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Algo le dijo el papa León XIV a doña Laura que la presidenta regresó de mejor humor. Eso o los goces de Europa a cualquiera le alivianan el alma. Qué se yo. Lo cierto es que ayer la mandataria invitó a almorzar a la nueva jerarca de la Corte, Patricia Vargas y el resultado del encuentro, me complace reportar, invita al optimismo. Mieeeentras tanto, el magistrado Fernando Cruz, presidente interino de la Sala Constitucional, acogió una medida cautelar urgentísima solicitada por doña Patricia Vargas y ordenó al Plenario “abstenerse de dar segundo debate” al Presupuesto Nacional antes del 29 de noviembre.

Hoy toca ponernos al día con un caso que La Nación viene destapando recientemente porque la papa se pone cada vez más caliente y si no le entramos de una nos va a terminar estallando en la mano. Hablemos pues, de las ambulancias de Bomberos.

La tarde de este miércoles al menos cincuenta vecinos de Turrúcares se plantaron frente al Liceo de Turrúcares, con pancartas y cimarrona, para decirle al Gobierno que no quieren un relleno sanitario en la finca Bajo Pita. Adentro los esperaban varios ministros, jerarcas de instituciones, el Concejo Municipal de Alajuela y, en el centro de la mesa, el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves. La convocatoria decía "conversatorio". Y bueno. Lo que pasó ahí adentro es probablemente el registro más completo que tenemos de cómo negocia este Gobierno cuando se sienta frente a una comunidad. La novedad es que esta vez había cámaras. Mejor ni me pregunto en qué términos se discute cuando nadie está grabando.

A ver... No sé ni cómo entrarle a esto porque a veces uno cree que ya lo ha visto todo y a veces uno termina por entender que no, que siempre aparecerá una nueva historia en la que Costa Rica encuentra cómo superar cualquier absurdo previo.  Primero lo primero: una confesión. Un buen amigo me preguntó “¿Cuándo le van a entrar a la bronca del SEC?”. Le dije que notaba a los medios oficialistas muy ocupados con esa cobertura y que parecían tener bien sazonado el pinto.  Le dije, también, que un pleito familiar de poder dentro de un sindicato no me parecía, de primera entrada, una noticia de primer orden a la cual montarle la perseguidora. Bien lo dijo don Ricardo Jiménez Oreamuno en su momento: «en Costa Rica los escándalos solo duran tres días». A este yo no le preví mucho más que eso. No tenía razones para hacerlo. Pero pasaron las semanas. Y la bronca, lejos de calmarse, empeoraba.

El viernes la dejamos como la ficha #5 de la pasarela de reelecciones en la Corte. Este lunes le tocó el micrófono. A ver, pongamos el calendario en fila: el jueves 29, Pueblo Soberano aprueba investigar un préstamo de ₡128 millones de Asosejud a la magistrada Patricia Solano; el lunes 2, la cita en la comisión; el miércoles 4, el Plenario vota para definir el futuro de su magistratura. De jueves a lunes. Y de lunes a miércoles. Doña Patricia arrancó sin anestesia: "Esta investigación parte de una intromisión ilegal a datos que constitucionalmente están protegidos”.

Ayer cerramos el Reporte con una pregunta para don Rodrigo Chaves: la Copa que levantó en mayo, ¿en la vitrina o en la bodega? Este jueves contestó. El ministro de la Presidencia y de Hacienda reconoció que la negociación del Acuerdo Transpacífico que él mismo impulsó desde 2022 no fue transparente. En un videomensaje (al mejor estilo de doña Laura) le dio la razón a la presidenta Fernández en el archivo del tratado: "Estas negociaciones no ocurrieron con la transparencia que debió haber imperado para discutir temas de interés nacional con todos los sectores involucrados”.

Este miércoles la presidenta Laura Fernández publicó un mensaje de tres minutos en el que resolvió lo que llevaba cinco semanas dejando en suspenso: archivo inmediato del Acuerdo Transpacífico, ni firma ni envío a la Asamblea, y de paso el despido inmediato de la hasta este miércoles ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos.

«¿Es para Rodrigo Chaves?». La pregunta no la hizo ningún periodista. Se la hizo solito el diputado José Miguel Villalobos, que de paso se la respondió: «Es para Rodrigo Chaves, sí, porque es el único expresidente de la República que podría ser electo nuevamente». Con esa franqueza presentó este martes la bancada de Pueblo Soberano su reforma constitucional para permitir la reelección presidencial consecutiva, firmada por sus 31 integrantes.

Patricia Vargas llega a la Presidencia del Poder Judicial con la mano extendida, la lista de condiciones por escrito y seis días antes de que el Plenario empiece a discutir el presupuesto que le pone candado a casi ₡30.000 millones.

Un jueves de cuentas pendientes. Hacienda con la Caja, Asosejud con sus asociados, el Gobierno con el OIJ y el cielo con el Pacífico. Revisen las fugas, por favor. Las de agua, digo; de las otras ya se están encargando la Sala, un juzgado penal y el OIJ, ese mismo al que le ofrecen medallas.

Bueno, pues ya sabemos por dónde viene la corriente. O al menos por dónde pretende hacerla circular Casa Presidencial. Ayer cerramos este espacio pendientes del anuncio importante que la presidenta Laura Fernández Delgado haría sobre el futuro de la reforma eléctrica que naufragó el lunes en la Asamblea Legislativa. Se hablaba de un posible referéndum, pero finalmente la mandataria anunció otra ruta: preparar una nueva iniciativa que pueda aprobarse sin necesidad de conseguir 38 votos.

Miles de personas salieron este martes a las calles de San José para protestar contra los recortes presupuestarios a la educación pública. Estudiantes, docentes, funcionarios universitarios, sindicatos y representantes de otros sectores caminaron desde San Pedro hasta el centro de la capital para manifestar su desacuerdo con las decisiones que se están tomando en la Asamblea Legislativa. Además, mientras el rollo de las universidades se discutía en las calles y en Hacendarios, otra comisión legislativa decidió ocuparse de un asunto bastante más que peculiar: investigar a un ciudadano por sus llamados a protestar. Ajá, así como lo leen. La Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa aprobó, por tres votos contra dos, una moción impulsada por Pueblo Soberano para abrir una investigación contra el exdiputado y excandidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles Barrantes.

Santo Dios. Después del reporte monotemático del viernes volvemos hoy a nuestro querido formato Molomix, porque la jornada de ayer nos dejó un poco de todo: una diputada que votó contra su propio partido, un proyecto eléctrico que terminó sin corriente, un pleito parlamentario con descuentos salariales incluidos y a Carlo Díaz saliendo de la Corte Plena con la mano en el bolsillo y cuatro años más en el puesto.

Imagínense ustedes la siguiente escena: una universidad pública anuncia que abrirá cientos de espacios para que jóvenes de distintas regiones del país puedan estudiar carreras de ingeniería sin tener que trasladarse hasta la Gran Área Metropolitana. Otra confirma nuevas carreras científicas y tecnológicas en Limón, Cartago y la Zona Sur. Todo muy bonito, ¿verdad? Más oportunidades, más desarrollo regional, más acceso a la educación superior. Pues bien, tres Doritos después los rectores de las cinco universidades públicas convocan una conferencia de prensa de urgencia en la Asamblea Legislativa para advertir que varias mociones presupuestarias del oficialismo podrían dar al traste con esos mismos planes.

Bueno. Después de meses de anuncios, polémicas, retrasos y toda clase de pleitos, ayer finalmente se inauguró el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco)... Lo ahuevado es que el logro llegó acompañado de otro cansino episodio del pleito entre Zapote y el Poder Judicial. Porque, naturalmente, la ceremonia no podía transcurrir sin que alguien encontrara una nueva razón para repartir garrotazos.