junto a la élite del fútbol”, indicó Grisales. Al igual que todos los jóvenes aspirantes del club, James Rodríguez recibió una formación personalizada a su llegada. “El principio de la individualidad es fundamental. Cada alumno necesita algo diferente. Trabajamos eso desde muy temprano. Existe lo que se llama la pirámide fundamental del desarrollo locomotor del atleta. Reúne las capacidades motrices, de percepción, de coordinación, condicionales y psicomotrices. Sobre estas bases, se establecen las necesidades de cada jugador”, explicó. Uno de los aspirantes actuales del club se llama Lucas Rendón. El joven de 15 años comenzó a jugar al fútbol a la edad de 4 años. Se unió al Envigado Fútbol Club a los 9 años. “Soy un jugador muy rápido, al que le gusta mucho rematar al arco. A veces me gusta desequilibrar a los demás porque ese es mi estilo de juego. Para ser sincero, la formación es muy difícil, porque hay que hacer muchos sacrificios, muchísimos sacrificios. A veces uno tiene ganas de relajarse, pero como debemos ser disciplinados, tenemos que decir no; por ejemplo, rechazar salidas con los amigos. Al principio es difícil acostumbrarse a este estilo de vida. Es muy exigente, incluso en el colegio son muy estrictos con las salidas y cosas así”, cuenta el joven. Una de las grandes pruebas para el club es el torneo organizado en forma de festival. Durante casi una semana, decenas de clubes colombianos de todo el país se enfrentan entre sí. Es en cierto modo “una copa de los clubes”. La familia, un rol clave para los jóvenes El ambiente en las tribunas del estadio del Polideportivo Sur de Envigado es más animado que en un partido profesional. En las gradas, que pueden acoger hasta 11.000 espectadores, los padres animan a sus hijos cantando Entre los padres más atentos está Daniela Gómez y toda su familia. Llevan una camiseta con el nombre del pequeño prodigio de la familia Juan Diego Gómez. Cada camiseta está personalizada: “Madre de Juan Diego Gómez, Tía de Juan Diego Gómez, Tío de Juan Diego Gómez... “ Se agrupan en la barandilla de las gradas como un segundo equipo de aficionados. “Con el equipo del club, mi hijo entrena tres veces por semana y nosotros pagamos clases personalizadas los otros dos días. Y los fines de semana siempre está en la cancha, siempre tiene partidos. Así que toda la semana y el fin de semana son fútbol. Mi hijo ya es un futbolista profesional. Todos lo apoyamos: aquí está su hermana, mi madre viene a verlo, su tío, los primos… todos estamos aquí para apoyarlo… Sí, sí, sí, los padres siempre están muy presentes y los tíos, mis amigas, todo el mundo lo apoya mucho porque él vive solo para el fútbol y ha demostrado que está decidido a convertirse en jugador profesional”. Esta dedicación a sus hijos se refleja en todos los clubes de capacitación colombianos. Porque el sueño de éxito, riqueza y primera liga europea hace vibrar a cientos de jóvenes colombianos. Y no importa la ciudad, el barrio o los medios financieros de la familia. En los barrios populares, el fútbol es también el deporte rey. A unos 30 minutos de Envigado, en el barrio Florencia al norte de Medellín, el entrenamiento de fútbol también está en pleno apogeo. Estamos en el cancha de fútbol del Inder, un organismo público que gestiona las estructuras deportivas de la ciudad de Medellín. Gracias a él, el club de fútbol AFI dispone de un estadio para entrenar a sus jugadores. Este barrio popular es conocido por sus problemas de violencia relacionados con el tráfico de drogas. Recientemente fue clasificado entre los diez barrios que concentran la mayor parte del mercado de cocaína, marihuana y drogas sintéticas en Medellín. Pero también es el barrio natal de uno de los arqueros más famosos del país: René Higuita. Un estadio lleva su nombre y se ha erigido una estatua en su honor. Higuita es reconocido como uno de los mejores porteros en la historia del fútbol sudamericano. El guardameta colombiano también es famoso en todo el mundo por su “tiro del escorpión”, una acrobacia espectacular que empuja la pelota con los talones. Lo hizo en un partido amistoso contra Inglaterra en Wembley en 1995. En el campo de fútbol de Florencia, los jóvenes jugadores lo tienen todos en mente. Geronimo Briñez tiene 12 años. Este joven portero es tan talentoso que ha recibido una beca para poder jugar al fútbol. Su club, el AFI, se hace cargo del 50% de la cuota mensual. “Me gustaría jugar en la Champions League, en el Mundial por supuesto y en otras ligas de toda Europa. Me gustaría ser una estrella y mostrarles a los demás que nunca es demasiado tarde para lograrlo. Seguir el camino de mis ídolos me motiva a jugar mejor y me impulsa a entrenar más. Además, me siento en forma y debo ser aún más disciplinado y entrenar más, todos los días, para triunfar”, dice el joven. Su entrenador Alexander Ramos está convencido de su talento. Alexander es también el director del club AFI. Este venezolano se mudó a Colombia hace ocho años. Y en seis años, su club ha duplicado el número de inscritos. Cuenta con 320 niños.  “Gerónimo Briñez es un chico con cualidades excepcionales, un arquero que entiende el juego. Solo con verlo y observarlo, se nota que reúne todas las condiciones de un muy buen jugador. Aunque es un guardameta con un perfil poco habitual porque no es muy alto. Pero tiene corazón y talento. Es increíble y las maravillas que hace este pequeño en el arco son dignas de un gran jugador”, indicó. La madre de Gerónimo, Liliana Marcela Restrepo, está sentada en las gradas conversando con otras mamás. Ella inscribió a sus tres hijos en el club de fútbol de Florencia hace seis años. Y por lo tanto pasa casi toda la semana en este campo.  A pesar de los considerables sacrificios financieros, sigue apoyando a sus hijos. “Para mis hijos, a veces tengo dificultades para pagar la mensualidad del club o los gastos de transporte para un partido, pero nos las arreglamos. Hacemos concesiones: pagamos el arbitraje, porque cada partido hay que pagarlo, pero no el transporte. A veces no tengo los medios, pero me organizo con otros padres. Organizo muchas rifas y eso me permite salir adelante. Los padres son solidarios. Me ayudan, por ejemplo llevándome en su coche para ir a un parti