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Imaginen cómo de burdo tenía que ser el recurso del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para que el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido, que siempre busca satisfacer a Pedro Sánchez, no haya podido aferrarse a ningún resquicio para admitirlo. La corte de garantías ha decidido este miércoles, por diez votos a dos, mantener la suspensión del derecho a voto a los que se hayan nacionalizado gracias a la ley de nietos. Lo hacen apenas dos días después de que un informe elaborado por los letrados de la institución considerase «prematuro» admitir el recurso, precisamente por el motivo que ahora aducen los juristas. Los dos únicos jueces que se han desmarcado han sido el exministro Juan Carlos Campo y el también progresista Ramón Sáez. La decisión es importante. THE OBJECTIVE ha publicado esta semana cómo se estaban nacionalizando a bisnietos en Latinoamérica, algunos de ellos incluso habiendo presentado su solicitud después del plazo establecido. ¿Habrá castigo penal a los cónsules y embajadores que se han saltado la ley? ¿Pagará Sofía Puente por la famosa instrucción que abarató la nacionalidad española de espaldas al Parlamento? ¿Está España a salvo del pucherazo? Lo analizamos en Objetivo directo. Un podcast de THE OBJECTIVE

Desde que se aprobó la Ley de Memoria Democrática, se está nacionalizando a todo quisque en Sudamérica. La instrucción de Sofía Puente permite a los hijos y nietos de cualquiera que saliera de España entre 1936 y 1955 ser español y votar en el país, sin necesidad de haber residido jamás en él. Una condición muy laxa que, para más inri, ni siquiera se cumple. Así lo ha demostrado THE OBJECTIVE con varios casos escandalosos: el más grave quizá es el de Felipe Salvador Ruiz de Velasco, mexicano de 93 años, hijo de padre y madre mexicanos, que se ha acogido a la ley de nietos alegando que su bisabuelo, nacido en Burgos en 1821 y fallecido en México en 1889, medio siglo antes del inicio de la Guerra Civil, era español. Lo más grave es que los funcionarios del Consulado General de Ciudad de México fueron obligados a nacionalizarlo por orden del embajador, pese a ser plenamente conscientes de que no cabía en la ley. Pese a que el Tribunal Supremo ha advertido de que estas personas deben ser excluidas del Censo Electoral de Residentes Ausentes, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido amparo al Tribunal Constitucional para que todos puedan votar.

El PSOE quería que se hablara de vivienda durante la campaña. Pero parece que ya no tanto. El tema que Pedro Sánchez convirtió en bandera electoral —el derecho a la vivienda frente a los «fondos buitre» y los grandes tenedores— se le ha vuelto en contra esta semana por las informaciones de THE OBJECTIVE, entre otras, sobre dos de sus dirigentes. Por un lado, la portavoz socialista Montse Mínguez, cuya pareja, Sergi Vélez, dirige Nest Capital, un 'holding' con al menos una treintena de pisos en alquiler, inversiones inmobiliarias de más de seis millones de euros y sociedades vinculadas a Panamá. Además, Vélez impulsó un proyecto de chalés de lujo en Costa Brava con 33 viviendas previstas en una cala natural, con tala de cientos de árboles y obras iniciadas sin licencia municipal. Todo ello mientras Mínguez defiende que «la vivienda es un derecho, no un negocio» y el PSOE carga contra los grandes tenedores. Por otro lado, hemos conocido que el ministro Óscar López, cuyo patrimonio declarado incluye varias viviendas, ordenó el pasado mes de enero que se procediera al desahucio de un inquilino de Muface que reside en la madrileña calle del Alcalde Sainz de Baranda, casualmente justo enfrente del piso de Maricarmen, el símbolo de la lucha por la vivienda. Todo esto sin olvidar que el 20% de los 121 diputados posee tres viviendas o más, y la mayoría obtiene rentas de alquiler. En plena precampaña del 29-N, la hipocresía de los socialistas amenaza con convertir la vivienda, la gran baza del PSOE, en una de sus principales flaquezas.

José Félix Tezanos lo ha vuelto a hacer. El último sondeo del CIS dispara al PSOE hasta el 34% en intención de voto mientras hunde al PP al 22%. Según Tezanos, Pedro Sánchez tendría fácil para revalidar el Gobierno junto a la extrema izquierda y a los partidos separatistas. De estos, los más beneficiados por la convocatoria electoral serían ERC y Bildu. La encuesta fue realizada entre el 1 y el 6 de octubre, por lo que se produjo tras el desahucio de Maricarmen Abascal y después de que el Congreso rechazara los dos decretos ley impulsados por el Ejecutivo. Según Tezanos, Sánchez capitalizaría el descontento por la crisis de vivienda que él mismo ha provocado con la inmigración masiva, la falta de construcción y la inseguridad jurídica que sus leyes han generado a los propietarios, tildados de «rentistas» por los socialistas. Unos socialistas que, según se ha ido publicando, no tienen precisamente problemas con la vivienda: el 20% de los 121 diputados posee tres viviendas o más, y la mayoría obtiene rentas de alquiler. El ejemplo es Montse Mínguez, que hace intervenciones parlamentarias muy encendidas contra los «grandes tenedores» y critica que la vivienda «sea un negocio», mientras su pareja, el empresario Sergi Vélez, lidera un entramado de empresas dedicado al negocio del ladrillo que aglutina 30 viviendas en alquiler y acumula un profuso historial de desahucios. Lo debatimos en Objetivo directo con Maite Rico, Sergio Barbosa, Carlos Dávila y Luca Constantini.

Este martes los Reyes de España visitan Ceuta, que sigue sufriendo las consecuencias de la entrada masiva de al menos 80.000 personas el 30 y 31 de julio pasados desde Marruecos. La visita real evidencia que la crisis está muy lejos de haber terminado. Ahí se encuentra 'in situ' el director de THE OBJECTIVE, Álvaro Nieto, que nos va a relatar cómo se encuentra la ciudad española tras la invasión de hace más de 75 días. Lo analizamos en Objetivo directo.

Alerta electoral en España por la limpieza de las generales del próximo 29 de noviembre. Tanto el voto por correo como el voto exterior, el conocido como voto CERA, plantean dudas razonables en la oposición. La Fiscalía, que depende de Pedro Sánchez, ha pedido este viernes al Tribunal Supremo que levante la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos'. Esto es, que abra las puertas a que voten cientos de miles de beneficiados por la polémica instrucción de Sofía Puente, que considera que cualquier persona que abandonó España entre 1936 y 1955 es exiliada política, y que sus descendientes deben votar el próximo mes, a pesar de que el Alto Tribunal considera que su inclusión supone «un peligro fundado, real y serio» de afectar a la objetividad del proceso. Por este motivo, Iustitia Europa ha pedido que se suspendan las elecciones generales, alegando que no se pueden celebrar comicios hasta identificar a las personas beneficiadas de la instrucción de Sofía Puente y que estas sean expulsadas del censo. PP y Vox también andan mosca: han llamado a sus electores a votar de manera presencial, alegando posibles adulteraciones del censo y la falta de garantías en Correos. ¿Está garantizada la limpieza electoral? ¿Es seguro el voto por correo? ¿Pretende el Gobierno dar un pucherazo con la ley de nietos? ¿Se deben celebrar elecciones generales en estas condiciones? Lo debatimos en Objetivo directo.

Parecía que la precampaña iba por aquí, pero va por allá. Pedro Sánchez convocó elecciones anticipadas con la intención de capitalizar él el descontento por la crisis de vivienda y, sobre todo, de anticiparse a la imputación del PSOE como persona física y paralizar todas las causas judiciales que le cercan. Sin embargo, la precampaña empieza movidita, salpicando de corrupción a los socialistas. Este miércoles, sin ir más lejos, el juez Escribano, que investiga el rescate de Air Europa, ha citado a declarar a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, para que explique su papel en el rescate a la aerolínea la misma semana de las elecciones. Además, y esto es lo más gordo, la UCO ha confirmado que la trama Leire Díez, urdida en Ferraz, acosó y amenazó a Beatriz Biedma, la juez de Badajoz que investigó a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. Lo analizamos en Objetivo directo.

Contra todo pronóstico, tras su incapacidad para aprobar sus tan ansiados decretos de vivienda, Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales anticipadas. Los españoles están llamados a las urnas el próximo 29 de noviembre. Si todos los pronósticos se cumplen, Sánchez abandonará la Presidencia del Gobierno después de ocho años marcados por la corrupción, la depauperación económica, la carestía de vivienda, la inmigración masiva y el deterioro institucional. La gran pregunta es por qué ha convocado elecciones anticipadas. Puede haber varias explicaciones. En primer lugar, el PSOE iba a ser imputado de manera inminente por financiación irregular y/o caso cloacas. Esta es su ventana de oportunidad para paralizar ambas causas, presentar al partido algo 'aseado', y pillar a contrapié a su izquierda, que Pedro Sánchez quiere aglutinar en torno a su figura. Conviene, por tanto, no darle por muerto. El artículo 39.1 de la LOREG establece que el censo para una elección es el cerrado el día primero del segundo mes anterior a la convocatoria. Esto es, que el censo para el 29-N es el cerrado a 1 de agosto, antes de que el Supremo paralizara la 'ley de nietos'. Además, la semana del 29 de noviembre pensionistas y funcionarios cobran la paga extra de diciembre.

Este viernes de octubre, el Congreso de los Diputados ha tumbado los dos decretos sobre la vivienda con los que Pedro Sánchez trató de recuperar la iniciativa política y sacudirse el desgaste por la crisis de Ceuta. El Gobierno de las mil vidas, el Gobierno que nunca dimite, creyó que el desahucio de una anciana en el centro de Madrid podía ser la palanca para reconciliarse con su electorado natural y, de paso, con los socios que le habían dejado en un limbo legislativo. Sin embargo, toda la catarsis callejera (que la propia Moncloa ha alentado estos días) se le ha vuelto en contra. Junts, el partido del fugado Puigdemont, no ha querido transigir con los decretos de vivienda que hostigaban a los propietarios y los ha tumbado con sus famosos siete votos. Los mismos que le sirvieron a Sánchez para poner en marcha una legislatura que jamás debió comenzar, con una mayoría parlamentaria que jamás debería haber presumido de ser mayoría y que jamás debió presumir de ser progresista. Muchos parecen haber descubierto hoy que Junts es un partido de derechas. Sánchez está acorralado por la corrupción y ni la catarsis social que han buscado alimentar con el problema de la vivienda les ha servido para volver a traccionar en el ámbito legislativo. El presidente del Gobierno, el hombre de los mil golpes, ha recibido el peor de ellos: Puigdemont, al que está a punto de amnistiar, no ha salido a su rescate cuando más lo necesitaba. Ahora, otra vez, Sánchez hará de la necesidad virtud, y tratará de demonizar a la derecha, pero el golpe es tan grande que su entorno ha anunciado que se va a tomar el fin de semana para decidir si adelanta las elecciones. Ya se encerró cinco días en Moncloa cuando supo que investigaban a su mujer. Aquello fue un paripé para volver a la carga con la teoría de la máquina del fango y las andanzas de Leire Díez. Este viernes de octubre será un día recordado, porque Sánchez ha anunciado su segunda reflexión. Lo analizamos en Objetivo directo con Sergio Barbosa, Fran Serrato, Rocío Regidor, Esperanza Aguirre, Carlos Dávila y Benito Arruñada.

Atención a lo que ha publicado este miércoles el Gobierno de PSOE y Sumar en el Boletín Oficial del Estado: «Mari Carmen Abascal no es sólo un número. Es una mujer vulnerable de 87 años, víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura y de la especulación más voraz». Así es la exposición de motivos del nuevo decreto de vivienda, el conocido como 'decreto Maricarmen', que cambia las reglas del juego para propietarios, inquilinos y administraciones públicas. Y las cambia para mal. Entre las medidas más polémicas está la prohibición de los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030 a las personas que se declaren en situación de vulnerabilidad, lo que podría disparar la inquiokupación, o la prohibición de la compra de inmuebles por parte de «fondos buitre» por debajo del 70% del valor de mercado. Pero hay más. El segundo decreto de vivienda, que será publicado este jueves, obliga a los caseros a indemnizar con al menos 12 mensualidades de renta a los inquilinos cuando decidan no prorrogar sus contratos. Lo analizamos en Objetivo directo.

La izquierda trata de resucitar el 15-M tras el desahucio de Maricarmen. La acampada en la Puerta del Sol, frente a la sede de la Comunidad de Madrid, no parece un brote espontáneo de indignación ciudadana, sino un intento calculado de reactivar a la izquierda antes de las próximas elecciones generales, en las que esta se juega su futuro, utilizando la principal preocupación ciudadana y buscando blanquear sus responsabilidades. Es un movimiento del todo paradójico, pues es la izquierda quien lleva ocho años en el poder y ha provocado una carestía de vivienda que pretende revertir insistiendo en las mismas políticas que han llevado hasta esa carestía. No hablan de falta de construcción, de trabas regulatorias ni de inmigración masiva, sino de fondos buitre y rentistas, y preparan un decreto contra los desahucios que a la extrema izquierda le sabe a poco: piden, directamente, expropiaciones. Este movimiento de indignación no es espontáneo, sino que parece pastoreado por los mismos que han provocado esta crisis de vivienda. No moviliza ya a la juventud; basta con ver el perfil de quienes acampan, que peinan ya canas. Y está siendo utilizado por los que se lucraron políticamente del 15-M y no cambiaron nada, más allá de las cifras de su cuenta corriente. ¿Cuánto durará? ¿Qué alumbrará? ¿Fracasará? ¿Se le volverá en contra a la izquierda? Lo analizamos en Objetivo directo.

Maricarmen tuvo en vida dos lujos que un joven español nunca tendrá: una pensión generosa y 70 años de un alquiler regalado en el centro de Madrid gracias a una ley de Franco. Terminó desahuciada por una ley socialista en la segunda legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez, la de la vivienda, y rechazando las alternativas que le ofrecía la Comunidad de Madrid. Pero la izquierda ha encontrado en ella una mártir de los fondos buitre y una musa a la que dedicar poemas cursis de Rafael Alberti. La película que algunos se han montado con su caso emocionaría a Steven Spielberg. Pero la película nos deparaba un interesante giro de guion este viernes: ella ha echado la culpa a Pedro Sánchez, achacándole que no hace nada por impedir los desahucios, y Urbagestión, la compañía propietaria del piso, ha trasladado al Ayuntamiento de Madrid una propuesta de urgencia para que la mujer de 87 años vuelva al piso. Fin de la película. Ahora ya podemos ir a lo importante: ¿A qué se debe la atención que ha atraído el caso Maricarmen? ¿Estamos ante una operación psicológica para desviar el foco de atención de Ceuta, Zapatero y Begoña? ¿Para canalizar el descontento por la carestía de vivienda a los fondos buitre, y no a la falta de construcción, por ejemplo? ¿Un caso fabricado para justificar un nuevo decreto contra los desahucios? ¿Está la izquierda calentando las calles para 2027? O quizá todo lo anterior. Bienvenidos a Objetivo directo. Un podcast de THE OBJECTIVE

Prometió que tardaría una semana, pero José Luis Rodríguez Zapatero ha tardado cuatro meses en justificar la procedencia de las joyas que la UDEF encontró en una caja fuerte de su despacho en Ferraz. Este miércoles, el expresidente ha entregado al juez Calama la explicación por escrito, arguyendo que se las regaló el rey Abdalá de Arabia Saudí, ya fallecido, el 18 y 19 de junio de 2007, en Moncloa, como «obsequio estrictamente personal». Le ha endosado el muerto al muerto. Zapatero dice que nunca tuvo «conciencia de su valor material», y pide una comisión rogatoria a Riad para que la Corte saudí lo confirme. Este miércoles también publicamos en THE OBJECTIVE que otra parte del lote no es saudí: Mohamed VI le entregó tres collares en Oujda en 2008, tasados en 8.200 euros. El montante total, recordemos, asciende a 1,3 millones de euros. El juez, mientras tanto, ha encargado un segundo peritaje a Yanes y Hacienda sigue personada. Sea cual sea el valor final, la pregunta sigue siendo por qué un expresidente guarda joyas preciosas en su despacho, sin declarar, y por qué tarda 126 días en aclarar de dónde proceden. Intentaremos responderlas aquí, en Objetivo directo. Un podcast de THE OBJECTIVE.

Arranca el curso judicial, y con él la peor pesadilla para el PSOE, cercado por numerosos casos judiciales. Este mismo lunes, el juez Peinado ha abierto juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. También ha enviado al banquillo a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, en su caso solo por el segundo delito. El magistrado descarta imponer cautelares y ordena investigar la capacidad económica de la esposa del presidente del Gobierno. La decisión llega después de haber conseguido el aval de la Audiencia Provincial de Madrid para procesar a la mujer de Pedro Sánchez. La acusación popular, dirigida por Hazte Oír, solicita 13 años de prisión, mientras que la Fiscalía y las defensas piden la absolución. De manera paralela, el juez Calama ha dado tres días de plazo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para que aporte «toda la documentación que se encuentre en su poder» respecto a las joyas halladas en su oficina el pasado 19 de mayo. El magistrado también ha encargado un informe pericial sobre las piedras preciosas. Además, ha citado a declarar a las hijas del expresidente del Gobierno como investigadas el próximo 30 de noviembre. Todo esto es solo el principio. La primera imputación del PSOE está al caer. Solo queda por saber si será por financiación irregular o por su implicación directa en la financiación de las cloacas socialistas, confeccionadas para que Leire Díez extorsionara a jueces y torpedeara sus investigaciones judiciales. Septiembre y octubre serán calentitos. Bienvenidos a OD. Un podcast de THE OBJECTIVE

El Gobierno estaba avisado por los servicios de inteligencia de que Ceuta iba a ser invadida. Esa es la conclusión a la que podemos llegar este miércoles tras conocer los documentos desclasificados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Estos muestran cómo el Centro Nacional de Inteligencia lanzó varios avisos en los días previos a la Delegación del Gobierno, Policía, Guardia Civil, y hasta a la Inteligencia marroquí. Lo sabían todos. Pero el que queda más señalado es el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha estado repitiendo durante semanas que no hubo «ningún informe» ni aviso de «nada parecido» a lo del 30 de julio. Pues bien: el 29 de julio, a las 13:52, un agente escribió a la Delegación del Gobierno en Ceuta alertando de llamamientos en redes para un «asalto por valla y mar» al día siguiente, coincidiendo con la Fiesta del Trono, y dijo textualmente: «Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Para que te hagas a la idea del alcance de la difusión». Si eso no es un aviso contundente, que baje Dios y lo vea… Las excusas, las mentiras, del Gobierno cada vez duran menos. Este mismo miércoles, Pedro Sánchez eludía la autocrítica por la invasión y señalaba a los servicios de inteligencia por ser lo «suficientemente sofisticada para que podamos ver en el mundo digital cómo se pueden producir estos movimientos tan importantes». Lo analizamos en Objetivo directo con Carlos Dávila, Sergio Barbosa, Teresa Gómez, Antonio Rodríguez y Pablo Muñoz.