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Costa Rica le debe a la OCDE una ley de protección al consumidor financiero. El proyecto que avanza en la Asamblea (expediente 24.616) propone que sea el MEIC quien supervise la conducta de bancos, aseguradoras, operadoras de pensiones y puestos de bolsa. En este segundo episodio con Tomás Soley, superintendente general de Seguros y de Valores, la conversación gira alrededor de una distinción que el debate suele pasar por alto. Supervisar cómo una entidad diseña, vende y administra sus productos es una tarea. Resolver la queja puntual de un cliente es otra. Soley explica qué cambió en 2022 en los principios de la OCDE y el G20 sobre protección al consumidor financiero, y por qué sostiene que operar en este mercado es un privilegio y no un derecho. También cuenta un caso concreto: una aseguradora le negó cobertura a un costarricense cuya esposa estaba en coma en un hospital de Estados Unidos. La intervención de la superintendencia terminó corrigiendo 14 productos en todo el mercado de seguros. En el episodio también se habla de: los vacíos de la nueva ley contra estafas bancarias,qué cambia con la ley de operadores remotos para la Bolsa Nacional de Valores,por qué no hay un Citi operando en el país,el limbo regulatorio de las bolsas de comercio desde que la Sala IV anuló el transitorio que las ponía bajo Sugeval.

¿Quién vigila a los bancos, las aseguradoras, los puestos de bolsa y las operadoras de pensiones? Casi nadie lo sabe. Y cuando alguien se entera, es porque estalló un escándalo. En este episodio de Pongámonos Serios conversamos con Tomás Soley Pérez, superintendente general de Valores y de Seguros. Es economista y lleva más de dos décadas dentro del sistema de supervisión costarricense. Queríamos entender cómo se diseñó la arquitectura que vigila el sistema financiero, qué la sostiene y dónde todavía hace agua. En este episodio:▸ De una auditoría dentro del Banco Central a cuatro superintendencias: cómo la quiebra del Banco Anglo y la apertura bancaria obligaron a rediseñar la supervisión en los 90.▸ El zorro cuidando las gallinas: la primera Comisión Nacional de Valores tenía en su junta a quienes hacían el mercado.▸ La cadena de independencia: los nombramientos escalonados en la Junta del Banco Central. Esa junta nombra al Conassif, y el Conassif nombra a los superintendentes.▸ La silla que sobra: el Conassif que decide sobre pensiones incluye a un representante de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, un conglomerado supervisado con su propia operadora de pensiones. Cuando esa silla no se llena, el órgano queda sin integrar.▸ Un reglamento, dos consejos: por qué una norma transversal, como el catálogo contable, tiene que aprobarse dos veces.▸ ¿Fusionar superintendencias? Según Soley, los grandes ahorros ya se hicieron, porque el Banco Central ya provee TI, recursos humanos, proveeduría y transporte.▸ Quién paga la supervisión: la mitad el Banco Central y la otra mitad las entidades supervisadas.▸ Mandato por acumulación: cómo el artículo 15 de la ley contra la legitimación de capitales fue sumando a notarios, corredores de bienes raíces y otras actividades no financieras a la supervisión de la Sugef.▸ Protección al consumidor financiero: la banca era el único sector sin supervisión de conducta. Queda sembrado para una segunda parte. Del episodio sale una propuesta concreta: sacar por ley del Conassif a los representantes vinculados a sectores regulados y revisar la presencia de los ministros. Así funcionaría como la junta técnica que se diseñó. Una pregunta atraviesa la conversación: si toda la arquitectura se construyó para blindar la supervisión de la política y de los regulados, ¿por qué más de 25 años después siguen existiendo sillas que no pasan esa prueba? Suscribite y dejanos en comentarios: ¿qué otra silla sacarías del Conassif?

Costa Rica tiene dos problemas reales en telecomunicaciones: un fondo que no ejecuta a tiempo y un canon de radio que no se actualizó en 70 años. Las dos soluciones sobre la mesa comparten el mismo error. Atacan al actor visible y no a la causa del problema. La conversación con Juan Manuel Campos muestra un patrón que se repite. Cuando algo no funciona, cambiamos la institución responsable o le pasamos la factura a quien opera el sistema. Pocas veces revisamos el diseño que produjo el problema. Con Fonatel, el proyecto 25.727 traslada la administración del fondo de la SUTEL a la Promotora de Innovación. Pero según los informes de Contraloría, los atrasos vienen de permisos ambientales, consultas indígenas y trámites en otras instituciones. No vienen del fondo. Mover la administración sin resolver eso es mudar los mismos problemas a otra oficina, ahora con más control político. Mientras tanto, la base de quienes aportan sigue siendo la misma, y plataformas que compiten por el mismo usuario no contribuyen ni están domiciliadas en el país. Que la cancha esté pareja no significa gravar a todos por igual. Significa que quien compite por el mismo usuario asuma las mismas reglas. Con la Ley de Radio, nadie discute que el canon debía actualizarse. Durante décadas se cobró un monto ridículo por un bien público, y la culpa es de una Asamblea Legislativa que nunca lo indexó, no de los concesionarios. El proyecto 24.461 corrige eso con un cobro sobre ingresos brutos de hasta 7,73% para televisión y 3,13% para radio, sin una justificación técnica visible de esas tasas. La Sala Constitucional ya admitió una consulta, y la pregunta de fondo sigue abierta: ¿se está cobrando por el uso del espectro o por el éxito de quien produce contenido? Detrás de ambos casos está la misma pregunta: ¿qué modelo de regulación necesita un país donde las OTT, la inteligencia artificial y las plataformas digitales ya no caben en las leyes de 1954 ni en las de 2008?

En junio, una detonación obligó a evacuar a la presidenta de la República y a unos 30 diputados en plena gira por Crucitas, con todo el aparato de seguridad desplegado. El Gobierno dice invertir $1,3 millones al mes en seguridad en la zona. Si ni ese día se pudo garantizar la seguridad, ¿qué empresa seria va a mandar a su gente a trabajar ahí?Jose Dengo vuelve a Pongámonos Serios para retomar donde quedamos en "Falsa dicotomía: explotar o proteger". Su tesis incomoda a todos los bandos. La prohibición de 2010 no protegió Crucitas, la dejó abandonada. Y ninguno de los proyectos que hoy se discuten resuelve el problema de fondo, porque ninguno empieza por donde hay que empezar: recuperar el control del territorio.En este episodio:▸ Los dos detonantes jurídicos que tumbaron los permisos de Infinito Gold, y cómo el abandono posterior abrió la puerta a la extracción ilegal▸ Oro sin trazabilidad: por qué preocupa hacia dónde va y qué termina financiando▸ Los proyectos sobre la mesa, uno por uno: el del Ejecutivo con subasta y regalías, el de minería artesanal de Kattia Cambronero, el del Frente Amplio y la idea de tokenizar el oro▸ Por qué "artesanal" no es sinónimo de sostenible▸ El error de legislar con parches solo para Cutris cuando lo que falta es un código minero que sirva para todo el país▸ La idea de que la minera traiga su propia seguridad, y por qué la empresa dispuesta a eso no es la que queremos▸ Por qué, si usted está a favor de la minería, lo último que debería querer es un referéndumUna pregunta atraviesa toda la conversación: ¿cuánto vale la soberanía, y estamos dispuestos a pagarla?

¿Puede el Estado costarricense resolver la pobreza, o apenas administrarla? Yorleny León (ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidenta ejecutiva del IMAS) explica por qué, a su juicio, el sector social "no responde" y qué está cambiando por dentro. En este episodio: Por qué sostiene que el tamaño del Estado no es el problemaEl giro del IMAS: de repartir subsidios a condicionarlos a formación y empleoMedir trayectorias de vida en vez de ejecución presupuestaria y metasAlianzas con MAG, INA y CNP: casos de productores que salieron de las listasEl proyecto de ley de reforma del sector social que está construyendo

A tres kilómetros del centro de San José, en uno de los distritos más densamente poblados del país, hay una represa de 1870 intacta, los canales que movieron el primer silo despulpador patentado en Costa Rica, y las pilas de lavado de café donde hoy se reproduce una rana de ojos dorados endémica. También hay un pinzón cafetalero, ave endémica y catalogada como casi amenazada, que compite por espacio con el desarrollo inmobiliario. Nada de eso está protegido. Y el obstáculo no es técnico ni presupuestario: es de titularidad. Karina Rodríguez Sáenz —bióloga, más de 27 años en gestión ambiental, asesora del Banco Mundial y el BCIE— dirige Hatillo Verde, una asociación que nació en pandemia recogiendo basura y terminó mapeando propiedades catastrales, levantando evidencia científica y empujando legislación. En esta conversación desarmamos el mecanismo completo: los terrenos son del INVU, así que la Municipalidad no puede intervenirlos; para que pueda, hace falta un comodato; para resolverlo de fondo, hace falta el expediente 25.466, presentado en marzo y todavía sin convocatoria del Ejecutivo. Mientras tanto, un amparo de 2012 ordenó conservar 60 hectáreas en las riberas del María Aguilar y el Tiribí, y hoy queda bastante menos. Hablamos de por qué una luminaria tarda entre uno y dos años en instalarse, de camiones cisterna que descargan aguas residuales en una alcantarilla porque tratarlas cuesta, de qué se necesita para que un dictamen ambiental exista, y de por qué un grupo de vecinos tuvo que convertirse en generador de evidencia técnica antes de que alguien los escuchara. Una pregunta atraviesa todo el episodio: cuando la voluntad ciudadana ya está y la evidencia ya está, ¿qué es exactamente lo que falta?

¿Qué pasa si en vez de preguntarle a 800 personas, escuchás el 100% de lo que se dice en web pública? Cristian Bonilla dirige el Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina, que desde 2021 mide de quién se habla en política costarricense y en qué tono. No hacen encuestas: hacen escucha. Y lo que encuentran incomoda a la clase política. En esta conversación: La diferencia entre medir percepciones (encuesta) y medir tendencias de conversación (escucha) — y por qué confundirlas lleva a leer mal el paísLos trolls pasan de un 5% normal a un 21% del volumen en la semana de los debates. Cómo se detectan y por qué los sacan del análisisRodrigo Chaves generó el mayor volumen digital de la campaña sin estar en ninguna papeletaPor qué el tipo de cambio y el costo de la vida —los temas que los candidatos repiten— no generan conversación: redes sociales operan en registro emocional, no racionalDe 57 diputados, apenas ocho movieron la aguja digitalViolencia digital diferenciada: a los hombres se les acusa de corrupción; a las mujeres se les ataca el físico, la edad y la legitimidad para ocupar el cargoTikTok pasó del 3% del volumen político en 2021 a casi 21% hoy; Facebook resucitó por un cambio de algoritmo; X sigue siendo chico y tóxico en Costa RicaEl embudo conocer → considerar → votar → fidelizar, y el fenómeno del "presente" en las conferencias de prensaLos 34 informes del Observatorio y su metodología completa son públicos en ulatina.ac.cr.

Un asalariado cotiza sobre su salario. Está en la ley. Un trabajador independiente cotiza sobre un monto que decidió una junta directiva en una sesión, sin ley que lo respalde. Esa diferencia —invisible para casi todo el mundo— es la que hoy tiene a miles de pulseadores con deudas de 1, 20, 35 millones de colones. Conocemos un caso de 500. Gabriel Zamora, abogado tributario y contador, explica el mecanismo con precisión quirúrgica: la tarifa que subió del 10% al 19% mientras las coberturas se quedaron en la mitad; el subsidio por enfermedad o maternidad que no llega hasta la novena cuota; la base mínima contributiva de ¢346.000 que expulsa del sistema justamente a quien menos gana; y los cobros retroactivos de hasta 10 años que quiebran negocios antes de que existan. Después viene lo incómodo. En diciembre de 2025 el Tribunal Contencioso Administrativo anuló una de esas deudas, ordenó devolver lo pagado con intereses y condenó a la Caja en costas. La Sala Primera lo ratificó. La respuesta de la Dirección de Inspección fue seguir cobrando igual. El diagnóstico no es que falte plata. Es que la institución decidió que era más fácil perseguir a 800.000 informales que aceptar que el método de cobro nunca fue legal. Zamora propone la salida: eliminar la base mínima, cotizar sobre ingreso real, un trámite que tome un minuto, y una ley que fije las reglas de una vez. Y al final, algo que casi nadie plantea en Costa Rica: que la Caja pida disculpas.

¿Cuántas horas de tu vida se te van en presa? ¿Dos? ¿Cinco? Ese tiempo no es mala suerte: es el resultado de un país que lleva más de 50 años sin lograr ordenar su propio territorio. En este episodio de Pongámonos Serios conversamos con Rafael Solís —arquitecto y desarrollador con más de 25 años en planificación urbana y proyectos para Walmart, Starbucks y la FIFA— para entender por qué Costa Rica creció como creció… y a quién le conviene que siga así. En este episodio: ▸ La Ley de Planificación Urbana de 1968 nació coja: 84 municipios autónomos y ningún hilo conductor nacional. ▸ La "cantonitis": feudos sin capacidad de ejecución, departamentos repetidos 84 veces y una Constitución que permite crear cantones… pero no unirlos. ▸ El cuello de botella del INVU: planes reguladores atrapados hasta dos años, y solo 43 de 84 cantones tienen uno. ▸ Ciudades vaciadas y periferia desbordada: cómo terminamos "desplazando miseria" en buses de 5 horas. ▸ Ciudad Gobierno: ¿más oficinas públicas o vivienda para repoblar San José? ▸ Medellín como espejo: urbanismo social, acupuntura urbana y Metrocable en una sociedad parecida a la nuestra. ▸ Los 141 puestos políticos que explican por qué esta reforma no va a salir de los políticos. El episodio termina con un compromiso: empezar a construir, desde la ciudadanía, la propuesta de reforma constitucional que le dé al país el ordenamiento que la política no ha querido darle. Porque aquí la resignación no es opción. Suscribite para no perderte los próximos episodios y dejanos en comentarios: ¿unirías cantones? ¿Cuáles?

La Caja Costarricense de Seguro Social administra más de $14.000 millones al año —más del doble de lo que factura Ferrari— y aun así el 50% de nuestros adultos mayores no tiene pensión y hay listas de espera de hasta 500 días. ¿Cómo llegamos aquí? En este episodio, Felipe Guevara desarma los mitos alrededor de la institución más importante del país y explica por qué el problema no es que "falte plata", sino cómo está diseñado y gobernado el sistema. En este episodio: Por qué la Caja cobra sobre "ingresos imaginarios" y cómo eso atrapa al trabajador independiente en un reino de inseguridad jurídica —con cobros retroactivos de hasta 15 años por servicios que ni se usaron.Cómo 9 personas que nadie conoce pueden subirte las cuotas —un impuesto de facto— sin pasar por la Asamblea Legislativa.La burocracia absurda que rechaza inscripciones patronales por una "visita sorpresa" fallida… en plena era del teletrabajo.Por qué "páguele a la Caja" es un discurso vacío si primero no exigimos rendición de cuentas.La bomba demográfica: natalidad en mínimos históricos + pirámide poblacional invertida = un régimen de pensiones insostenible.- La discusión de gobernanza que nadie quiere tener: ¿por qué la institución que mueve más plata que una automotriz de lujo se dirige sin requisitos ni expertos?- Dos reformas concretas y realizables desde ya: inscripción automática de contribuyentes y un nuevo sistema para designar la junta directiva.Esto no es un episodio para exterminar la Caja: es su opuesto. Es un llamado a examinarla con datos, porque es el pilar de la paz social y precisamente por eso merece que le exijamos cuentas. Pongámonos serios.

Mario Quirós vuelve a Pongámonos Serios para explicar lo que casi nadie quiere aceptar: el resultado electoral no fue un accidente ni un fenómeno de troles. Fue el cierre de un ciclo que empezó a agrietarse en 2002 y que nadie leyó a tiempo. Conversamos de temas clave como: Por qué el voto de 2014 fue por cambio y el de hoy es por ruptura — y por qué confundir las dos cosas explica el tamaño de la derrota.La hipótesis incómoda sobre el estilo del presidente: no es que a la gente le guste cómo dice las cosas, es que no las dice igual que los cuarenta años anteriores.Hay dos Costa Ricas y los números lo prueban: en el centro del país fue prácticamente un empate; fuera de él, treinta puntos de diferencia.Dos partidos saben exactamente qué están haciendo, tres están en crisis de identidad — y el que no tiene urgencia de ganar es el que va ganando.

Estrenamos la tercera temporada de Pongámonos Serios con Federico Villalobos para responder una pregunta incómoda: ¿por qué a Costa Rica le cuesta tanto construir infraestructura? Conversamos sobre la diferencia entre obra pública tradicional, asociaciones público-privadas (APP) y concesiones, y por qué en el país satanizamos el instrumento en lugar de arreglar la implementación. Repasamos casos concretos —Ruta 27, el Aeropuerto Juan Santamaría, el de Liberia, la terminal de Moín— y los incentivos que hacen que un contrato salga bien o mal por 20 años. También analizamos el rol del Consejo Nacional de Concesiones y del Ministerio de Hacienda, y el proyecto de ley (expediente 24.009) que busca crear la Agencia Nacional de Asociaciones Público-Privadas (ANAPP): sus promesas, sus riesgos y las alertas que deberíamos revisar antes de aprobarla. Un episodio de Primera Línea sobre cómo se diseña —y cómo se rompe— la infraestructura de un país. #Infraestructura #Concesiones #APP #CostaRica #Ruta27 #PrimeraLínea #PongámonosSerios #ANAPP #ObraPública #FedericoVillalobos

¿Sabías que el voto secreto, el divorcio civil, el tren al Atlántico, la electrificación de San José y la derrota de la anquilostomiasis ocurrieron mucho antes de 1948? Andrés Fernández — arquitecto, historiador y Premio Nacional de Gestión Cultural 2015 — explica los cien años de logros liberales que Liberación Nacional borró deliberadamente de los libros oficiales. Una conversación que reescribe lo que creías saber sobre cómo se construyó realmente Costa Rica.

En este episodio, nuestra fundadora y directora Laura Sauma toma la silla del entrevistado y nos cuenta sobre las iniciativas de datos y las dificultades a las que se enfrenta día a día con el fin de exponer la información que la ciudadanía requiere para tomar decisiones.

¿Por qué Costa Rica tiene más de 300 instituciones públicas, 300.000 funcionarios y un sistema que parece diseñado para premiar la ineficiencia?En este episodio de Pongámonos Serios, conversamos con Daniel Valverde —abogado especializado en derecho laboral y derechos humanos, socio legal y líder global en diversidad e inclusión— sobre la enfermedad detrás del síntoma: un Estado fragmentado que nunca logró cumplir el mandato constitucional del 49 de tener un régimen unificado de empleo público.En la conversación tocamos:- Cómo llegamos a un sistema donde un mismo puesto paga el doble o el triple según la institución- El origen histórico de los "pluses salariales" y por qué se desbordaron a partir de la crisis de los 80- Por qué despedir a un funcionario público es "como sacar un clavo sin cabeza con un martillo"- Las grietas de la Ley Marco de Empleo Público y la trampa del "exclusivo y excluyente"- El pulso entre MIDEPLAN, la Sala Constitucional, los sindicatos y las instituciones autónomas- Cómo el 45% del presupuesto del Estado se va solo en pagar intereses de la deuda- Qué nos enseña el "milagro irlandés" sobre concertación social- Si es posible reformar el sistema antes de tocar fondo —o si vamos a tener que estar "comiendo hormigas" para sentarnos a hablarUna conversación honesta sobre incentivos, instituciones y la incapacidad estructural de Costa Rica para tomarse en serio sus propios problemas.🔔 Suscríbete para más conversaciones que ponen los temas difíciles sobre la mesa.