Publicidad en podcasts en: Objetivo directo

La dimisión de Óscar Puente no agota la búsqueda de responsables por la tragedia de Urda, que se ha saldado con al menos 69 fallecimientos. La Fiscalía Europea ha abierto de oficio una investigación por un posible fraude en el uso de fondos comunitarios destinados a renovar y mejorar la seguridad de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Por este motivo, la UCO de la Guardia Civil se ha personado este viernes en las sedes de ADIF, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el Tribunal de Cuentas para recabar documentación. El episodio es de una gravedad extraordinaria. Y conviene poner el foco en una cifra: 77,5 millones de euros. Es el importe, sin IVA, de un contrato adjudicado a Thales para renovar los sistemas de señalización, comunicaciones e implantar el sistema europeo de protección ferroviaria ERTMS. La Fiscalía Europea quiere saber si los fondos comunitarios destinados a mejorar la seguridad de la línea Madrid-Sevilla se utilizaron realmente para aquello para lo que fueron concedidos. La pregunta es inevitable: ¿dónde ha ido a parar el dinero y qué se hizo —o se dejó de hacer— con él? Lo analizamos en Objetivo directo.

Batacazo de Donald Trump en las elecciones legislativas de medio mandato, las midterms en inglés. Los demócratas se han hecho con el control del Congreso, al lograr una mayoría clara tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. En esta última cámara clave para poner freno al presidente norteamericano, los demócratas han logrado cambiar el color de siete estados: Iowa, Ohio, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Kansas, Texas y Maine, algunos de ellos tradicionales bastiones republicanos. Así, los demócratas se han hecho con 54 representantes, superando los 51 necesarios para la mayoría. En la Cámara, los demócratas han ganado 255 escaños, una cómoda mayoría. Como anécdota, ha ganado el candidato demócrata en Michigan, Abdul El-Sayed, que se convierte en el primer senador musulmán de la historia de EEUU. El presidente ha justificado la debacle, se ha escudado en que los ciudadanos no han visto su nombre en las papeletas, pero aquí vamos a hacer un análisis serio de la situación. ¿Han castigado los republicanos la política internacional de Donald Trump, especialmente en la guerra en Irán, que ha depauperado la economía norteamericana? ¿Es sólo eso, la inflación, lo que explica este batacazo? ¿Es la falta de Trump en las papeletas o precisamente que el personaje está amortizado y se abre una sucesión en el Partido Republicano? ¿Qué supone esto de cara al futuro? Lo analizamos todo aquí en Objetivo directo.

Con el balance de 115 muertos en tan solo diez meses, Óscar Puente ha decidido este viernes comparecer en rueda de prensa para dar la cara sobre su gestión ferroviaria. No solo no ha aportado novedades ni explicaciones solventes, sino que ha insistido en la idea de que la tragedia de Urda fue provocada por un operario del centro de control. En este caso, un hombre de 48 años, con dos de experiencia y que lleva sirviendo en Atocha desde febrero. Filtrar los audios del técnico y del maquinista fallecido no era suficiente porque Puente ha puesto la guinda al pastel de la infamia diciendo que no va a dimitir porque quiere «ser responsable» y «dar la cara». En la España de Pedro Sánchez nadie asume responsabilidades. Esta semana se han cumplido tres meses de la invasión de Ceuta, dos años de la trágica riada que asoló el litoral valenciano y un año y medio del apagón. Episodios que se han saldado sin que se hayan depurado responsabilidades. Lo analizamos en Objetivo directo.

El Gobierno de Pedro Sánchez nos quiere vender que la culpa del accidente de Urda, que se ha saldado con al menos 69 muertos, fue de un operario que andaba despistado. El Gobierno de la gente quiere culpar a un pobre trabajador para salvar a Óscar Puente. Pero no va a colar. Las informaciones que hemos publicado en THE OBJECTIVE desmontan por completo el relato monclovita. En primer lugar, los fallos del sistema de señalización LZB —que deberían evitar este tipo de accidentes— son reiterados, y tienen efectos graves sobre la operatividad de las vías cuando ocurren, especialmente en el tramo Madrid-Andalucía, y cuando los trenes afectados son de Iryo. La compañía italiana lleva tiempo alertando a ADIF de que las caídas de ese sistema de seguridad afectan especialmente a sus trenes, ya que provocan una desconexión del sistema de seguridad embarcado y el sistema de vía. Eso deriva en que «el tren no se puede mover». En segundo lugar, el estado real de las vías es nefasto, como se demostró en Adamuz. Y en tercer lugar, los ordenadores encargados de la gestión del sistema LZB son del siglo pasado. La pregunta es obvia: ¿A dónde está yendo nuestro dinero? En un país que lleva varios años con récord de recaudación fiscal y que se ha beneficiado de cuantiosos fondos europeos postcovid, es inadmisible que los trenes funcionen peor que en el tercer mundo. Y de eso no tiene la culpa ningún operario concreto, sino el Gobierno encargado de administrar nuestros recursos. Lo analizamos en Objetivo directo.

España está de luto. Este miércoles,un choque entre dos trenes en Toledo se ha saldado con al menos 68 fallecidos y decenas de heridos. Una tragedia que se produce apenas nueve meses después del descarrilamiento de Adamuz en la misma línea Madrid-Andalucía, que se saldó con 46. En ambos casos, el Ministerio de Transportes y ADIF están en el centro de la cadena de fallos: en Adamuz, una fractura de carril en una soldadura defectuosa de la que ADIF tenía avisos previos y cuya investigación sigue parada; en Urda, el fallo del sistema de seguridad LZB seguido de una autorización «inexplicable» del centro de control de Atocha para que el AVE reanudara la marcha con señal en rojo y con el tren precedente parado. Este año, más de cien personas han muerto en España en trenes de alta velocidad. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha convertido en costumbre minimizar, retrasar responsabilidades y declarar que «el tren vive su mejor momento» mientras los retrasos y los cadáveres se acumulan. Se ha acostumbrado a reírse en la cara de las víctimas con bromas obscenas en televisión, a insultar a los usuarios de los trenes que le reprochan la depauperación del servicio y a hacerse la víctima cuando se le cantan las verdades del barquero. La negativa de Puente a dimitir, su insistencia en descargar el peso en un operario y la ausencia de reformas reales tras Adamuz demuestran que este Gobierno no asume la responsabilidad política que le corresponde. España no puede seguir confiando la seguridad de millones de viajeros a un ministerio que ha suprimido unidades de emergencias, que ha permitido que las investigaciones se eternicen, que ha purgado a los técnicos de ADIF y que responde a las tragedias con comunicados de consternación y excusas técnicas. Si este Gobierno es incapaz de garantizar que los trenes no se estrellen y los españoles no mueran, no merece seguir gobernando. Lo analizamos en Objetivo directo.

Partido Popular y Vox han alcanzado este lunes un pacto para concurrir al Senado. En reacción al acuerdo del PSOE con todo tipo de formaciones de extrema izquierda y nacionalistas, en una especie de Frente Popular 2.0., Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han decidido sumar fuerzas de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, en donde la mayoría de tres quintos en la Cámara Alta se antoja clave para poder renovar el Tribunal Constitucional, controlado por Cándido Conde-Pumpido. El acuerdo consiste en que Vox se retira en el Senado de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares a cambio de que el PP lleve a uno de sus tres candidatos a propuesta de los de Abascal. El Partido Popular, por otro lado, se retira del Senado en Tarragona, Gerona y Guipúzcoa. En otras 14 provincias, Vox sólo presentará un senador. Parece que los dos partidos de la oposición han entendido finalmente la gravedad de la situación que atraviesa España. ¿Será suficiente? ¿Respetarán la tregua durante la campaña? ¿Cómo ha reaccionado la izquierda? Lo analizamos en Objetivo directo.

Faltan 37 días para las elecciones generales del 29 de noviembre. Esas elecciones que nos van a sacar de dudas sobre qué puede más: las modernas técnicas de comunicación política o el peso de la realidad. Dicho de otra manera, si Sánchez conseguirá otra remontada o si, al final, la noche del 29 de noviembre, todos nos pondremos un poco taurinos para repetir aquello que dijo el torero: «Lo que no puede ser, no puede ser y, además, es imposible». El presidente del Gobierno cree que sí es posible. Considera que, importando de Argentina la estrategia kirchnerista, podrá remontar en las encuestas, ya sea para quedarse en el poder o para estar en disposición de plantear una oposición a cara de perro. Vimos el psicodrama social de la vivienda, estamos viendo la tensión en las manifestaciones callejeras y toda esa emocionalidad se complementa con estrategias puramente populistas que ya hemos visto en Sudamérica: el beso a su mujer, eslóganes copiados como «la fuerza de la gente» o «la fuerza del amor» y su aparición en Televisión Española con el uniforme de persona entrañable: camisa tejana, calzado cómodo y, esta vez, un perrito que canta. Con ese perrito de plástico en la mano, el presidente ha confesado que no lee THE OBJECTIVE porque no quiere amargarse la vida. Dice que prefiere que sea la Secretaría de Estado de Comunicación la que le cuente qué publicamos. Cinco años lleva THE OBJECTIVE sacando exclusivas de esas que modifican el panorama político y judicial. Este viernes, sin ir más lejos, la Fiscalía ha pedido investigar al expresidente Zapatero por un presunto delito de malversación relacionado con sus joyas. La Fiscalía confirma así la información que ya publicó en su momento este diario. La Fiscalía aprecia indicios de malversación en el caso de Zapatero, un delito que podría acarrear penas de cárcel. El juez Pedraz se planta y da 15 días al PSOE para que deje de poner excusas y entregue la información sobre los abogados a los que presuntamente pudo pagar para financiar a las cloacas. Y el Supremo da cinco días a Albares y Bolaños, bajo apercibimiento de consecuencias penales, para que entreguen el listado de los afectados por la ley de nietos que no pueden votar. Sánchez se pasea por los platós con un perrito de plástico, pregonando la fuerza del amor, pero la Justicia parece haberse cansado de tanto mareo y tanta malicia. Un podcast de THE OBJECTIVE

Imaginen cómo de burdo tenía que ser el recurso del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para que el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido, que siempre busca satisfacer a Pedro Sánchez, no haya podido aferrarse a ningún resquicio para admitirlo. La corte de garantías ha decidido este miércoles, por diez votos a dos, mantener la suspensión del derecho a voto a los que se hayan nacionalizado gracias a la ley de nietos. Lo hacen apenas dos días después de que un informe elaborado por los letrados de la institución considerase «prematuro» admitir el recurso, precisamente por el motivo que ahora aducen los juristas. Los dos únicos jueces que se han desmarcado han sido el exministro Juan Carlos Campo y el también progresista Ramón Sáez. La decisión es importante. THE OBJECTIVE ha publicado esta semana cómo se estaban nacionalizando a bisnietos en Latinoamérica, algunos de ellos incluso habiendo presentado su solicitud después del plazo establecido. ¿Habrá castigo penal a los cónsules y embajadores que se han saltado la ley? ¿Pagará Sofía Puente por la famosa instrucción que abarató la nacionalidad española de espaldas al Parlamento? ¿Está España a salvo del pucherazo? Lo analizamos en Objetivo directo. Un podcast de THE OBJECTIVE

Desde que se aprobó la Ley de Memoria Democrática, se está nacionalizando a todo quisque en Sudamérica. La instrucción de Sofía Puente permite a los hijos y nietos de cualquiera que saliera de España entre 1936 y 1955 ser español y votar en el país, sin necesidad de haber residido jamás en él. Una condición muy laxa que, para más inri, ni siquiera se cumple. Así lo ha demostrado THE OBJECTIVE con varios casos escandalosos: el más grave quizá es el de Felipe Salvador Ruiz de Velasco, mexicano de 93 años, hijo de padre y madre mexicanos, que se ha acogido a la ley de nietos alegando que su bisabuelo, nacido en Burgos en 1821 y fallecido en México en 1889, medio siglo antes del inicio de la Guerra Civil, era español. Lo más grave es que los funcionarios del Consulado General de Ciudad de México fueron obligados a nacionalizarlo por orden del embajador, pese a ser plenamente conscientes de que no cabía en la ley. Pese a que el Tribunal Supremo ha advertido de que estas personas deben ser excluidas del Censo Electoral de Residentes Ausentes, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido amparo al Tribunal Constitucional para que todos puedan votar.

El PSOE quería que se hablara de vivienda durante la campaña. Pero parece que ya no tanto. El tema que Pedro Sánchez convirtió en bandera electoral —el derecho a la vivienda frente a los «fondos buitre» y los grandes tenedores— se le ha vuelto en contra esta semana por las informaciones de THE OBJECTIVE, entre otras, sobre dos de sus dirigentes. Por un lado, la portavoz socialista Montse Mínguez, cuya pareja, Sergi Vélez, dirige Nest Capital, un 'holding' con al menos una treintena de pisos en alquiler, inversiones inmobiliarias de más de seis millones de euros y sociedades vinculadas a Panamá. Además, Vélez impulsó un proyecto de chalés de lujo en Costa Brava con 33 viviendas previstas en una cala natural, con tala de cientos de árboles y obras iniciadas sin licencia municipal. Todo ello mientras Mínguez defiende que «la vivienda es un derecho, no un negocio» y el PSOE carga contra los grandes tenedores. Por otro lado, hemos conocido que el ministro Óscar López, cuyo patrimonio declarado incluye varias viviendas, ordenó el pasado mes de enero que se procediera al desahucio de un inquilino de Muface que reside en la madrileña calle del Alcalde Sainz de Baranda, casualmente justo enfrente del piso de Maricarmen, el símbolo de la lucha por la vivienda. Todo esto sin olvidar que el 20% de los 121 diputados posee tres viviendas o más, y la mayoría obtiene rentas de alquiler. En plena precampaña del 29-N, la hipocresía de los socialistas amenaza con convertir la vivienda, la gran baza del PSOE, en una de sus principales flaquezas.

José Félix Tezanos lo ha vuelto a hacer. El último sondeo del CIS dispara al PSOE hasta el 34% en intención de voto mientras hunde al PP al 22%. Según Tezanos, Pedro Sánchez tendría fácil para revalidar el Gobierno junto a la extrema izquierda y a los partidos separatistas. De estos, los más beneficiados por la convocatoria electoral serían ERC y Bildu. La encuesta fue realizada entre el 1 y el 6 de octubre, por lo que se produjo tras el desahucio de Maricarmen Abascal y después de que el Congreso rechazara los dos decretos ley impulsados por el Ejecutivo. Según Tezanos, Sánchez capitalizaría el descontento por la crisis de vivienda que él mismo ha provocado con la inmigración masiva, la falta de construcción y la inseguridad jurídica que sus leyes han generado a los propietarios, tildados de «rentistas» por los socialistas. Unos socialistas que, según se ha ido publicando, no tienen precisamente problemas con la vivienda: el 20% de los 121 diputados posee tres viviendas o más, y la mayoría obtiene rentas de alquiler. El ejemplo es Montse Mínguez, que hace intervenciones parlamentarias muy encendidas contra los «grandes tenedores» y critica que la vivienda «sea un negocio», mientras su pareja, el empresario Sergi Vélez, lidera un entramado de empresas dedicado al negocio del ladrillo que aglutina 30 viviendas en alquiler y acumula un profuso historial de desahucios. Lo debatimos en Objetivo directo con Maite Rico, Sergio Barbosa, Carlos Dávila y Luca Constantini.

Este martes los Reyes de España visitan Ceuta, que sigue sufriendo las consecuencias de la entrada masiva de al menos 80.000 personas el 30 y 31 de julio pasados desde Marruecos. La visita real evidencia que la crisis está muy lejos de haber terminado. Ahí se encuentra 'in situ' el director de THE OBJECTIVE, Álvaro Nieto, que nos va a relatar cómo se encuentra la ciudad española tras la invasión de hace más de 75 días. Lo analizamos en Objetivo directo.

Alerta electoral en España por la limpieza de las generales del próximo 29 de noviembre. Tanto el voto por correo como el voto exterior, el conocido como voto CERA, plantean dudas razonables en la oposición. La Fiscalía, que depende de Pedro Sánchez, ha pedido este viernes al Tribunal Supremo que levante la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos'. Esto es, que abra las puertas a que voten cientos de miles de beneficiados por la polémica instrucción de Sofía Puente, que considera que cualquier persona que abandonó España entre 1936 y 1955 es exiliada política, y que sus descendientes deben votar el próximo mes, a pesar de que el Alto Tribunal considera que su inclusión supone «un peligro fundado, real y serio» de afectar a la objetividad del proceso. Por este motivo, Iustitia Europa ha pedido que se suspendan las elecciones generales, alegando que no se pueden celebrar comicios hasta identificar a las personas beneficiadas de la instrucción de Sofía Puente y que estas sean expulsadas del censo. PP y Vox también andan mosca: han llamado a sus electores a votar de manera presencial, alegando posibles adulteraciones del censo y la falta de garantías en Correos. ¿Está garantizada la limpieza electoral? ¿Es seguro el voto por correo? ¿Pretende el Gobierno dar un pucherazo con la ley de nietos? ¿Se deben celebrar elecciones generales en estas condiciones? Lo debatimos en Objetivo directo.

Parecía que la precampaña iba por aquí, pero va por allá. Pedro Sánchez convocó elecciones anticipadas con la intención de capitalizar él el descontento por la crisis de vivienda y, sobre todo, de anticiparse a la imputación del PSOE como persona física y paralizar todas las causas judiciales que le cercan. Sin embargo, la precampaña empieza movidita, salpicando de corrupción a los socialistas. Este miércoles, sin ir más lejos, el juez Escribano, que investiga el rescate de Air Europa, ha citado a declarar a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, para que explique su papel en el rescate a la aerolínea la misma semana de las elecciones. Además, y esto es lo más gordo, la UCO ha confirmado que la trama Leire Díez, urdida en Ferraz, acosó y amenazó a Beatriz Biedma, la juez de Badajoz que investigó a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. Lo analizamos en Objetivo directo.

Contra todo pronóstico, tras su incapacidad para aprobar sus tan ansiados decretos de vivienda, Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales anticipadas. Los españoles están llamados a las urnas el próximo 29 de noviembre. Si todos los pronósticos se cumplen, Sánchez abandonará la Presidencia del Gobierno después de ocho años marcados por la corrupción, la depauperación económica, la carestía de vivienda, la inmigración masiva y el deterioro institucional. La gran pregunta es por qué ha convocado elecciones anticipadas. Puede haber varias explicaciones. En primer lugar, el PSOE iba a ser imputado de manera inminente por financiación irregular y/o caso cloacas. Esta es su ventana de oportunidad para paralizar ambas causas, presentar al partido algo 'aseado', y pillar a contrapié a su izquierda, que Pedro Sánchez quiere aglutinar en torno a su figura. Conviene, por tanto, no darle por muerto. El artículo 39.1 de la LOREG establece que el censo para una elección es el cerrado el día primero del segundo mes anterior a la convocatoria. Esto es, que el censo para el 29-N es el cerrado a 1 de agosto, antes de que el Supremo paralizara la 'ley de nietos'. Además, la semana del 29 de noviembre pensionistas y funcionarios cobran la paga extra de diciembre.