Publicidad en podcasts en: Dando Caña

De lunes a viernes, Dando Caña, programa de El Toro TV, vuelve para ser el azote a la política, el altavoz de las noticias que otros medios silencian y el espacio de debate que incomoda a las élites. Análisis, debate y actualidad en el programa que no se acobarda.

La artimaña busca consagrar por vía legal lo que hasta ahora era una mera instrucción ministerial dictada en 2022 por Sofía Puente, hoy directora general y hermana del ministro de Transportes. Aquella directriz asumía de forma automática que cualquier español emigrado entre 1936 y 1955 era un exiliado político, incluso si los motivos de su salida fueron puramente económicos, abriendo la puerta a una nacionalización masiva sin las verificaciones que exigía la propia Ley de Memoria Democrática. Al asumir ahora esta enmienda en un texto educativo, el Ejecutivo incurre en una confesión tácita: admiten que la directriz de la hermana del ministro estaba al margen de la ley y que necesitaba un parche legislativo urgente antes de que el Alto Tribunal la tumbe definitivamente. Para consumar esta jugada, la Mesa de la Comisión de Educación, donde PSOE y Sumar imponen su mayoría, ha decidido desoyendo de forma descarada el informe de los letrados del Congreso. Los servicios jurídicos de la Cámara Baja fueron claros al avalar las protestas de la oposición: la enmienda no guarda relación alguna con la materia educativa. Aun así, la mayoría gubernamental ha hecho oídos sordos al criterio técnico para dar luz verde a la tramitación de esta enmienda pirata. Las cifras explican la urgencia y los nervios del Ejecutivo. Hasta la fecha se han concedido más de 544.000 nacionalidades, y la lista de espera supera los 2,4 millones de solicitudes. La prisa por garantizar que esta ingente masa de nuevos ciudadanos pueda ejercer el voto en las próximas elecciones generales delata un evidente cálculo electoralista. Utilizar una ley de educación como vehículo clandestino para alterar las reglas del censo electoral no solo demuestra un profundo desprecio por el sistema educativo, sino también hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno con tal de moldear el electorado a su medida. Una auténtica cacicada parlamentaria que degradará aún más las instituciones con tal de amarrar el poder un poco más. Además, Riera hace un repaso por los datos donde muestra la realidad de los gastos en vivienda; y descubrimos la fecha en la que los Reyes visitarán Ceuta y Melilla. Hoy contamos con José Ramón Riera, Julio Ariza, Josep María Francàs y Javier Sastre.

La maniobra táctica con los tiempos de publicación delata la verdadera viabilidad de este paquete legislativo. Mientras el primer decreto se ha publicado esta misma mañana en el BOE, el Gobierno retrasa deliberadamente la publicación del segundo para evitar que entre en vigor antes de su votación de convalidación en el Congreso este viernes, donde se prevé su inmediato rechazo por parte de la mayoría parlamentaria. De haberse publicado antes, su inevitable caída en la Cámara Baja habría provocado un caos y un choque de seguridad jurídica de primer orden. Además, descubrimos el balance más reciente sobre la situación de Ceuta dos meses después y Juan Sergio se pronuncia sobre su negativa a apoyar a a VOX y reconocer la soberanía española. En este nuevo programa de 'Dando Caña' contamos con Eduardo Zaplana, Julio Ariza, Josep María Francás y Ana Cuartero.

La radiografía tras ocho años de Sánchez en el Ejecutivo revela un panorama devastador que ha convertido a España en un país hostil para jóvenes, mayores, familias y trabajadores. Comprar una casa es hoy un 70 por ciento más caro y alquilar cuesta un 40 por ciento más, alcanzando un precio por metro cuadrado en récord histórico que supera incluso el pico de la burbuja de 2008. Su intervención en el mercado ha destruido la oferta, haciendo desaparecer 300 mil pisos de alquiler, mientras las prometidas 200 mil viviendas públicas siguen siendo casas fantasma y puro humo del que no se ofrecen datos. Mientras la burocracia paraliza la transformación de suelo, apenas se construyen 100 viviendas sociales al año, provocando que la vivienda haya pasado de ser el problema número 16 para los ciudadanos a convertirse en el primero. Resulta inverosímil que tras casi una década de parálisis y de profundizar en el desastre pretendan solucionar esta crisis de la noche a la mañana. Por eso nadie duda de que esta maniobra del Gobierno no es más que una burda cortina de humo para tapar la grave situación en Ceuta, la invasión fronteriza y el constante goteo de casos de corrupción que cercan acorralan al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Además, conocemos todos los detalles de los dos decretos que el Gobierno quiere aprobar lo antes posible y Carlos Quero valora la situación actual de la vivienda en España. En la mesa del análisis: Ignacio Basco, Arturo Moreno, Josep María Francás y Roberto Granda.

Decenas de personas están acampando en Sol desde el pasado sábado para exigir soluciones para la vivienda. Un claro pulso al Ejecutivo. Sánchez, por su parte, ha asegurado que el Gobierno está trabajando a contrarreloj para aprobar el decreto de vivienda. Sin embargo, Sumar asegura que aún están muy lejos para llegar a ese acuerdo. Pero esto no puede desviar el foco de uno de los principales problemas que España tiene actualmente: la invasión a Ceuta. Según ha publicado Rubén Pulido en sus redes sociales, un kamikaze ha recorrido este madrugada parte de la ciudad autónoma. En la mesa de análisis: Miguel Robledo, Luis del Pino y Josep María Francàs.

La prueba definitiva de hasta qué punto la ciudad está desbordada la tuvimos este jueves por puro azar. Los bomberos acudieron a apagar un incendio en la zona del Sarchal y lo que descubrieron fue estremecedor: una red de galerías y túneles militares subterráneos convertida en un asentamiento clandestino para más de medio centenar de migrantes. Había colchones, cocina, acumulación de basuras y pasadizos que conectan el subsuelo a lo largo de medio kilómetro. Como dicen los propios bomberos y la policía en la zona: Ceuta está vacía por debajo. El problema de fondo es evidente: el Gobierno desmantela un campamento o un asentamiento en la superficie, pero la gente no desaparece. Se desplazan, rompen muros y se esconden en las tripas de la ciudad mientras siguen llegando personas a nado. El fuego ha destruido los túneles, pero esos decenas de jóvenes vuelven hoy a estar en las calles. Menos propaganda de «normalidad» y más efectividad, porque Ceuta ni aguanta más parches ni puede vivir sobre un polvorín subterráneo. Además, tratamos la maquinaria que alega VOX hacia el PSOE con la que ha querido acabar con la magistrada Biedma. En la mesa del análisis: Enrique Calvet, Rodrigo Rato, Julio Ariza, Josep María Francás, Ana Cuartero.

La tentativa de culpar al franquismo, al machismo o a los gobiernos autonómicos de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida carece de fundamento jurídico. La salida de Maricarmen de la vivienda es la aplicación estricta de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, promovida por el Gobierno socialista de Felipe González para extinguir paulatinamente los contratos de renta antigua. Al fallecer la madre de la inquilina en 2005, la subrogación del contrato quedaba limitada por dicha ley a dos años, al no cumplirse los requisitos de discapacidad del 65% (la afectada tiene un 50%) ni los plazos de edad exigidos antes de 2004. El contrato quedó extinto en 2007. La propiedad permitió su estancia durante más de una década y en 2018 le ofreció opciones de compra rebajada y alquiler adaptado que fueron declinadas. El debate evidencia el riesgo de convertir casos particulares en argumentos de agitación política, infantilizando a los ciudadanos y vulnerando el principio de seguridad jurídica. Legislar a medida de cada circunstancia personal o pretender que el propietario privado asuma la función de la asistencia social destruye el mercado del alquiler, expulsando a los pequeños tenedores y dejando la oferta únicamente en manos de estructuras capaces de afrontar procesos judiciales prolongados. El respeto a la propiedad privada es una garantía elemental en un Estado de derecho, de la misma manera que el cariño a un inmueble no otorga la titularidad sobre el mismo. Pedro Sánchez prometió públicamente cuando era candidato a la Moncloa que bajo su presidencia no habría ni un desahucio más en España. La realidad de las cifras oficiales del Consejo General del Poder Judicial desmonta el eslogan: los lanzamientos superan los 25 mil anuales y las ejecuciones hipotecarias alcanzan máximos durante su mandato. La paradoja del caso de Maricarmen es que la anciana a la que la propaganda oficial intenta convertir en símbolo del drama de la vivienda no ha sido desahuciada por la especulación ni por la oposición, sino por la aplicación rigurosa de una ley redactada y firmada por el propio PSOE. Un PSOE que no sólo no ha solucionado el problema de la vivienda sino que lo ha tensionado todavía más. Además, hablamos con Cake Minuesa sobre el aniversario del asesinato de ETA a Juan Carlos Beíro. En la mesa del análisis: Álvaro Ballarín, José Ramón Riera, Josep María Francás y Julio Ariza.

Marruecos celebra hoy elecciones mientras Ceuta vive una calma tensa. Hoy había una nueva amenaza de asalto a la ciudad autónoma, que aún arrastra la inseguridad provocada por la invasión del pasado 30 de julio. Hoy, en el hemiciclo, la diputada del PP, Ana Vázquez, ha enseñado un bote de spray pimienta, los que usan, sobre todo, las mujeres ceutíes. Motivo por el cual Armengol, basándose equivocadamente en el Reglamento, le ha expulsado. Mientras tanto, Begoña Gómez empieza con su estrategia judicial antes de ser juzgada ante un jurado popular y Zapatero informa que las joyas fueron un regalo del rey de Arabia Saudí. En la mesa de análisis: Josep María Francàs, Marcos de Quinto y Paco Bernabé

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU mientras, en España, todos sus ministros salen en defensa de Begoña Gómez tras conocer que el magistrado Juan Carlos Peinado ha dictado un auto de apertura de juicio oral con jurado popular. El líder del ejecutivo no se reunirá con Donald Trump alegando motivos de agenda y ajeno a la invasión de Ceuta. María Montero, Alejo Vidal-Quadras, Ignacio Basco y Josep Maria Francàs debaten de la situación política de España en un momento de grave deterioro institucional.

A nivel mundial, la dimensión del problema es devastadora. Con más de 57 millones de afectados hoy, la Organización Mundial de la Salud prevé un horizonte asfixiante. Sin embargo, tras cada estadística hay una tragedia compartida, un impacto familiar brutal que devora el tiempo, la salud mental y los recursos de millones de cuidadores que sostienen, en la sombra, la atención diaria de sus seres queridos. La ciencia ha logrado por fin derribar un muro que parecía insuperable tras más de dos décadas de sequía terapéutica. El desarrollo de los nuevos anticuerpos monoclonales ha abierto una brecha de esperanza. No curan, pero hacen algo trascendental: frenan la progresión del deterioro cognitivo en las fases tempranas. Por primera vez en la historia, se ofrece una herramienta real para ganar tiempo de calidad. Sin embargo, el acceso a este avance se ha topado de frente con el muro de la burocracia y la insensibilidad política. Mientras la Agencia Europea del Medicamento avala estas terapias y otros países europeos avanzan en su incorporación, la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios ha rechazado por segunda vez su financiación pública en España. La decisión de no dar cobertura a estos fármacos rompe radicalmente con el principio de equidad de la sanidad pública. Son pocos los que pueden costearse el tratamiento. Al frente de esta decisión se encuentra la ministra de Sanidad, Mónica García. Es inconcebible que quien abandera la defensa de lo público escude el rechazo en que el beneficio es muy limitado o en que el coste es muy elevado para el valor clínico que aporta. La respuesta no se ha hecho esperar y la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA), arropada por más de 500 afectados, familiares y profesionales, le ha lanzado un mensaje directo e insoslayable a la ministra: «No podemos esperar más». Resulta profundamente doloroso comprobar cómo la retórica sobre la sanidad universal y la justicia social se desmorona a la hora de la verdad. Negar la financiación de las únicas terapias capaces de ralentizar la enfermedad es dar la espalda a los enfermos y abandonar a sus familias a su suerte. Cuando la ciencia por fin ofrece una puerta a la esperanza, la obligación de un Gobierno no es cerrarla dando un portazo, sino hacer todo lo posible para que cruzarla esté al alcance de todos. Además, conocemos dos importantes noticias; la citación de Begoña Gómez a juicio y la de las hijas de Zapatero. En la mesa del análisis: Miguel Ángel Gómez, Julio Ariza, Luis del Pino, Miguel Robledo.

La Policía Nacional y la Guardia Civil han procedido al traslado masivo de quienes permanecían en las playas del Trampolín y de Benítez. La medida busca paliar una crisis migratoria insostenible tras la entrada de más de 80 mil personas los días 30 y 31 de julio desde Marruecos. Durante el trayecto, las fuerzas de seguridad han tenido que lidiar con constantes empujones y tensiones provocados por grupos de inmigrantes que se negaban a seguir las órdenes de los agentes. El operativo comenzó sobre las 6:30 horas a lo largo del Paseo Marítimo y la carretera de servicio del puerto. Las dificultades se multiplicaron de inmediato para desplazar a pie a la multitud desde unas playas situadas a unos dos kilómetros del campamento. Se ha intentado coordinar un dispositivo al límite, registrándose momentos de máxima tensión a pocos metros de la playa de Benítez ante el tumulto descontrolado. Alrededor de las 9:00 horas comenzaron a llegar los primeros grupos al recinto portuario, avanzando a paso lento para facilitar el control policial. A la entrada, los migrantes reciben una pulsera como primer paso para su identificación y se les somete a un registro para retirar objetos peligrosos. Fuera del recinto, la imagen no es mejor. Siguen siendo miles los que deambulan por la ciudad sembrando el caos, protagonizando reyertas y generando un clima de violencia e inseguridad insoportable para la población. A esta degradación del orden público se le suma una alarmante crisis sanitaria, confirmada tras detectarse el primer caso de viruela del mono: un mena marroquí de 17 años que asaltó la frontera el 31 de julio y que ahora permanece aislado en un centro de menores. La situación epidemiológica en la ciudad es límite. Entre las patologías detectadas en las últimas semanas figuran cuadros de tuberculosis, varicela y gastroenteritis, además de afecciones dermatológicas altamente contagiosas como la sarna y el impétigo. Ceuta se ha convertido en un polvorín sanitario y de seguridad donde las instituciones improvisan parches provisionales mientras sus calles quedan a merced del descontrol, la violencia y el contagio. En la mesa del análisis: Javier Sastre, Ignacio Hoces, Josep María Francás, Álvaro Ballarín y Enrique Calvet #Gobierno

La negativa del PSOE y sus socios comunitarios a endurecer el tono diplomático hacia Rabat ha frustrado la posibilidad de acordar una resolución conjunta, lo que amenaza con dejar a la Eurocámara sin una postura clara. Las diferencias sustanciales entre los dos principales bloques radican en el enfoque hacia la política exterior con Rabat y el tratamiento de las fronteras continentales. En la propuesta planteada por los socialistas, alineada con las tesis del Gobierno español, se opta por omitir adjetivaciones sobre el papel de las autoridades marroquíes en el cruce masivo y se valora positivamente la agilidad en la devolución de las personas que ingresaron de forma irregular. Por el contrario, los populares pretenden fijar denuncias explícitas y habilitar los mecanismos previstos en el marco europeo de Respuesta a Emergencias presentado por la presidente de la Comisión, Ursula von der Leyen, el cual contempla agilizar las devoluciones en situaciones de presión extrema. El escenario de fractura parlamentaria se ha visto agravado por las votaciones previas en materia de seguridad e inmigración. Durante el debate del informe sobre guerra híbrida, tanto populares como socialistas rechazaron de forma conjunta una serie de enmiendas impulsadas por Patriotas por Europa. Dichas propuestas demandaban suspender los fondos europeos destinados a Marruecos tras la invasión, clasificar formalmente el flanco sur de la Unión como zona bajo amenaza híbrida constante y revisar la financiación a las organizaciones no gubernamentales que operan en las rutas migratorias. La eventual falta de un pronunciamiento firme por parte del Parlamento Europeo tiene implicaciones inmediatas en la política nacional e internacional. Sobre todo en el contexto en el que cada vez parece más evidente que el asalto masivo a la frontera de Ceuta fue una operación perfectamente orquestada desde Marruecos. La postura de los populares ha desencadenado duras críticas, al considerarse especialmente grave que el grupo popular votase en contra de la enmienda que exigía un pronunciamiento específico del Parlamento Europeo sobre el ataque a Ceuta y medidas contra sus responsables, el mismo día en que proclama que Ceuta es España, Ceuta es Europa. En la mesa del análisis: José Ramón Riera, Luis del Pino, Josep María Francás, Rubén Herrero.

Una postura que contrasta de forma radical con la adopción de la medida, pero sobre todo con la posición del Fútbol Club Barcelona, que se negó rotundamente a participar, marcando una distancia categórica frente a una iniciativa que el Real Madrid sí respaldó a nivel de club. El gesto de los tres futbolistas madridistas ha desencadenado una ola de duros reproches en la opinión pública y en las redes sociales. Las críticas no han tardado en señalar que la frase «Todos somos caballas» constituye un mensaje explícitamente solidario con la población ceutí y no una proclama política: no se leía en la prenda ningún lema de confrontación ni de rechazo explícito que justificase su censura individual. Desde diversos sectores se acusa a los jugadores de haber insultado indirectamente a toda una nación y de haber mostrado un desprecio injustificable hacia la ciudadanía de Ceuta en un momento especialmente crítico. Los señalamientos se han vuelto especialmente severos hacia Vinícius, nacionalizado español desde 2022, y Mbappé, recordando su ascendencia argelina y argumentando que su negativa a solidarizarse con el pueblo ceutí resulta indefendible y sin paliativos dentro de la opinión pública. Entre las reacciones más contundentes que se han escuchado en las últimas horas, surgen voces que aseguran que habría sido preferible que saltaran al campo directamente sin la camiseta antes que escenificar ese desaire. E incluso quienes recriminan que, si tan incómodos se sienten representando estos consensos mientras residen en España, tienen la libertad de continuar sus carreras en otros países. Ciertamente, en el marco de una sociedad democrática, la libertad individual es absoluta: los futbolistas tienen pleno derecho a actuar según sus convicciones y el Real Madrid ha respetado esa pluralidad, garantizando la libertad de voto en su vestuario. Pero esa misma libertad ampara también la crítica social. Y resulta difícil obviar que estos tres profesionales comparten vestuario con compañeros españoles que entienden la situación geopolítica de Ceuta como un asunto de máxima sensibilidad y de soberanía nacional. En la mesa del análisis: Pepe Ramírez, Miguel Ángel Durán, Josep María Francás.

Para esta labor de choque no se ha enviado a perfiles técnicos o conciliadores, sino a espadas políticas de primera línea y sin pelos en la lengua, como Óscar López y Óscar Puente. Son ellos quienes verbalizan lo que en la cúspide del Gobierno se piensa. Excusándose en resoluciones como la suspensión cautelar de la 'ley de nietos', vinculada a la 'ley de Memoria Democrática', o en diligencias sobre la invasión de Ceuta, el discurso gubernamental ha dado un paso más allá. Llegar a sugerir que existen sectores judiciales actuando como peones para "derrocar al Gobierno" o respondiendo a consignas de la oposición traspasa la barrera de la crítica legítima a una resolución judicial. Es una estrategia deliberada de señalamiento que socava directamente la credibilidad y la independencia del Poder Judicial, pilar fundamental de la separación de poderes. Detrás de este estruendo mediático y de este victimismo institucional hay una intencionalidad evidente: desviar la atención de frentes judiciales de calado que afectan directamente al entorno familiar del presidente del Gobierno y que amenazan con salpicar la financiación del propio partido. Sin embargo, recurrir al descrédito sistemático de los jueces no demuestra fortaleza política, sino debilidad. Cuando desde las instituciones públicas se intenta deslegitimar la labor fiscalizadora de los tribunales acusándolos de golpismo o conspiración, el verdadero riesgo democrático no proviene de los autos ni de las sentencias, sino de la propia estrategia de desgaste utilizada desde el poder político. Además, conocemos de cerca la terrible situación a la que se enfrentan los agentes desplegados en Ceuta y cómo la JEC ha frenado los pies al Gobierno en su intento de alterar el censo electoral. En la mesa del análisis: Alejo Vidal-Quadras, Ignacio Basco, Josep Maria Francás.

Según los datos remitidos por el propio Gobierno, a finales de mayo había ya más de 333.000 nacionalizados inscritos en el censo de españoles residentes en el extranjero, y otros 238.000 habían solicitado su inscripción. Y desde las elecciones generales de julio de 2023 hasta julio de este año, el CERA ha aumentado en más de 408.000 electores. Estamos hablando, por tanto, de cientos de miles de potenciales votos. De personas que no solo no viven en España sino, que muchos de ellos, jamás han pisado nuestro país. Pues bien, ahora el Tribunal Supremo ha obligado a poner orden. Ha pedido información a los registros consulares, ha reclamado conocer con qué criterios se ha decidido dónde queda inscrito cada nuevo elector y ha exigido que existan unas reglas homogéneas. No se les está retirando la nacionalidad española a estas personas. Lo que el Supremo ha suspendido cautelarmente son los efectos electorales en determinados casos mientras los tribunales deciden si aquella interpretación realizada por el Ministerio de Justicia fue o no conforme a la ley. Hoy será la Junta Electoral Central la que tenga que empezar a desenredar este problema. Este amasijo de hilos enredados difícil de entender pero mucho más complejo si tenemos en cuenta los intereses políticos y electorales que podría haber detrás. Pero quien tendrá que explicar cómo se creó es el Gobierno. Porque cuando hablamos del censo electoral no hablamos de izquierda o de derecha. Hablamos de algo mucho más básico: de garantizar que cada persona que vote tenga derecho a hacerlo… y de que cada voto emitido tenga exactamente el mismo valor… y resulta difícil de entender cómo este Gobierno quiere regalar el verdadero valor del voto en España. Además, descubrimos el último balance del CIS y una última hora de la juez Tardón.